La semana pasada el gobierno anunció de tapadillo en una nota de prensa que recortará 10.000 millones de euros en Sanidad y Educación. No concretó nada más y, aunque aseguran que formaba parte de un plan previamente establecido, sonó a improvisación y a respuesta desesperada a la presión de los mercados. Mal estuvo que el gobierno informara de este recorte a través de una nota de prensa, de forma casi clandestina y pasando de puntillas por un asunto tan trascendente por la cantidad de dinero que implica y porque toca dos áreas especialmente sensibles y que deberían cuidarse con mimo para sostener el Estado del bienestar. Nada dijeron la semana pasada sobre dónde meterían la tijera, pues los responsables de ambos ministerios decidieron no soltar prenda hasta que se reunieran con los representantes de las Comunidades Autónomas. Es lógico porque a las autonomías les corresponderá aplicar este severo recorte.
El lunes se reunió el ministro de Educación con los responsables de esta materia de las Comunidades Autónomas. José Ignacio Wert anunció los recortes y concretó, más o menos, de dónde ahorrarán los 3.000 millones de euros. Habrá más alumnos por aula, los profesores tendrán que trabajar más horas, se cubrirán las bajas sólo cuando duren más de diez días y no se obligará a los centros a ofrecer las dos opciones del Bachillerato. Estas medidas, según el ministro, no afectarán a la calidad de la enseñanza. Algo bien distinto opinan algunas asociaciones de profesores y estudiantes y los sindicatos, que creen que la educación se resentirá mucho con estas medidas y que se destruirán puestos de trabajo. Otros piensan que son ajustes sensatos en tiempos de crisis y que no reducirá la calidad del servicio público. El ministro, en todo caso, obtuvo el esperado apoyo de las Comunidades gobernadas por el PP y el esperado rechazo de Andalucía, País Vasco, Canarias y Cataluña, que no están gobernadas por el Partido Popular.
Hoy se reunirá la ministra de Sanidad, Ana Mato, con los responsables de la materia de las Comunidades Autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud. No será una reunión más, pues sobre la mesa está transformar el sistema sanitario español, al menos en lo que se refiere al pago de los medicamentos. Hasta ahora, los jubilados no tenían que pagar por las medicinas, pero ahora tendrán que hacerlo. Un 10% pagarán quienes cobren las pensiones mínimas. El gobierno cambiará el modelo para cobrar en función de la renta. También subirá lo que pagan los trabajadores activos, actuamente el 40% del coste del medicamento, que pagarán entre el 50% y el 60%, según su renta. Es una modificación del sistema para que deje de centrarse en la edad y pase a cobrar basándose en lo que cobra cada ciudadano.
Los jubilados que cobren la pensión mínima tendrán que pagar 10 euros al mes, y los que cobren la pensión máxima, 20. El gobierno espera ahorrar 3.700 millones de euros con esta medida que implica eliminar por completo la gratuidad de los fármacos y aumentar lo que pagan todos los ciudadanos. Los pensionistas pasarán de no pagar nada a tener que hacerlo, mientras que los trabajadores activos también pagarán más, sí o sí, en función de su renta. Quizás la parte más aceptada de esta medida, si finalmente se aplica tal y como están informando los medios, será la exención del pago para los desempleados. Se argumenta, con razón, que no tiene ningún sentido que un jubilado que cobre una pensión máxima no pague por los medicamentos y sí tenga que hacerlo un padre de familia parado sin ningún ingreso. No creo que nadie pueda discutir ese argumento, pero también pienso que no vale simplificar el cambio que propone el gobierno.
Se estudian otras medidas, pero de momento se descarta cobrar por los servicios hospitalarios. Poco a poco se va confirmando eso que mucha gente anunció cuando comenzó la crisis: que el modelo en el que hemos vivido durante décadas cambiará y no volverá a ser el mismo. Será peor, con menos derechos, creen muchos viendo el desarrollo de los acontecimientos. No les falta razón en ciertas cosas. La educación en España no está para tirar cohetes y contratar a menos profesores, desmotivarles más, juntar a más alumnos por aula y aplicar grandes recortes no harán ningún bien a la enseñanza. Creo que algo falla en una sociedad cuando ve la educación como un área más en el que se puede recortar aun a costa de empeorar el servicio, como un gasto más. No es un gasto más, ni siquiera es un gasto. Es una inversión. Dedicar dinero a tener una educación pública de calidad es la mejor inversión que puede hacer una sociedad. Pero estamos sumergidos en la obsesión de recortar el déficit a toda costa. No importa ahogar la economía, reducir derechos sociales o empeorar la educación. Lo primero es reducir el déficit. Y cuando hayamos cumplido, que según el FMI no lo haremos, ¿qué? Lo explicaba ayer muy bien Iñaki Gabilongo en su videoblog de El País, una forma siempre excelente de comenzar la mañana. Reducir el déficit no es un plan por sí mismo. Es, asegura, como quien quiere construir un nuevo puente y sólo tiene un plan para destruir el que ocupa el lugar donde quieres levantarlo, pero nada dice de las obras de construcción.
Creo que nos estamos equivocando en España y en Europa. La Unión Europea está adpotando un actitud extremista y está forzando a sus países miembros a llevar a cabo una política económica muy disctutible con un único fin: reducir el déficit. La austeridad está muy bien, pero cuando la economía está completamente paralizada no parece lo más inteligente poner más palos en las ruedas. No defiendo que la UE dé carta blanca y vía libre a los Estados para endeudarse hastalas cejas, pero tampoco comparto el modo fundamentalista e inflexible en el que Europa está conduciendo su política económica. Además, reducir los gastos no siempre es suficiente. El gobierno recorta mucho y sube impuestos, pero esto último desincentiva el consumo y lo que necesitamos es que se consuma. Estamos obsesionándonos con el objetivo de déficit y nos estamos olvidando por completo del crecimiento económico. El FMI prevé que la economía española caerá un 1,8% este año y crecerá una décima en 2013. No, no vamos por el buen camino.
Sobre las medidas previstas en sanidad, ha calado la idea de que hay que cambiar el sistema porque no es sostenible. Resulta que tal vez esa idea parte de un error de base. El sistema sanitario español tiene defectos, como todo en esta vida, pero funciona bien. La prestación sanitaria en nuestro país es excelente y el gasto por ciudadano es menor que en otros países. No creo que nuestro sistema sea insostenible y sí que la Sanidad es la joya de la corona y es un pilar fundamental del Estado del bienestar. Se está generalizando la idea de que el Estado del bienestar es un sistema insostenible que no puede seguir adelante y que es una ficción en la que hemos vivido durante décadas. No lo creo. Como siempre en estos casos, se busca desprestigiar el modelo acudiendo a ejemplos rebuscados que, en efecto, podrían cambiar. Pero el Estado del bienestar no es sólo lo que pueda tener de erróneo, sino uno de los más importantes avances de la Humanidad. No veo por ningún lado privilegios a los que renunciar, y sí muchos derechos sociales conquistados después de siglos de reivindicaciones. Además, si los ciudadanos siguen creyendo mínimamente en este sistema lo hacen porque saben que, con sus múltiples defectos, al menos le garantiza una prestación santiaria adecuada si caen enfermos o una educación para sus hijos independientemente de su nivel económico. Los que quieren acabar con el Estado del bienestar deberían pensar que se están cargando mucho más que los viajes del Imserso.
Sobre los cambios en el pago de los medicamentos, creo que hay que esperar a que se concrete oficialmente qué hará el gobierno. Lo que tenemos hasta ahora son filtraciones a la prensa, que muy probablemente coinciden con lo que la ministra expondrá a las Comunidades Autónomas. En todo caso, si bien es cierto que algunos puntos son razonables y asumibles, este nuevo modelo que propone Ana Mato significa elevar para todos los ciudadanos el coste de los fármacos. Veremos. Una útima cosa, cuando se habla de los pensionistas creo que a veces se tiene una imagen muy alejada de la realidad. Supongo que forma parte de la campaña de descrédito al sistema social actual, pero hay quien va por ahí vendiendo la imagen de jubilados que cobran una importante cantidad de dinero y se están pegando la vida padre sin dar palo. Olvidan que ya han trabajado (y mucho) por este país y olvidan también a los muchísimos pensionistas que cobran auténticas miserias y que también tendrán que pagar por los medicamentos a partir de ahora.
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