Lo escribí hace tiempo y me reiteró: sólo hay una cosa más dañina para la imagen de la monarquía que la de la infanta Cristina declarando como imputada ante el juez y es precisamente la que ofreció ayer la Audiencia Provincial de Palma, la imagen más que sospechosa de un trato de favor por ser quien es. Es cierto que el auto de ayer, que está en este enlace por si lo quieren leer entero, no despeja en absoluto el horizonte judicial de la hija del rey, ya que deja abierta la puerta a la investigación sobre presuntos delitos fiscales cometidos por la infanta. Pero sí se aprecia un celo máximo, una cautela especial por evitar que doña Cristina acuda a declarar como imputada por las irregularidades del caso Noós.
Cuando un juez llama a declarar como imputada a una persona, no le está inculpando de nada, muy al contrario, lo que hace es darle la oportunidad de defenderse con un abogado. Una persona inocente no debería tener pavor a declarar ante el juez. ¿Por qué iba a tenerlo si puede demostrar que todo está correcto y que no hizo nada irregular? Es más, casi parece más lógico que esa persona inocente celebre poder declarar como imputado para dejar bien claro que no tiene nada que esconder. La infanta Cristina no ha actuado como otros responsables públicos que, quizá con la boca pequeña, al menos sí han afirmado al ser citados a declarar como imputados que están encantados de colaborar con la justicia y poder demostrar la limpieza y legalidad de todos sus comportamientos.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca suspende la imputación de la hija del rey por dos votos a uno, ya que un magistrado emitió un voto particular. Consideran que no hay "indicios vehementes" de que doña Cristina conociera el presunto "plan criminal" de su esposo, Iñaki Urdangarin, y del socio de este, Diego Torres. Es decir, para la Audiencia Provincial de Mallorca ninguno de los 14 indicios que vio el juez Castro para imputar a la infanta son los suficientemente sólidos como mantener dicha imputación. Los dos magistrados de la Audiencia están de acuerdo con el fiscal, Pedro Horrach, que había argumentado que esos indicios no permitían sostener la imputación de la infanta "por su debilidad, su inconsistencia y carácter equívoco".
Con todo, hay una frase en la parte final del auto que deja claro que esto no es un punto final a los problemas de la infanta Cristina con la justicia. No necesariamente. Se suspende "de momento, respecto del posible delito contra la hacienda pública y/o blanqueo de capitales". Condiciona una posible imputación por estos delitos fiscales "a las aclaraciones que a la vista de lo acordado en el Fundamento Séptimo de esta resolución pueda solicitar el juez instructor".
Es interesante lo que dice este fundamento séptimo. Explica que el Ministerio Fiscal, la abogacía del Estado y la defensa de la infanta entienden que "no es factible imputar delito fiscal ninguno a la Infanta desde el momento que la Agencia Tributaria no ve indicios de actuación delictiva". Pues bien, añade justo después que "nosotros, tras el estudio detallado del informe, hacemos una lectura distinta a la realizada por las partes recurrentes, y estimamos que no se puede descartar en este momento la comisión del delito contra la Hacienda pública, y tal vez, posiblemente, de un delito de blanqueo de capitales, y que en tales ilícitos hubiera podido participar la Infanta recurrente". Después explica que la sociedad Aizoon, propiedad al 50% del duque de Palma y de su esposa, "es una sociedad pantalla que ha sido constituida con finalidad defraudatoria". En el auto aseguran que no entienden que "la Agencia sólo le atribuye la defraudación a uno de los socios" (a Urdangarin).
Es más, añaden unas líneas después que "la Infanta a partir de marzo de 2006 o meses antes a esta fecha, ya debería saber que Aizoon no era una sociedad de profesionales y que ella y su marido la usaban para defraudar". Y asegura: "Aizoon, y por tanto sus dos socios, desde marzo de 2006, se beneficiaron, al parecer, de ingresos provenientes de dinero público del Instituto Noós, y de dinero privado proveniente de la defraudación tributaria y de la malversación".
En conclusión el auto de la Audiencia Provincial de Palma desimputa a la infanta del caso Noós, pero muestra serias dudas sobre la no implicación de doña Cristina en presuntos delitos fiscales a través de Aizoon, empresa que compartía al 50% con su marido adonde, presuntamente, fueron a parar elevadas cantidades de dinero provenientes de las actividades ilegales del instituto Noós. No se ha acabado, pues, esta historia.
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