Entre la campaña electoral de cara a las elecciones del 20 de noviembre, que entra ya en su recta final, y la situación económica en Europa, con nuevos gobiernos técnicos en Grecia y en Italia para hacer frente a los graves problemas de ambos países, no he tenido tiempo hasta hoy de hablar de otro asunto también destacado de la actualidad en España: la investigación al Instituto Noós, que fue creado y presidido por el duque de Palma, Ikañi Urdangarin. Lo primero que hay que decir sobre este tema son un par de obviedades: todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y todo el mundo debe ser igual ante la ley. Es decir, la cautela que a veces falta en otros asuntos y que debería primar en todos estos casos de presunta corrupción es igualmente aplicable a esta investigación, pero el duque de Palma deberá responder ante la ley si así lo estiman oportuno las autoridades judiciales como cualquier otro ciudadano.
Hace unas semanas conocíamos los datos de una encuesta del CIS en las que, por primera vez, la Casa Real suspendía en la valoración de algunas instituciones del Estado (a su favor está que suspendían la mayoría y que su insuficiente era más decente que la muy deficiente nota del gobierno o los partidos políticos). Si detrás de este caso no estuviera un debate más de fondo, si no vieran algunos la posibilidad real de cuestionar a la Casa Real, sería un caso más (muy preocupante, como todos) de presunta corrupción. Quiero decir que a nadie se le escapa que este asunto adquiere otras connotaciones por ser un miembro de la Familia Real quien está implicado, presuntamente, en una trama de corrupción. El tema es, por lo tanto, muy tentador. Dejando a un lado las dos obviedades con las que comencé esta entrada, no se pueden dejar de hacer una serie de consideraciones importantes y pertinentes a raíz de este caso.
Iñaki Urdangarin no ha sido ni siquiera llamado a declarar, pero las informaciones periodísticas que conocemos cada día muestran que la institución creada por el duque de Palma como organización sin ánimo de lucro movió mucho dinero, millones de euros. Algo parece turbio en todo este asunto. Urdangarin ha hecho sus primeras declaraciones en un comunicado que ha difundido la agencia Efe. En él explica que defenderá su "honorabilidad e inocencia" y asegura que su "actuación profesional ha sido siempre correcta. Hace bien el duque de Palma, como cualquier otro ciudadano, en defenderse de las acusaciones. Tan sólo el tiempo dirá si tendrá que hacer lo propio ante un juez y en calidad de qué. Todo eso lo iremos viendo con el tiempo. Para lo que no hace falta esperar más es para hacer alguna reflexión que suscita esta asunto.
En primer lugar, se dice muy a menudo que la regla no escrita que tiene el Rey Don Juan Carlos para todos los miembros de la Casa Real es que se puede tener trabajos (las infantas lo tienen), pero no se puede hacer negocios. La infanta Doña Elena abrió hace un tiempo una empresa y el Rey, según parece, le hizo dar vuelta atrás ya que suele llevar a rajatabla esta norma no escrita. Iñaki Urdangarin, sin embargo, no dejó de hacer negocios. Claro que no es ilegal que un miembro de la Casa Real los haga, pero la pregunta quizás sea si es ético, si no sería más recomendable que no lo hicieran. Estar haciendo negocios a título personal es perfectamente lícito, pero por encima de eso, Iñaki Urdangarin es duque de Palma y como tal, entre otras cosas, recibe parte de la prestación a la Corona a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado.
Por lo tanto, pienso que esa norma que dicen que aplica el Rey es muy lógica y, de haberse aplicado en el caso del duque de Palma, se habrían ahorrado más de un quebradero de cabeza. Otra consideración obligada nos lleva a hablar del descontento social (y no me refiero sólo al 15-M) que existe en la calle, que hay entre los españoles. La corrupción enerva especialmente a la ciudadanía y si hasta ahora las críticas han ido dirigidas a banqueros y partidos políticos, no veo por qué no pueden subir un escalón más y afectar de lleno a la Monarquía. En tiempos de crisis a todos los poderes les conviene taparse un poco, no hacer ningún de ostentación y, sobre todo, aparentar de algún modo, hacer como que no eres ajeno a la situación económica, aunque realmente todo el mundo sepa que no te afecta en absoluto. Esto es aplicable todavía con más sentido a la Casa Real, ya que se trata de un poder hereditario. Nadie les vota cada cuatro años para estar ahí, por lo que más les vale pasar de puntillas por la crisis, dicho de otro modo, no dar la nota. Un caso como éste puede hacer mucho daño a la Casa Real.
Con esto no quiero decir que el presunto caso de corrupción que salpica al duque de Palma nos acerque a un cambio de régimen o algo por estilo. No estoy dedicando este artículo a debatir sobre monarquía o república, a dar mi opinión sobre este asunto. Eso lo dejo, si acaso, para otro día. Pero es evidente que este caso perjudica mucho a la Casa Real en su conjunto. Las cuentas de la Monarquía deberían ser mucho más claras y transparentes. Hay casas reales que ingresan mucho más cada año a cuenta de los presupuestos generales del Estado, argumentan algunos. Sí, es verdad, pero sea mucho o poco lo que reciban, lo lógico sería que se aclararan algo más. También sería deseable que, en la medida de lo posible, los miembros de la familia real no hagan negocios, por aquello de aprovecharse de su influencia y por aquello de la decencia. Y, si hacen negocios, que se cuiden mucho y procuren que sean pulcros y limpios. La presunción de inocencia debe proteger a todo el mundo por igual, por lo que no hay que hacer juicios mediáticos al duque de Palma. Que sea la justicia la que decida.
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