El gobierno planea cambiar la ley electoral para que el alcalde de una localidad sea el cabeza de lista del partido más votado. Pretende hacerlo a nueve meses de las elecciones locales del próximo año y, no nos engañemos, empujado por el temor a perder importantes alcaldías. Es decir, el gobierno planea una reforma sobre las reglas del juego apresurada, sin contar con nadie y movido por un interés partidista. Cuando algo así sucede en países extranjeros, en especial de América Latina, hablamos de cacicada o pucherazo. En esos casos decimos, con evidente razón en estos casos, que las reformas de la ley electoral o de la constitución a escasos meses de unas elecciones es una medida poco democrática. Porque lo es. Hablamos de república bananera, de democracia imperfecta, de tics autoritarios. Al margen de que no pocas veces defendemos esa opinión desde una postura prepotente y egocéntrica, mirando a esos países por debajo del hombro, creyéndonos referentes de democracia frente a unos países atrasados, lo cierto es que esa crítica es razonable. Porque, en efecto, cambiar la ley electoral a pocos meses de unas elecciones con clara intención de proteger los intereses del partido del gobierno es un pucherazo en toda regla. Pues bien, exactamente eso es lo que pretende hacer el gobierno si perpetra esta reforma electoral.
Naturalmente, anunciar a los ciudadanos que se quiere cambiar la ley para salvaguardar los intereses del partido del gobierno quedaría feo. No sé si tan feo como tomar a los ciudadanos por tontos, que es lo que hace el ejecutivo al lanzar esta propuesta como una reforma de "regeneración democrática, pero sí muy feo. Por eso, porque decir la verdad sería algo escandaloso, el gobierno decide disfrazar sus partidistas y alarmantes intenciones reales de reclamaciones ciudadanas. Así, el ejecutivo lanza una campaña de desinformación que presenta dos pilares. Primero, la ciudadanía reclama cambios en el sistema y regeneración de la democracia, por lo que se les debe permitir que elijan directamente a su alcalde. Debe de ser que las reclamaciones sobre la lucha contra la corrupción no las han escuchado, pero las de la elección directa del alcalde, sencillamente inexistentes, sí. La segunda falsedad del gobierno consiste en decir que proponen esta reforma legal para hacer un debate sin líneas rojas con los partidos de la oposición. O sea, el gobierno abre un debate sosegado a falta de sólo nueve meses de las elecciones. ¿Por quién nos toma?
Se puede manipular mucho con este tema, ya se está haciendo. Pero convendría partir de una premisa fundamental. No es que el hecho de proponer la reforma a tan pocos meses de las elecciones municipales resulte sospechoso, es que es algo intolerable. Evidentemente, esta reforma beneficia al PP, que observa con pánico cómo puede perder importantes alcaldías a causa de posibles pactos entre partidos de izquierdas. El gobierno se muestra dispuesto a legislar en beneficio propio, al dictado del partido que le da sustento. Es así de grave. Así de escandaloso. Mariano Rajoy dijo hace un mes que con mayoría absoluta y en solitario podría aprobar una bajada del IRPF, pero no un cambio de las reglas de juego. Era preguntado el presidente del gobierno por la posibilidad de modificar la ley electoral y, con buen criterio, defendió que para ello era necesario un amplio consenso. La versión de Rajoy de 2013 le da la réplica a la inquietante versión pseudo democrática del Rajoy de 2014, que tras las elecciones europeas ha empezado a echar cuentas y teme una pérdida masiva de poder local para el PP.
No se puede modificar la ley electoral, las reglas del juego democrático, a conveniencia, de forma apresurada y por propio interés. Dice el PP que están buscando el acuerdo con otras fuerzas políticas, pero todas ellas han dicho ya que no aceptarán un cambio de la ley electoral a estas alturas del partido. Lo sensato si el gobierno cree que es necesario reformas esta norma es que se empiece a trabajar en la reforma el día después de las elecciones municipales del próximo año. Pretender realizar el cambio ahora responde única y exclusivamente a un interés partidista. El gobierno enredará diciendo que la reforma es democrática, necesaria y reclamada por los ciudadanos, pero lo cierto es que tiene un pecado original imborrable: nace a nueve meses de las elecciones locales y por interés partidista de la formación que está en el poder. Como en los "mejores" tiempos del chavismo en Venezuela. Legislar a su antojo.
Se puede discrepar de las medidas económicas o sociales del gobierno, pero no se puede negar su legitimidad para gobernar el país, pues recibió el mandato democrático de la mayoría de los ciudadanos. Lo que no puede hacer un ejecutivo, porque si traspasa esa línea está entrando en arenas movedizas donde la democracia se esfuma, es aprobar cambios trascendentales de las reglas fundamentales, como es la ley electoral, en solitario. Diría que confío en que el PP dé marcha atrás y no apruebe solo esta ley, pero francamente sería demasiado confiar. Según distintas informaciones de prensa, el gobierno está decidido a aprobar esta reforma aunque no reciba el apoyo de ningún partido. Llama la atención que hablen de "regeneración democrática", cuando lo que pretender hacer es una cacicada, un lamentable y burdo pucherazo para allanarse el camino a ellos mismos y poner algo de luz en su lúgubre horizonte electoral.
¿Se puede debatir sobre esta reforma electoral? Sí. Por supuesto. ¿Se debe hacer justo ahora, a nueve meses de las elecciones municipales? No. En absoluto. Debatir es propio de la democracia. Imponer el criterio de un partido sobre el conjunto de la sociedad en cuestiones básicas de nuestro marco de convivencia es más clásico en otro tipo de sistemas políticos. El cambio que intenta hacer el gobierno falla, pues, en la forma. Se puede debatir el fondo y se podría estar de acuerdo con él, que tampoco es mi caso, la verdad. Pero la forma la desautoriza por completo. Si de verdad les preocupa el sistema político, que se regenere y responda a las peticiones de la ciudadanía, que propongan ese cambio pasadas las elecciones, no justo antes con la evidente intención de defender sus intereses partidistas.
Es muy grave lo que pretende hacer el gobierno. De fondo, ya digo, todo puede debatirse. Hoy el diario El Mundo publica una interesante información en la que detalla los sistemas electorales de las corporaciones locales en los principales países de nuestro entorno. La mayoría no tiene un sistema como el que busca aprobar el gobierno. Un debate sosegado sobre qué sistema es mejor, por tanto, es bienvenido. Siempre. En este ámbito y en cualquiera. Replantearse continuamente mejoras. Buscar lo más democrático. Adelante. Pero no de forma apresurada, no con estas prisas y con estos propósitos imposibles de esconder.
En España no elegimos al alcalde, de igual modo que no elegimos al presidente del gobierno, pues no tenemos un sistema presidencialista. Con nuestro voto se elige la composición del pleno municipal o del Congreso de los Diputados que, como organismos que representan a los ciudadanos, eligen a su vez al alcalde y al presidente. Ahora, el gobierno quiere cambiar esto e imponer por ley que el cabeza de lista del partido más votado (se habla de un umbral del 40% de los votos, aunque no está aún claro) sea el alcalde de la localidad. Ojo, se le daría al regidor posiblemente un premio de representación el pleno municipal que, de facto, significaría acallar a la oposición y que todas las ciudades y pueblos de España tuvieran a un regidor con mayoría absoluta. Es decir, se impondría que, sí o sí, esa persona gobernara durante cuatro años. Aunque no hubiera recibido mayoría absoluta, la oposición sería totalmente incapaz de forzar cambios en la acción de gobierno, pues todos los alcaldes del país tendrían mayoría absoluta por ley. Lo llaman gobernabilidad, pero parece escaso espíritu democrático y hachazo al pluralismo.
¿Es eso más democrático que el sistema actual? Lo dudo. La premisa falsa del gobierno es que, en la actualidad, no son los ciudadanos quienes eligen al alcalde (¿hemos elegido, por esa regla de tres, a Ana Botella los madrileños?) sino que son los partidos políticos en los despachos a través de acuerdos de coaliciones. Olvidan interesadamente en el ejecutivo que esas negociaciones para formar gobierno se producen entre los partidos que han recibido el voto de los ciudadanos. Esos concejales de la oposición que pueden unirse para formar gobierno no caen del cielo. Tienen su asiento en el pleno gracias al apoyo por sufragio de los electores. Si dos partidos que no han ganado las elecciones pero suman más votos que el partido ganador son capaces de formar un programa de gobierno común con propuestas de ambas formaciones, ¿acaso no será este gobierno más representativo del sentir de los ciudadanos que otro del partido más votado? Supongamos que una formación obtiene el 35% de los votos. Un segundo partido logra un 25% y otro, un 20%. Si sumamos, más gente ha votado a los dos últimos partidos (un 45%) que al primero (35%). Si estas dos formaciones tienen posturas comunes o similares, ¿por qué un gobierno con representantes de ambas es menos democrático que uno compuesto por el partido que más votos recibió? Pienso que no lo es.
El PP teme perder feudos donde lleva décadas gobernando como Valencia o Madrid, donde el auge de Podemos podría dar lugar a un gobierno de izquierdas que desalojara al partido conservador del Palacio de Cibeles. Es esa la única razón por la que el ejecutivo busca aprobar esta reforma. Seguirán hablando de regeneración democrática y de búsqueda de consenso, pero confío en que su discurso demagógico y tramposo ni confunda a los ciudadanos. Lo que quieren hacer es cambiar la ley por su propio interés partidista. Sin más. Todos sabemos cómo se llama eso y en qué clase de sistemas políticos sucede.
Comentarios