Todavía se preguntarán por qué existe tal sideral distancia entre la ciudadanía y la clase política. Aún andarán cuestionando a qué se debe el descontento de la sociedad con los poderosos. ¿Es posible que sigan sin encontrar respuesta a la pregunta de por qué los ciudadanos consideran que la justicia no es igual para todos y que al final los poderosos se protegen entre sí? El bochornoso espectáculo que están dando las Cortes para aforar a toda prisa al rey Juan Carlos es una demostración palpable de muchos de los vicios de la clase política que explican eso que ahora se llama desafección de la sociedad hacia la política. Por cierto, creo que ese término no se emplea de forma correcta, porque según el diccionario de la RAE, desafección significa "mala voluntad". Parece, pues, una de esas expresiones que se empiezan a utilizar, gustan y terminan imponiéndose, independientemente de que se les dé un sentido del que carecen. Pero, a lo que vamos, el aforamiento exprés de Juan Carlos I y el resto de la familia real transmite una imagen pésima de la clase política y la de la propia monarquía.
Para empezar, estas prisas por proteger judicialmente al rey saliente resultan sospechosas. Dan a entender que se tiene claro que el monarca necesita con urgencia ese privilegio que supone el aforamiento y por eso se cuela la protección para la familia real como enmienda de una ley de jubilación de jueces que, como parece evidente, no tiene nada que ver con el aforamiento del rey. ¿A qué se debe tanta urgencia? ¿No se dan cuenta de que estas prisas, además de servir para ofrecer una imagen de cortesanos al que fue jefe del Estado, generan dudas y maledicencias? Pretenden proteger al rey, pero sus prisas dan a entender que hay razones por las que este podría ser llevado a los tribunales y por eso hay que correr para darle el aforamiento.
Las formas son inaceptables. Por las prisas y la falta de corrección con la que se está tramitando el aforamiento de la familia real. No es de recibo. Un país serio tramita las leyes de forma rigurosa y no hace falta ser un experto jurista para apreciar que el modo en el que se está tramitando esta protección judicial para el rey Juan Carlos y el resto de la familia real es totalmente improcedente. Es que van a salir frikis con afán de protagonismo que denunciarán al monarca, se nos cuenta. Posiblemente. Pero, ¿tan poco se cree en el sistema judicial español? Si las demandas que se hagan contra el rey no tienen base, la Justicia no las aceptará y punto. ¿Dónde está el problema? ¿A qué tanto miedo? Ayer mismo, la Audiencia Nacional estudió una demanda disparatada contra Juan Carlos I por su posible implicación en la trama civil del golpe de Estado del 23-F. Un auténtico disparata del que el tribunal decidirá en julio y que, obviamente, desestimará.
Son inaceptables las formas y, desde luego, es muy discutible el fondo del asunto. En España hay demasiados aforados. Como sabemos, gozan de este privilegio de sólo poder ser juzgados ante el Tribunal Supremo diputados, senadores, diputados autonómicos, jueces y miembros de distintas instituciones del Estado. Dicen que cerca de 10.000 personas son aforadas en España. Es un privilegio judicial discutible, pero en todos esos casos está asociado al cargo que ostentan estas personas. Se entendió cuando se reguló así que, por el puesto que ocupaban, merecían este trato especial o que esos cargos deberían tener una cierta protección, por decirlo de algún modo. Discutible, pero aún más discutible cuando se pretende aforar a alguien que, como Juan Carlos I, ya no ocupa ningún cargo. Tampoco lo ocupa la reina Letizia ni la reina madre Sofía. ¿Por qué se les debe aforar?
Todo esto llega, además, justo cuando el juez Castro está a punto de comunicar si imputa o no (y parece que será que sí, según distintas informaciones de prensa) a la infanta Cristina, hermana del actual rey e hija de don Juan Carlos, por un presunto delito fiscal en el caso Noós. Son casos totalmente distintos, sí, pero el mensaje que se lanza a la ciudadanía es que, de ahora en adelante, los miembros de la familia real tendrán una especial protección, no vaya a ser que un juez como Castro meta las narices en los asuntos de alguien de la Casa. Es un mensaje pobre y que habla poco del compromiso de la monarquía con la igualdad de todos ante la ley.
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