Cuando Alfonso Alonso, entonces portavoz del PP en el Congreso, fue nombrado ministro de Sanidad, se contó que su misión era darle un perfil social al gobierno, lo que suponía reconocer de forma poco velada la nula sensibilidad del ejecutivo. Con el paso del tiempo estamos comprobando que la misión de Alonso es enmendar la labor del gobierno en su área. Inspira cierta ternura, derivada del patetismo, este empeño del gobierno por desmarcarse de lo que hizo. El último ejemplo, la rectificación electoralista (pero bienvenida sea, en todo caso) con respecto a la atención sanitaria a las personas inmigrantes que no tienen regularizada su situación en España. De repente, el gobierno se da cuenta que aquella mezquina decisión que tomó de impedir a estas personas el acceso a la sanidad, salvo en casos muy concretos de mujeres embarazadas o bebés y sólo para cierto tipo de enfermedades, con el nauseabundo propósito de ahorrar a costa de la salud de seres humanos, fue un error.
Es cierto que el reto de Alonso es quizá el menos complejo de cuanto se han visto en la historia reciente de la política española: superar a la incompetencia y vacuidad de su antecesora en el puesto, Ana Mato. No pondré en duda la capacidad del señor Alonso, pero realmente tenía el listón muy bajo. Su llegada al ministerio de Sanidad coincide con la parte final de la legislatura, ese periodo en el que el gobierno de turno se dedica a quedar bien con aquellos con los que fue injusto, a moderar sus medidas más impopulares y a prometer que cambiará aquello que hizo mal, sin decirlo así, claro. El ejemplo más evidente es el de la atención a los inmigrantes irregulares. Dice Rajoy que es una medida razonable devolverles la asistencia. Como si el retirársela hubiera sido algo que cayó del cielo, una maldición divina contra la que su gobierno nada pudo hacer entonces.
Tengo para mí que esta rectificación, esta enmienda a sí mismo del gobierno, no es un sólo un intento de darle la piela la labor del gobierno que según el filósofo Floriano le ha faltado al ejecutivo, sino que busca claramente dos fines electoralistas: rebajar la evidente falta de sensibilidad social del gobierno y, de paso, poner en apuro a Ciudadanos, el partido emergente que más votos le puede quitar al PP. De largo, el punto más oscuro de las propuestas de Ciudadanos es, precisamente, mantener la inhumana ley que aprobó el PP y de la que ahora reniega de no conceder a una persona sin papeles atención sanitaria salvo en casos de urgencias. Una medida que, en la práctica, y metidos ya en el retorcido planteamiento del que sirvió el gobierno para aprobarla, no ahorra dinero y en cambio colapsa las urgencias de los hospitales.
Incomprensiblemente, un partido que se dice de centro izquierda, o se decía, porque debe de ser algo muy extendido en las nuevas formaciones eso de mojarse lo justo, defiende que no se atienda a un inmigrante con cáncer, por ejemplo. Su líder, Albert Rivera, lo hace además con total descaro, sin el menor atisbo de remordimiento. Toda la oposición, incluido Podemos, firmó a favor de derogar esta repugnante medida del gobierno. Toda menos Ciudadanos. Con esta electoralista rectificación del PP, la formación de Albert Rivera queda como el único partido nacional que defiende que se pueda dejar morir a un inmigrante con una enfermedad grave y si quiere sanidad, que encuentre trabajo.
De vuelta a la acción del gobierno, es llamativo cómo el PP empieza a darse cuenta de que la recuperación económica que muestran los datos macroeconómicos no llega aún a los ciudadanos. Básicamente, porque muchos de esos datos, pongamos la creación de empleo, se sustentan en la precariedad laboral. Los ciudadanos no han sufrido porque este o aquel dato fuera negativo y ahora no se sentirán aliviados por lo contrario. Los ciudadanos sufren porque han perdido el empleo y ahora, si han tenido suerte, trabajan a tiempo parcial cobrando una miseria. Porque han perdido sus casas. Porque viven de la menguante pensión de la abuela de la casa. Todo eso no cambia porque las instituciones internacionales pronostiquen ahora que España crecerá por encima del 2% este año. La crisis acabará cuando los ciudadanos así lo sientan y no hace falta más que darse una vuelta por cualquier ciudad española para constatar que eso no ocurre.
Así que ahora, cuando ya está terminando la legislatura, el gobierno se da cuenta de que sus recortes sociales han causado daño a los ciudadanos. Ahora descubren que es necesario tener sensibilidad social, que no cualquier cosa valía para reducir el déficit y cuadrar las cuentas, que meter la tijera en partidas sociales tiene consecuencias, porque los ciudadanos entienden que ámbitos como la sanidad o la educación deberían ser intocables. Se dijo hace una semanas que el gobierno incluso estaba preparando una bajada del IVA cultural del 21% actual, el más alto de Europa. Fíjense cómo estará la cosa y cuán cerca se encuentran ya las elecciones que el ejecutivo estaría incluso dispuesto a aparcar su visceral desprecio a la cultura.
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