Como teníamos ayer menos asuntos que de costumbre que echarnos a la boca, puesto que el país estaba de fiesta, Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres nos ofrecieron un tema jugoso. Ya por la tarde, Evo Morales terminó de redondear la jornada con la expropiación de la filial de la empresa Red Eléctrica Española. Pero vamos con la noticia del duque y su compañero en Nóos. Ayer publicaron varios diarios que Urdangarin y Torres quieren ofrecer a la fiscalía un acuerdo donde se declararían culpables, colaborarían con la justicia y devolverían parte del dinero presuntamente robado a cambio de no llegar a juicio y no ir a prisión. Ayer escribí en Twitter que lo peor de todo esto no que ofrezcan un pacto en el que se declaran culpables con tal de no entrar a la cárcel, sino que casi parece lo suyo algo honrado comparado con lo que estamos acostumbrados a ver los últimos tiempos en España, donde mucha gente mete la mano donde no debe y del dinero público que se han llevado nunca más se sabe. Pero no es cuestión de simplificar el asunto ni de ponernos a comparar, porque eso significaría restar gravedad al pacto que ofrecen los dos imputados y a lo que están dispuestos a reconocer que hicieron al frente del Instituto Nóos.
Puede que Urdangarin haya tomado nota de su suegro e incluya en el acuerdo con la fiscalía la siguiente frase: "lo siento. Me he equivocado y no volverá a ocurrir", que es más o menos lo que parecen querer decir el duque y su socio. Sucede que este pacto no eliminaría lo ocurrido. Urdangarin dijo ante las cámaras cuando fue a declarar ante el juez en Palma que había desarrollado sus funciones de manera correcta y con total transparencia, y que iba allí a defender su inocencia. Unos meses después parece estar dispuesto a reconocer que ese día mintió, que engañó al juez cuando dijo que él no tomaba decisiones en Nóos y que está dispuesto a devolver parte del dinero que se llevaron de instituciones públicas. Hasta en un país donde la mentira parece penalizarse tan poco como España esto es muy grave y totalmente impresentable.
La mentira del duque, por un lado. Pero por otro lado está la cuestión esencial de que lo que al final quedará si sale adelante este pacto que ofrecen los dos imputados a la fiscalía anticorrupción es la sensación entre la opinión pública de que la justicia no es igual para todos y de que el yerno del Rey no irá a prisión por unos delitos que sí están sancionados con penas de cárcel. El hecho de que Urdangarin devolviera el dinero sería algo de agradecer, porque creo que en asuntos de corrupción el afán de la sociedad y la justicia no debe ser tanto encerrar a los que tienen la mano muy largo sino conseguir recuperar el dinero público que se llevaron. Pero no será suficiente. El daño a la imagen del propio duque es irreparable, claro está, pero también dañaría gravemente a la Casa Real.
Diego Torres, el socio de Urdangarin, se debió de mosquear cuando el duque conto al juez, según se conoció en la prensa, que él sólo tenía un papel institucional, representativo en Nóos y que las decisiones las tomaba su socio. Naturalmente Diego Torres no se quedó parado y puso en circulación unos correos electrónicos donde se puede intuir que la Infanta Cristina y hasta el Rey Don Juan Carlos hicieron alguna que otra gestión a favor del instituto sin ánimo de lucro (o sinónimo de lucro como leí en Twitter, creo que en palabras de Ignacio Escolar). Mano de santo. Ha sido nombrar a su esposa y a su suegro para que el duque se decida a zanjar la cuestión de la manera más rápida y menos dolorosa posible. Él se inmolará asumiendo su culpa y presentándose ante la opinión pública como un mangante con la intención de salvaguardar a la Casa Real y a su mujer. Eso parece, al menos.
Pero no es tan sencillo. Insisto, en primer lugar este pacto ofrecido por Urdangarin y Torres es indecoroso y deja claro que ellos mismos se declaran culpables de los delitos de los que se les acusan. Es algo peculiar eso de declararse culpable para no ir a la cárcel y, aunque sé que este tipo de acuerdos son habituales, llama mucho la atención y resulta bastante impresentable. Pongamos que la fiscalía acepta este acuerdo en lugar de seguir adelante con el juicio y exponer las muchas pruebas que, al parecer, existen contra los imputados. Pongamos que el duque y su socio pagan esos 3,5 millones de euros y aceptan su culpabilidad. ¿En qúe posición queda la Casa Real? ¿Ya podrá volver el duque de Palma a los actos oficiales? ¿Alguien tendrá la tentación de correr un tupido velo y hacer como que nada ha pasado? ¿De verdad será posible mantener a un corrupto confeso como miembro de la Casa Real sin que esto dañe gravemente a la institución? Lo del elefante parece haberse encauzado, pero lo del yerno le va a dar más dolores de cabeza al Rey. Conviene también no dejar de lado la imagen que daría este acuerdo a la sociedad. No somos jueces y no nos corresponde juzgar, pero sólo expresamos nuestras sensaciones ante este acuerdo que están dispuestos a aceptar Urdangarin y Torres para que la vida siga igual.
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