Privatizaciones, derecho de huelga y politiqueo

La decisión del gobierno de enviar a la Guardia Civil al Prat ha devuelto la normalidad al aeropuerto barcelonés, donde siguen de huelga indefinida los empleados de seguridad de la empresa Eulen, que piden una subida salarial. La huelga, como suele ocurrir cuando se trata de servicios esenciales, ha levantado una polvareda política, especialmente por el hecho de que llega en una época de muchos viajes, temporada alta de turismo. Son varios los aspectos relevantes de esta crisis, desde la razón última por la que se ha provocado este caos, que no es otra que la decisión del gobierno de privatizar este servicio y dárselo en concurso al mejor postor, hasta la posibilidad de que la intervención de los guardias civiles conculquen el derecho de huelga de los empleados de Eulen. 


Por partes. El gobierno ha enviado a la Guardia Civil al Prat porque entiende que la seguridad en uno de los mayores aeropuertos de España es un servicio esencial. Lo paradójico es que no debió de considerarlo tan esencial cuando decidió privatizarlo. Y ahí reside la gran contradicción de toda esta historia. No es posible que, de repente, este servicio se le antoje al ejecutivo imprescindible, pero no tanto como para que sea un servicio público. Ha pasado en multitud de ocasiones. Es la historia de siempre. Se privatiza un servicio, ya sea la limpieza de los parques públicos (recordemos la huelga en Madrid Río hace unos años) o la seguridad y el control de accesos de los aeropuertos. Se abre un concurso público en el que se cede la prestación del servicio al que hace la oferta más baja. Tan baja, que ofrece unas condiciones miserables a sus empleados y un servicio mejorable. Sencillamente porque sólo así pueden cumplir las condiciones ofrecidas en el concurso. 

Antes o después, los empleados reclaman mejoras salariales, sabedores también de que sus servicios, aunque las autoridades no los han valorado tanto como para no privatizarlos, son esenciales y pueden provocar un importante trastorno haciendo huelga. Así que hacen huelga y, claro, centramos los titulares en que no hay derecho a que unos pocos causen un caos en un aeropuerto o en los límites al derecho de huelga. Pero nos olvidamos con mucha frecuencia del origen del conflicto, que no es otro que la dejadez de las autoridades públicas. Si no se hubiera privatizado este servicio y entregado al mejor postor, a precio de derribo, no estaríamos en esta situación. Pero, claro, es mucho más cómodo presentar a los empleados de Eulen como unos tipos malévolos que quieren destrozar las vacaciones de la gente normal que reconocer que si su servicio es tan importante, y parece serlo, quizá no debería haber sido privatizado. 

Respecto al derecho de huelga, es un debate interesante que tampoco se suele tener en términos muy sosegados en España. Es obvio que hay sectores clave que tienen la capacidad de presionar más que otros si paran su actividad. Controladores aéreos, transportistas o empleados de la limpieza de las calles tienen mucho poder, porque si se declaran en huelga pueden generar situaciones insostenibles. Evidentemente, si se hace huelga es para intentar provocar un trastorno, para dejar clara la importancia de su actividad y, en fin, para negociar desde una posición de fuerza. Esa es la esencia de una huelga, tantas veces, el último recurso de los empleados para defender sus puestos de trabajo. Si al hacer huelga todo sigue igual, entonces este mecanismo de protesta, reconocido en la Constitución, pierde su sentido. 

Dicho esto, parece claro que se debe encontrar un difícil equilibrio entre el derecho constitucional de huelga de los empleados y los derechos, en este caso, de los turistas y viajeros que pasan por el Prat. Los servicios mínimos eran del 90% y a esto se suma el envío de la Guardia Civil. Los empleados de Eulen, los sindicatos y algún partido político, como el PSOE, considera que la decisión del gobierno supone en la práctica no respetar el derecho de huelga de los trabajadores del aeropuerto, ya que los guardias civiles están cubriendo sus huecos. El gobierno argumenta que no es así y que los guardias civiles no ocupan los puestos de trabajo de los empleados en huelga, sino que sólo se encargan de garantizar la seguridad. Es un debate complejo pero, en cualquier caso, queda clara la contradicción de privatizar un servicio para después darse cuenta de que es tan esencial que hay que enviar a la Guardia Civil al auxilio. 

Para rematar el cuadro en el Prat, no han faltado quienes han hecho politiqueo barato con este conflicto. Por ejemplo, grupos próximos a la CUP, que han proclamado indignados que el caos en el aeropuerto barcelonés estaba provocado por el gobierno, como represalia por el proceso independentista. Algo que no tiene ni pies ni cabeza, porque es ese mismo gobierno que, con el apoyo de la Generalitat, ha devuelto la normalidad al Prat. Y tampoco deja de chocar que quienes hacen manifestaciones contra el turismo se indignen porque el aeropuerto, por donde llegan todos esos malvados turistas, esté hecho unos zorros. Igual deberían alegrarse, más bien. Pero, en una situación como la actual, resulta demasiado irresistible para muchos no hacer politiqueo barato con cualquier cosa. 

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