Sólo había algo peor para la imagen de la monarquía que una condena de la infanta Cristina por el caso Nóos y era una absolución de la infanta Cristina por el caso Nóos. Ayer se conoció la sentencia de este escándalo y, como se esperaba, la hermana del rey fue absuelta. Puede que no sea justo ni razonable. Pero la absolución de la infanta Cristina es aún más dañina para la Casa Real que una posible condena. Porque los indicios eran flagrantes y porque el juicio paralelo, algo que sin duda no debería existir, decidió hace tiempo que la infanta era culpable. No digo que sea justo ni que esté bien. Sólo digo que, según creo, esta es la visión más extendida en la sociedad.
El simple hecho de que la hermana del rey haya estado implicada en un escándalo de estas dimensiones, de este hedor, debilita mucho a la monarquía, pues si algún argumento puede haber para defender la monarquía en el siglo XXI es la ejemplaridad y la centralidad absoluta de sus miembros. Y la infanta Cristina y su esposo, Iñaki Urdangarin, no han sido nada ejemplares. Ella ha sido condenada sólo a pagar 265.000 euros por haberse beneficiado de los delitos de su marido. La Justicia compra así la doctrina "mujer florero". Ella nada sabía. Si se le puede culpar de algo, viene a decirnos la sentencia, es de amar a su marido, como si fuera una copla.
Naturalmente, las sentencias se deben respetar. La Justicia ha determinado que la infanta Cristina, propietaria al 50% de una sociedad pantalla que utilizaba Urdangarin para esquivar a Hacienda y no declarar parte del dinero público que se llevaba a dedo, no es culpable de delito alguno. Y así hay que aceptarlo. Cuesta creerlo. Cuesta aceptar la visión de una mujer que sólo se beneficia indirectamente de los tejemanejes de su marido, desde el momento en el que sí forma parte de las empresas con las que Urdangarin cometía esos delitos. Cuesta creerlo, pero hay que aceptarlo.
El exduque de Palma ha sido condenado a seis años de prisión por delitos de prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencias y dos delitos contra la Hacienda Pública. Este último delito nos recuerda inevitablemente la surrealista comparecencia en el juicio del caso Nóos de una representante de Hacienda que dijo que eso de "Hacienda somos todos" es sólo un eslogan publicitario y que, básicamente si quien defrauda es la hermana del rey, por su parte, no hay problema ni delito alguno. Sólo faltaría. Y nos hace recordar, de paso, que el juicio de este escándalo ha sido cualquier cosa menos normal.
No es habitual, afortunadamente, que la Fiscalía se ponga del lado de los acusado, ejerciendo de abogado defensor de quien presuntamente ha cometido un delito. Y es lo que vimos en el juicio. Llegó a abochornar la actitud del fiscal Horrach, defendiendo a la infanta con más ímpetu que su propio abogado, afirmando que sólo se le acusaba por ser hija del rey y por trabajar en la Caixa. Por cierto, sorprende la inocencia e incompetencia que, de forma implícita, se le atribuye a la infanta en la sentencia (ella, pobre, no entendía de números), cuando es alguien que trabaja en un banco. Hay que respetar la sentencia, sólo faltaría. Pero no olvidemos que nada ha sido normal en este caso, desde sus propios orígenes, cuando Telefónica, una empresa privada, creó un puesto a medida para Urdangarin en Washington, cuando se destapó el escándalo, para resguardarse hasta que amainara la tormenta.
No sé si es habitual que la copropietaria de una sociedad pantalla que se usa para cometer delito fiscal salga de rositas de un juicio. En todo caso, suena como lo de las sociedades en Panamá. Puede que no tenga que ser necesariamente un delito, pero no conozco a nadie que tenga cuentas en paraísos fiscales. Tampoco a nadie que posea al 50% una sociedad que se utiliza para ocultar al fisco dinero que, además, previamente ha sido obtenido de concesiones públicas irregulares. Ni lo conozco ni me parece lo más ejemplar del mundo. Es evidente que las juezas que han dictado sentencia lo tenían difícil. Para unos, todo lo que no fuera condenar a la infancia sería una conspiración de los poderes del Estado. Y para otros, los que hoy sacan pecho con la sentencia, sería una concesión al sensacionalismo y a los juicios mediáticos. Entre medias queda un cuñado del rey condenado por prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencias y dos delitos contra la hacienda pública, y otra institución, la única que faltaba por estar salpicada por un escándalo judicial en esta España nuestra, manchada.
Comentarios