Felipe VI fue ayer proclamado rey en una ceremonia en el Congreso de los Diputados donde juró guardar la Constitución. El nuevo jefe del Estado pronunció un buen discurso en el que elogió la figura de sus padres y, desde el respeto a la generación de don Juan Carlos y doña Sofía y a su labor en la Transición, apostó por "una monarquía renovada para un tiempo nuevo". Afirmó que los hombres y mujeres de la Transición hicieron un proyecto admirable que debe ser reconocido y ha supuesto para España el mayor periodo de estabilidad y democracia de su historia, pero recordó que toda obra política, como toda obra humana, siempre es una labor inacabada. Ahora Felipe VI busca dar nuevos impulsos a la jefatura del Estado, una institución que atraviesa una seria crisis de imagen y credibilidad.
Dejemos a un lado el boato y la pompa de la ceremonia, que parecía trasladarnos unos cuantos siglos atrás. Dejemos a un lado también el hecho de que el propio rey dio durante su discurso la principal razón por la que es poco defendible una monarquía en pleno siglo XXI cuando, citando a Cervantes, afirmó que "ningún hombre es más que nadie si no hace más que nadie". Él es desde ayer inviolable y ocupa la jefatura del Estado por una cuestión hereditaria. Ahí reside, por decirlo de algún modo, el pecado original de la monarquía, que tiene en la Constitución su principal legitimación, también hay que reconocerlo. El caso es que de don Felipe esperan algunos más de lo que pueda dar, pues las competencias del rey son muy escasas, de mera representación y papel moderador en la política nacional. Él no puede liderar una segunda Transición ni un proceso de regeneración del sistema porque, afortunadamente, no tiene poderes para ello y todo el poder reside en el pueblo, representado en las Cortes.
Dejemos a un lado, decía, todo lo anterior, esas discrepancias de fondo que es imposible no tener con la institución que encarna Felipe VI, y analicemos su discurso, aceptando que el rey es el legítimo jefe del Estado porque el proceso sucesorio ha seguido escrupulosamente lo que marca la Constitución española, el marco de convivencia de nuestro país. Creo que fue un buen discurso. El monarca defendió una renovación en la Corona y afirmó que busca que sea "íntegra, honesta y transparente". Pienso que Felipe VI supo conectar con la sociedad española, al menos de forma más creíble que su padre. Sonaban menos oxidadas sus palabras, más modernas. Es esa baza, la del impulso de una nueva generación, la de la modernidad, la que la monarquía usará con los nuevos reyes, una pareja de jóvenes con dos hijas menores. La monarquía tiene mucho de imagen, esa que tanto se ha desgastado últimamente por los presuntos delitos de Iñaki Urdangarín y por los errores de don Juan Carlos, y creo que los nuevos reyes pueden dar un impulso a la aceptación popular de la institución, si bien es cierto que ayer volví a constatar que la reina Letizia cae bastante mal a la mayoría de las personas, al menos, de mi círculo. Me quedo solo defendiéndola como una persona de su tiempo, que ha estudiado una carrera, que ha vivido fuera de palacios y trabajado, que sabe lo que es la vida real y es hija de padres humildes. En fin, al final terminamos entrando en razonamientos del siglo pasado. Es lo que sucede siempre cuando se habla de la monarquía, institución anacrónica por excelencia.
Más allá de cuestiones propias del papel cuché o del carisma personal que podamos apreciar en los nuevos reyes, creo que el discurso de Felipe VI fue acertado. Se acordó de los españoles que lo están pasando mal por la crisis económica. Ayer mismo tuvo el rey un informe de la OCDE del que podría haber echado mano en el que se decía que España es el país donde más ha aumentado la desigualdad durante la crisis. Felipe VI llamó a los políticos a tener como prioridad de su actuación la lucha contra el desempleo para ayudar a los ciudadanos que han visto afectada su propia dignidad por los terribles efectos de la crisis. También tuvo un recuerdo para las víctimas del terrorismo, siempre necesario y pertinente porque el olvido no puede suceder a tantas décadas de terror y muertes de inocentes.
La parte más vigorosa de su intervención fue aquella en la que se dedicó a justificar la utilidad de la monarquía constitucional y en la que habló de la unidad de España. Sobre el primer aspecto, si él, que es el principal beneficiado de este sistema, no defiende la monarquía, quién lo hará. El príncipe dijo que este modelo garantiza un jefe de Estado imparcial y moderador, al tiempo que afirmó que, además de respetar las competencias constitucionales que la Carta Magna otorga a la monarquía, esta debe ser ejemplar e íntegra. Imposible en ese pasaje no acordarse de su hermana Cristina, ayer ausente del Congreso por su presunto implicación el el caso Nóos. Un buen comienzo del reinado sería que la hermana del rey fuera tratada por la Justicia igual que el resto de los españoles y no tuviera, como ha tenido hasta ahora, a la fiscalía del Estado y a Hacienda prácticamente como abogados defensores.
Defendió el monarca la unidad de España. "Unidad que no es uniformidad", destacó, para resaltar la riqueza de la variedad de culturas y lenguas del país. Fue un mensaje conciliador y acertado, vibrante, en el que Felipe citó a Machado, Espriu, Aresti y Castelao para afirmar que "junto al castellano, lengua oficial del Estado, las otras lenguas de España forman un patrimonio común que, tal y como establece la Constitución, debe ser objeto de especial respeto y protección; pues las lenguas constituyen las vías naturales de acceso al conocimiento de los pueblos y son a la vez los puentes para el diálogo de todos los españoles". Concluyó el nuevo rey su intervención dando las gracias en todas las lenguas del Estado. Por último, don Felipe también incluyó en su intervención alusiones a la política exterior y a los cambios que vive nuestra sociedad por el auge de las nuevas tecnologías. Nueva forma de pensar y estar en el mundo. Se refirió igualmente al medio ambiente. Suena bien la música del discurso del nuevo jefe del Estado. Notable carta de presentación de Felipe VI.
Hay un par de aspectos más de la jornada de proclamación de Felipe VI que querría comentar. La primera es sobre Artus Mas, presidente de la Generalitat catalana, e Iñigo Urkullu, lehendakari vasco. Estos dos presidentes autonómicos, como el resto, acudieron a la ceremonia del Congreso. Al parecer, ninguno de los dos aplaudió la intervención del rey. ¿Y? Al margen de las innumerables diferencias políticas que pueda tener (y tengo) con esto dos señores, ¿acaso estaban obligados a aplaudir? ¿Por qué interpretan como cortesía aplaudir la intervención del rey? ¿Y si no les gustó? ¿A qué viene esa unanimidad que tanto se busca? ¿Les suena de algo a los críticos de Mas y Urkullu la palabra democracia o la palabra pluralismo? Cuando nos ponemos exquisitos y más papistas que el papa, somos únicos y nos pasamos tres pueblos. No comprendo esa búsqueda de la unanimidad, como si fuera necesario construir ayer una bubuja de cuento de hadas en el que hay fervor popular por el rey y toda España sin excepción aclama al nuevo monarca y lo que saliera de ahí fuera una aberración. Pues no, señores. Estos dos presidentes autonómicos decidieron no aplaudir a Felipe VI y en su derecho están. Como en su derecho estaban los ciudadanos partidarios de una república de llevar la bandera republicana por las calles de Madrid, algo que se prohibió indecentemente ayer.
Miles de personas salieron a las calles de Madrid a saludar a los nuevos reyes. Hubo más gente de la que esperaba, sinceramente, pero menos que, por ejemplo, en la boda de Felipe y Letizia. En todo caso, el baño popular que se dio la monarquía no fue menor. Ahora bien, las autoridades cometieron ayer excesos alarmantes. Se prohibió portar la bandera republicana. Algo gravísimo. Es una bandera que representa a un régimen democrático que un golpe de Estado militar echó abajo en 1936. Con sus luces y sus sombras, no conviene olvidar que la II República era una democracia y que este sistema en el que ahora vivimos retoma la democracia interrumpida cuando un golpe de Estado echó abajo a un gobierno legítimo. Prohibir portar la bandera republicana fue un error y un grave ataque a la libertad de expresión. Además, ayer sólo se podían acercar al recorrido de los nuevos reyes quienes fueran a aplaudir y no los que llevaran pintas de querer expresar libremente su opinión sobre la necesidad de un referéndum sobre la forma de Estado, por ejemplo. La estación de Sol, una de las más concurridas de Madrid, estuvo cerrada al público mucho más tiempo del debido por cuestiones de seguridad (hasta las nueve de la noche) y fue una decisión que respondía única y exclusivamente a la intención de cercenar el derecho a manifestarse de los ciudadanos. Estos tics autoritarios no hacen ningún bien al sistema democrático que dice querer regenerarse. Se podría empezar aceptando la crítica y la libre expresión de ideas contrarias a la de los gobernantes.
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