Una mujer se suicidió ayer en la localidad de Barakaldo cuando iban a desahuciarla. La desesperación absoluta de las personas que se enfrentan a una situación tan dolorosa como perder su casa por impago provocó el trágico desenlace. No es el primer caso similar y, como es lógico, la noticia ha conmocionado a la opinión pública y ha llevado aún más al centro del debate político el drama social de los desahucios del que ya venían denunciando sus terribles consecuencias diversas plataformas de afectados. El PP y el PSOE están cerca de cerrar un acuerdo para dar respuesta a las familiar "más vulnerables" que no pueden pagar la hipoteca y corren el riesgo de perder su casa. Según datos conocidos la semana pasada, este drama afecta a 500 personas al día.
Es una situación compleja a la que los responsables políticos deben dar respuesta porque antes que cuestiones económicas o leyes hipotecarias, esta realidad es un drama social. La elogiable movilización de los afectados por esta problemática y el apoyo de algunos movimientos sociales como el 15-M a sus reivindicaciones lograron poner de relieve los dramáticos casos de personas que eran desahuciadas. Se organizaron para intentar frenar los desahucios, para buscar soluciones intermedias y menos traumáticas que no dejaran a la gente en la calle. En gran medida gracias a esa movilización lograron que se hablara de dación en pago y que se incluyera esta fórmula como medida opcional en el Código de buenas prácticas para las entidades bancarias que aprobó el gobierno hace meses. Pero no fue suficiente, porque no se aplica en la mayoría de los casos.
La Justicia también ha estado especialmente sensible ante este problema social. Son los jueces los que deben ejecutar la ley, pero en este caso, una ley que no comportan, que consideran injusta y que les lleva a desalojar a personas de su casa por impago y dejar a familias sin recursos en la calle. Por ello piden cambios al poder legislativo, el que tiene la potestad de reformar la ley hipotecaria e intentar buscar soluciones para la situación desesperada de estas personas. Incluso la justicia europea considera que la ley hipotecaria española incumple los requisitos comunitarios de protección al usuario. El juez que ayer tuvo que proceder al levantamiento del cádaver de la mujer que se lanzó al vació en Barakaldo pidió, visiblemente conmocionado, soluciones urgentes.
Como vemos, la sociedad civil comenzó esta reinvindicación antes que nadie por las terribles situaciones personales que hay detrás de un desahucio y porque el número de personas que, debido a la crisis económica, dejan de poder hacer frente a sus hipotecas crece cada día. Los jueces, que han convivido con este drama cada vez que tienen que ejecutar una orden de desahucio, también se han sensibilizado con la alarmante situación. Los políticos, como es habitual, llegan después que los ciudadanos, pero parece que los dos grandes partidos van a pacar reformas legales que pasarían, entre otras cosas, por una moratoria de dos años para las familias más vulnerables que estén en un proceso de desahucio. Ayer hasta Rouco Valera expresó la preocupación de la Iglesia católica por este drama. Sin duda, es un clamor social la petición de soluciones para los desahucios.
Hay un actor más en este escenario, uno de los más importantes por razones obvias, que tiene mucho que decir: el sector bancarios. Son los bancos los que ejecutan estos desahucios ante el impago de las personas a las que concedieron la hipoteca para comprarse una vivienda. En muchos casos, esos mismos bancos que desahucian a ciudadanos son los que han recibido cuantiosas ayudas públicas con los impuestos de todos, también de los propios desahuciados. Son entidades intervenidas por el Estado, es decir, que deberían estar bajo el control del Estado. En este sentido, creo que es muy pertinente y acertada la propuesta de Izquierda Unida de hacer un programa de alquileres sociales con todas las viviendas que tienen los bancos que ahora son públicos porque han sido nacionalizados, rescatados por el Estado. Ya que hemos metido tantísimo dinero para rescatarlos, al menos vamos a intentar minimizar al máximo los dramas sociales derivados de impagos por la crisis económica.
La sociedad no puede consentir ver cómo entidades que han sido ayudadas con dinero público ejecutan desahucios cada día. Y es lógico. Desde luego, se deben buscar soluciones para todas las personas afectadas por esta situación. Dos precisiones quizás políticamente incorrectas me gustaría hacer para terminar. La primera: las deudas se pagan, se deben pagar. Así funciona el mundo. Quiero con esto decir que es razonable que quien presta dinero ponga condiciones al que lo recibe y que tenga alguna seguridad de recibir de vuelta aquello que ha prestado. Es duro, pero es así. No digo con esto que no se deba aprobar la dación que pago, que no se deban buscar soluciones para no dejar a nadie en la calle, que no se pongan coto a los intereses abusivos por imago o que no se haga un uso público de los inmuebles de las entidades nacionalizadas.
Apoyo todo esto, pero señalo que es lógico y perfectamente entendible que quien presta dinero quiera recuperarlo y que sea él quien ponga de algún modo las condiciones, siempre condiciones justas y razonables. Porque si compras algo con dinero del banco, no podemos presentar como escandaloso que el banco quiera recuperarlo si tú no puedes pagar el préstamo. En rigor, esa casa es del banco hasta que uno no pague la hipoteca. Es políticamente incorrecto esto que digo por el indecente comportamiento de los bancos estos últimos años en España (de las cajas, más bien) y por la dramática situación de las personas afectadas por los desahucios. Pero que lo cortés no quita lo valiente. Dicho esto, por supuesto, estoy totalmente a favor de la dación en pago, de alquileres sociales y de cualquier tipo de solución que se tome para frenar este drama social.
La última apreciación es un llamamiento al sentido común. Leemos en la prensa que varias sucursales bancarias han despertado con pintadas de "asesinos" y esta semana conocimos un suceso en el que un hombre prendrió fuego a una oficina bancaria. Pediría que este tipo de actitudes no se repitan. Por muchas cuestiones: por sentido común, por respeto a la legalidad, por civismo, por respeto a los trabajadores de los bancos que no son diablos con traje como algunos les pintan y porque, sintiéndolo mucho, no podemos presentar esto como una película de buenos y malos donde los banqueros son los culpables de todos los males. Ciertamente no es así. Las realidades complejas nunca tienen explicaciones simplonas. Es incómodo reconocer esto, pero en España durante la última década, esos tiempos en que éramos ricos gracias a la burbuja, no fueron sólo los banqueros los que no actuaron de forma correcta. Digo más, son muy pocos los que pueden presumir de un comportamiento ejemplar durante los años de la burbuja. Casi nada funcionó como debía y casi nadie vivió ajeno a las lógicas del boom inmobiliario y a la artificial riqueza del país.
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