Amnistías, mentiras e indecencias

"La adopción de medidas que, en lugar de servir a la lucha contra el fraude fiscal, se aprovechan del mismo so pretexto de la obtención de unos ingresos que se consideran imprescindibles ante un escenario de grave crisis económica, supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos". Así de contundente se muestra el Tribunal Constitucional en la sentencia en la que anula por inconstitucional la amnistía fiscal que el gobierno aprobó en 2012 para perdonarle los pecadillos a los defraudadores fiscales. La medida aprobada por Cristóbal Montoro fue indecente y la reacción del ministro y del resto del gobierno al pronunciamiento del Constitucional ha sido impresentable. 

Recuerda el Constitucional que con aquella medida se legitimó "como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir". Básicamente, en eso consistió la medida, en perdonar a los defraudadores, con el pretexto de intentar atraer ese dinero a las arcas del Estado, de que al menos a partir de la regularización esos delincuentes empezaran a tributar. Era un periodo de crisis gravísima, se ha apresurado a recordar el gobierno. Como si eso justificara el trato de favor a quienes han engañado a Hacienda. 

La medida fue inaceptable, porque lanza el mismo mensaje que la parábola bíblica del hijo pródigo. Entonces se aferró el gobierno a la urgencia económica y a que ya otros gobiernos habían aprobado anteriormente medidas similares. Pero, como recuerda el Constitucional, esos argumentos no sirven para quebrar la igualdad de todos ante la ley ni para tratar mejor a quienes defraudan a Hacienda. En lugar de reforzar la lucha contra el fraude, Hacienda decidió ponerle una alfombra roja para regularizar su situación en cómodos plazos. Fue una de las más obscenas medidas aprobadas por el ejecutivo durante los años más graves de la crisis (y hay competencia de sobra), que ahora se vuelven en su contra, como fantasmas del pasado. 

El Constitucional anula la amnistía fiscal porque se aprobó mediante un decreto ley, porque la Constitución prohíbe que se utilice esa vía para hacer modificaciones sustanciales de algunos aspectos sensibles, como el "deber constitucional de todos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos". El gobierno ha leído sólo la parte de la sentencia que le ha interesado, para variar. Y se queda sólo con el defecto de forma, con la utilización del decreto ley. Los párrafos en los que reciben duros reproches del Constitucional por abdicar de sus funciones no los han leído, o no les interesan. 

La oposición ha pedido la dimisión de Montoro, quien será con toda probabilidad reprobado por el Congreso. El ministro de Hacienda debería irse a su casa, pero por supuesto no lo va a hacer. Con la arrogancia que la caracteriza, con ese tono insoportable, volverá a querer dar lecciones, a explicar a todos los torpes que creemos que esta sentencia del Constitucional le inhabilita para su cargo que es sólo una cuestión formal, que no hay para tanto, que a ver si aprendemos un poco de su inteligencia. Y continuará con esa actitud egocéntrica e insoportable. Así que nos toca volver a lamentarnos pensando que en un país serio y en una democracia avanzada un ministro de Hacienda que hubiera recibido semejante varapalo judicial no continuaría ni medio minuto en el cargo. Pero estamos en España, ese país que perdona y acoge con los brazos abiertos a los defraudadores que llevan la banderita en la muñeca y el dinero a Suiza. 

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