Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía desde 1990 hasta 2009 y José Antonio Griñán, su sucesor en el cargo hasta que dimitió en 2013, fueron ayer imputados por el Supremo. El tribunal ve indicios de delito de prevaricación administrativa contra ambos, y también contra el durante muchos años todopoderoso Gaspar Zarrías por el caso de los ERE. Puesto que los tres siguen siendo aforados, a pesar de la inmensa sombra de sospecha que cae sobre quienes gobernaron durante décadas un ejecutivo en el que se tejió una red corrupta organizada que malversó presuntamente millones de euros en fondos destinados a los parados, tenía que ser el Supremo el que decidiera su los imputaba o no. Ayer lo hizo, además de considerar "absurdas" las excusas puestas por los expresidentes andaluces, y también del PSOE.
Naturalmente, se debe respetar la presunción de inocencia. Pero, naturalmente, el nauseabundo escándalo de los ERE es una enmienda a la totalidad del gobierno socialista en Andalucía. El PSOE lleva controlando el gobierno autonómico varias décadas. Y parece evidente que, a falta de lo que establezcan los jueces, se construyó un inmenso y repugnante sistema de concesión de subvenciones y ayudas públicas sin el menor control. Lo que se conoce como fondo de reptiles, perfecta denominación para lo que, presuntamente, se hizo durante muchos años en la comunidad con una mayor tasa de paro de España. Pese al barro que mancha al partido en Andalucía, los ciudadnaos volvieron a darle su apoyo, esta vez a un PSOE encabezado por Susana Díez, lo que demuestra la muy escasa penalización que acarrean en España los casos de corrupción.
Al PSOE andaluz se le puede aplicar mejor que a nadie la célebre frase de George Bernard Shaw de la que aquí somos muy aficionados: "los políticos y los pañales se han de cambiar a menudo y por los mismos motivos". En efecto, difícil será que los socialistas andaluces puedan convencernos de que no se han montado en los últimos años un cortijo con oscuras redes de subvenciones y concesión de dinero público para comprar voluntades y mantenerse en el poder. Es de una gravedad inmensa que dos personas que han gobernado una región desde, literalmente, el siglo pasado, hayan sido imputadas porque el juez encuentra indicios de delito en su actuación.
Al margen de las responsabilidades penales que puedan tener Chaves y Griñán, parece obvio que suya es una ineludible responsabilidad política. Cómo se explica que en un gobierno bajo su control se tejiera tamaña red corrupta, con decenas de imputados ya, y ellos no supieran nada. Esto de acogerse a la ignorancia, a la inopia más absoluta, lo que podría conocerse como doctrina Cristina de Borbón, está muy de moda en España, pero como argumento de defensa en los casos de corrupción es francamente endeble. No resulta creíble que los expresidentes de la Junta no superan nada de lo que ocurría en su gobierno. Si lo sabían, deberán responder ante la Justicia por los delitos de los que ve indicios el Supremo. Si no lo sabían, por incompetentes deberán asumir la responsabilidad política de semejante ridículo que tanto dinero público le ha costado a los andaluces.
Será interesante comprobar a partir de ahora si el PSOE andaluz de Susana Díaz mantiene su discurso de que esto de los ERE es un tema de cuatro sinvergüenzas mal contados que se colaron en sus gobiernos. Porque si poco se sostenía hace unos meses, cada día resulta más surrealista. Si de verdad tiene Díaz la más mínima voluntad de cambio y regeneración, como tanto proclama, debería haber exigido hace ya mucho la marcha de Chaves y Griñán y, por supuesto, tendría que promover ella en primera persona una comisión de investigación en el Parlamento andaluz sin que se lo reclamaran los partidos de la oposición.
El PSOE ganó con claridad las elecciones autonómicas que, por mero interés partidista (persnonalista, incluso), adelantó Susana Díaz. Los resultados no arrojaron alternativas posibles de gobierno, así que en esta circunstancia poco más podía hacer Ciudadanos que darles un apoyo exigente a los socialistas para permitir la investidura de la lideresa andaluza. Pero llama mucho la atención que un partido autodenominado regeneracionista, renovador, haya pactado en Andalucía con quien lidera al partido que lleva más de dos décadas en el gobierno, la formación que, según cada día va quedando más acreditado, ha establecido un sistema corrupto con el dinero destinado a los parados. A ver qué actitud adopta ahora el partido de Albert Rivera. Porque le costará librarse de las críticas de sostener un gobierno con sospechas fundadas de, como poco, connivencia con los responsables del escándalo de los ERE.
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