Nuevo acuerdo de paz en Colombia

El apoyo incondicional de la comunidad internacional al gobierno colombiano en su proceso de paz con las FARC, que simboliza bien el Nobel de la Paz que recogerá el presidente Juan Manuel Santos a finales de diciembre, contrasta con el escepticismo o el abierto rechazo al pacto de parte de la población colombiana, como quedó de manifiesto en la victoria del no en el referéndum sobre el acuerdo. Perplejos como estamos aún con el triunfo de Donald Trump en las elecciones estadounidenses, no han faltado comparaciones entre la sorprendente victoria del millonario machista en los comicios y el voto en contra del acuerdo de paz en Colombia. Las distancias son inmensas, pero en ambos casos el voto del electorado ha pillado a analistas y opinión pública (o publicada, más bien) con el pie cambiado. 


Ayer, el gobierno colombiano y las FARC firmaron un nuevo acuerdo que, según el ejecutivo de aquel país, incorpora muchas de las reclamaciones de los partidarios del no. Álvaro Uribe, expresidente colombiano y principal promotor del no, parece seguir sin apoyar este segundo pacto, que en lugar de ser sometido a referéndum pasará esta vez directamente al Parlamento, donde deberá ser ratificado. No estaba ni está obligado el gobierno colombiano a llevar a una consulta este acuerdo. Decidió hacerlo, con buen criterio, por la trascendencia de lo pactado. Que, ante un resultado inesperado, ahora, en principio, no vayan a volver a preguntar a los ciudadanos sobre el acuerdo puede generar más polémica en aquel país. 

Al parecer, el segundo acuerdo incluye cambios, pero no varía dos de las principales reclamaciones de los defensores del no en el referéndum: que los miembros de las FARC vayan a prisión sin excepciones y que no puedan presentar a las elecciones. El pacto, de gran hondura y enorme generosidad, facilitaba el acceso a la vida política de las FARC, pues la idea central del acuerdo, en el que el gobierno de Santos se lo ha jugado todo, es que los miembros de la guerrilla puedan seguir defendiendo sus propuestas políticas, pero alejados de la violencia. También se ha incluido, como se pedía, que la guerrilla aporte dinero para las víctimas. Ese dinero es ilícito, pues todas las actividades que sostenían económicamente a las FARC (en especial, el narcotráfico) lo eran. Es parte de la complejidad de este asunto, tan delicado, tan difícil de entender, tan duro. 

Desconocía la firme oposición de la Iglesia al acuerdo. No porque le parezca que es injusto que se den facilidades a los guerilleros para acceder a la política. No por solidaridad con las víctimas. No. Por la inclusión en el pacto de la "ideología de género", que para la Iglesia es algo demoníaco, mucho peor que el narcotráfico o los secuestros. En el acuerdo inicial se incluye una mención expresa a la igualdad entre hombres y mujeres, y a la igualdad entre todas las personas al margen de cual sea su orientación sexual. Demasiado abierto para la Iglesia. Demasiado moderno. Demasiado del siglo XXI. El artículo 82 del acuerdo se compromete a que "hombres, mujeres, homosexuales, heterosexuales y personas con identidad diversa participen y se beneficien en igualdad de condiciones" de lo acordado. 

Fundamentalmente, esta mención se incluyó para asegurar que la víctimas de violaciones tengan un reconocimiento especial, que no queden impunes los delitos cometidos contra ellas. Pero la Iglesia ha echado espumarajos por la boca. Qué es esto de promover la igualdad real entre hombres y mujeres. Dónde vamos a llegar. Lo que persigue el acuerdo es que no haya amnistía para las violaciones a mujeres. A la Iglesia, al parecer, le parece espantoso. Y fue la Iglesia uno de los pilares de la campaña del no en en referéndum. Por esta falacia de la ideología de género. Una actitud miserable y dogmática que prefiere que no haya acuerdo de paz antes que aceptar menciones del siglo XXI que busquen la igualdad de las mujeres. Repugnante. 

Pero, además de esta visión trasnochada y dañina para la sociedad de la Iglesia colombiana, fueron otras las razones que llevaron a muchos colombianos a votar en contra del primer acuerdo. Está por ver si sus recelos ante el pacto se disipan con este segundo acuerdo o no. Gran parte de responsabilidad en la aceptación del mismo tendrá el expresidente Uribe, hace no tanto, íntimo de Santos, y ahora abiertamente enfrentado al que fue su ministro

Estamos lejos y carecemos de muchas claves para analizar la labor del gobierno colombiano en este proceso de paz. Comprendemos, porque en España se ha vivido de cerca, el inmenso dolor de las víctimas. Pero resulta difícil criticar a Santos, que sometió a referéndum, cuando no estaba obligado a ello, el primer acuerdo y que, tras el no, se ha reunido reiteradamente con los defensores del no, que ha consultado con ellos cada nueva petición a las FARC, y que acepta que este nuevo acuerdo es mejor que el primero. "Este acuerdo, renovado, ajustado, precisado y aclarado debe unirnos, no dividirnos", declaró ayer el presidente colombiano. Entre los cambios introducidos al pacto hay una defensa más contundente de la propiedad privada y, sí, una nueva redacción de lo relativo a la igualdad de género, porque la Iglesia evangélica y protestante había hecho una campaña brutal contra este punto, al entender que se privilegiaba a los pervertidos miembros de la comunidad LGTB. Increíble pero cierto. Los próximos días serán decisivos para saber si esta segunda versión del pacto sirve a sus críticos y si se puede abrir en Colombia, al fin, un tiempo de paz tras tantas décadas de muerte y dolor. 

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