Excesos, victimismo y despropósitos

Que el govern encabezado por Carles Puigdemont incumplió deliberadamente la ley no es algo opinable. Tampoco lo es que en una democracia se deben respetar las decisiones judiciales. Dicho esto, precisamente porque vivimos en una democracia, podemos opinar sobre un auto judicial. Podemos constatar, por ejemplo, cómo varios juristas indican que los delitos de sedición y rebelión no son competencia de la Audiencia Nacional, como estableció la propia Audiencia hace años. También podemos discrepar del auto después de haberlo leído. Lo digo porque me chirrían esas opiniones tan desahogadas de quienes consideran que todo aquel que cuestiona la decisión de imponer prisión preventiva a Oriol Junqueras y otros siete exconsellers catalanes lo hace sólo porque no ha leído el auto judicial, como si leerlo y mantener las dudas fuera algo inconcebible, como si la interpretación de la jueza fuera la única aceptable. Enternecen las posturas de quienes sostienen algo así como los jueces son infalibles y la interpretación de la ley es una sola, porque no caben visiones distintas. 



Pues no. Uno tiene dudas. Muchas. No sólo de la oportunidad política de la decisión, del impacto que puede tener en la crisis catalana. Eso es relevante, pero la Justicia no puede tener en cuenta esos criterios. Hablo de la propia decisión de la jueza. Para empezar, existen dudas de que la Audiencia nacional sea el órgano competente para juzgar estos delitos, dudas que convendría esclarecer, porque sería gravísimo que se hubiera elegido un tribunal a la carta. Para seguir con las dudas, es cuestionable que los consejeros destituidos cometieran un delito de rebelión, que requiere que haya violencia. Imputar los actos violentos de cuatro vándalos contra la Guardia Civil a los miembros del Govern resulta muy discutible. Es la tesis defendida por la fiscalía y es la que ha comprado también la jueza. Resulta que el parlamentario que redactó el delito de rebelión sostiene que éste no es aplicable a los líderes independentistas. 


La jueza argumenta en su auto que el proceso independentista ha sido un plan organizado donde cada actor juega un papel, de forma que es responsabilidad de los miembros del Govern tanto sus actos como los de terceros. Habla de manifestaciones "tumultuarias", que serían responsabilidad directa de Junqueras, Puigdemont y compañía. Así como todo lo que suceda en esas manifestaciones, como la minoría violenta que provocó graves altercados. Para incidir en la presencia de violencia, que es un factor necesario para poder acusar a los consellers del delito de rebelión, la jueza menciona la simple existencia de los Mossos de Esquadra y su inacción durante el 1 de octubre. Como es un cuerpo armado, concluye la jueza, hay una amenaza latente de violencia, existe que hay violencia intimidatoria. Y para ello se basa en unas difusas declaraciones en la prensa de un miembro del Govern. Parece poco sólido como para culpar a alguien de un delito tan grave como el de rebelión, con penas de 15 años de cárcel. 

Más fácil de demostrar parece el delito de prevaricación, pues resulta difícilmente rebatible que el govern empleó fondos públicos para financiar actos manifiestamente ilegales, a pesar de que el gobierno central le advirtió expresamente sobre ello. La desobediencia a la autoridad legítima también parece obvia. 

La jueza reconoce en el auto que la decisión de imponer prisión provisional es extraordinaria, pues supone una privación de libertad de alguien que es inocente hasta que no se demuestre lo contrario en un juicio. pero considera, igual que hizo con los líderes de ANC y Omnium Cultural, que existe riesgo de fuga, de reiteración en el delito y de destrucción de pruebas en todos los miembros del Govern que se presentaron ayer ante la Audiencia Nacional menos en Santi Vila, quien se apeó del barco un día antes de la votación de la independencia en el Parlament. Entre los argumentos que da la jueza para sostener que hay riesgo de fuga habla del poder adquisitivo de algunos miembros del Govern, que les permite asentar su residencia temporalmente en el extranjero, como de hecho ha ocurrido. Conclusión: los excompañeros de Puigdemont pueden culpar a su antiguo jefe y su excéntrica huida a Bélgica de su entrada preventiva en prisión. Flaco favor les ha hecho, sin duda. Ahora bien, lo de hablar del poder adquisitivo como para instalarse en el extranjero es una presunción que también se podría haber tenido, por ejemplo, con Iñaki Urdangarin, condenado por el caso Noos, pero en su casa (en el extranjero) a la espera de la decisión firme de la Justicia


¿Vivimos en un Estado democrático y hay que respetar las decisiones judiciales que gustan y las que no? Por supuesto. ¿Puede salir gratis incumplir abiertamente la ley? Obviamente, no. Pero es cándido pensar que la ley no es interpretable. El fiscal, órgano jerárquico que depende del Fiscal General del Estado, nombrado por el gobierno central, ha optado por la interpretación más dura posible. Tan dura, que ha incluido delitos, como el de rebelión, que resultan discutibles. Y no pasa por decirlo, ni pasa nada por criticarlo. De hecho, es lo suyo, si se considera que se está retorciendo la ley. ¿Cómo no va a ser interpretable la ley si la jueza de la Audiencia Nacional desestimó la petición de los exmiembros del govern para tener más tiempo para preparar su defensa y el juez del Supremo sí aceptó esa misma petición de los miembros de la mesa del Parlament? Comprendo y comparto en buena medida la irritación de muchos por la ligereza con la que los independentistas hablan de falta de garantías, de Estado totalitario. Porque eso no responde a la realidad. Pero también me irritan bastante esas lecturas cándidas de quienes de verdad consideran que la Justicia es plenamente independiente en España, que se aplica exactamente igual para todo el mundo, que la celeridad con estos acusados es la misma que la que se tiene con otros acusados. Querer presentar a España como un Estado fallido es impresentable. Cerrar los ojos ante las dudas razonables que plantean algunos actos del proceso judicial contra los líderes independentistas es preocupante. 

Los excesos judiciales y la incapacidad del gobierno central para entender que se enfrenta a un problema político no hace menos aceptable la huida de la Justicia de Puigdemont y otros exconsellers. Tampoco blanquea sus delitos ni les da la razón sobre la vía elegida para articular una aspiración política legítima, como es la independencia de Cataluña. Que ayer hubiera gente jaleando la entrada en prisión de los exconsellers no permite ser muy optimista con el futuro del conflicto político catalán (español, más bien). Hay que respetar la Justicia y sus decisiones, lógicamente. Es obsceno que alguien pretenda comparar a España con Turquía. No se puede pretender que los jueces respondan a determinados intereses políticos, pero ni unos ni otros, a ninguno. 

El problema político sigue ahí, más enquistado que nunca. Las cargas del 1 de octubre dieron alas al independentismo, justo cuando su consulta ilegal y sin garantías exponía a las claras sus carencias. ¿Ocurrirá algo parecido con estas detenciones? Es muy posible. Es algo que no deben calcular los jueces. No está en sus manos. Pero el independentismo ya tiene el mensaje estrella de su campaña: hay personas en la cárcel, el gobierno central está respondiendo con dureza extrema a quienes defienden la independencia de Cataluña. Primero, con las cargas el 1 de octubre, y después con la prisión. No es cierto, evidentemente. No lo es. Porque no están en la cárcel por pensar diferente, sino por haber incumplido la ley. Pero es un balón de oxígeno para el independentismo. Sobre todo, porque es evidente que existen dudas sobre algunos aspectos del auto judicial. Dejando a un lado el aspecto judicial, ¿alguna vez alguien empezará a hacer política para resolver este problema político? ¿Hay alguien que haya entendido algo? 

Comentarios