Parecía que no iba a llegar, que estaba muy lejos, pero como suele suceder, los problemas que se dejan pudrir no se resuelven con el paso del tiempo. Más bien sucede lo contrario. Cuando nos encontramos con el empecinamiento del gobierno catalán por incumplir la ley y con el inmovilismo del ejecutivo central lo lógico es que la tensión no haga más que crecer. Así que entramos en la semana del "proceso de participación ciudadana" del 9-N, el pseudoreferéndum que Artur Mas y el resto de formaciones políticas que apoyan la independencia se sacaron de la manga tras la suspensión por parte del Tribunal Constitucional de la consulta soberanista. Es muy probable que el Constitucional vuelva a suspender esta consulta, pero también lo es que aun así salga adelante, a tenor de lo declarado por el president la semana pasada.
Si no fuera por la gravedad indiscutible de la situación, hay pasajes del proceso soberanista muy surrealista que provocarían incluso carcajadas. Humor del absurdo es, por ejemplo, que el presidente catalán defienda que nadie puede suspender la consulta porque él no ha convocado nada. Hay publicidad institucional, carteles, campaña, declaraciones constantes de los gobernantes catalanes hablando de la consulta del 9-N... Pero él dice que no ha convocado nada y, en una escena enternecedora, sostiene por tanto que nadie puede anular nada. Muy entrañable, de niño pequeño. Consulta, ¿qué consulta? Como cuando un chaval travieso es pillado en falta e inventa la primera excusa que se le viene a la cabeza para justificarse o le echa la culpa al que tiene al lado. Mas, igual. Sólo que él es presidente de la Generalitat, claro, y está jugando de forma irresponsable con los sentimientos y las esperanzas de muchos ciudadanos. Lo más simpático de todo es que Mas se presenta como alguien astuto. Todavía incluso creerá que el paripé que ha organizado para el próximo domingo es una genialidad para burlar al opresor Estado español.
Los socios de CiU en el gobierno no se quedan atrás en surrealismo. Hay líderes de ERC que han defendido que Cataluña, una hipotética Cataluña independiente, no pague la deuda que le corresponde de España. Se aprecia aquí que hay una tendencia natural en los políticos populistas por renunciar a pagar la deuda. Es un discurso de una simpleza extraordinaria, más aún cuando se argumenta que ahora Cataluña está pagado toda la deuda de España. Hombre, se puede discutir sobre el sistema de financiación autonómico y es evidente que Cataluña, como una de las regiones más ricas que es, contribuye a financiar a las regiones más pobres. Pero de ahí a sostener, sin aparentes muestras de vergüenza en el rostro por tan burda afirmación, que Cataluña sostiene a España... Hoy por hoy, de hecho, es más bien al revés, porque la Generalitat sólo puede pagar a sus funcionarios, a esos que va a involucrar en una consulta ilegal, gracias al dinero del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que es un fondo puesto en marcha por el gobierno para financiar a las comunidades autónomas que no pueden hacerlo por sí solas en el mercado.
Hace mucho tiempo que el rigor y la honestidad, no digo ya el respeto a la verdad, se perdió en el proceso soberanista catalán. Quedó completamente atrás. Ahora la verdad, la realidad, no es algo relevante. Podemos escuchar, por ejemplo, a un alto cargo de un gobierno invitando a incumplir la ley y afirmando que irá a los tribunales internacionales para defender el derecho de los catalanes a votar, como si él no ocupara el puesto que ocupa por el voto de los catalanes en las elecciones autonómicas y como si no supiera que las comunidades autónomas no tienen competencias para según qué consultas.
No pretendo ser equidistante ni quedar a medio camino. Al menos, no de forma deliberada. Dicho esto, el gobierno central no está actuando del mejor modo posible ante el desafío de Mas. Porque, para empezar, no es el desafío de Mas. Ni siquiera lo es el de CiU y ERC. Es mucho más que todo eso. Al margen de consideraciones jurídicas y legales, que por supuesto se deben respetar escrupulosamente porque esa una de las bases de toda democracia, es evidente que en Cataluña existe un problema político. Y eso es algo a lo que el gobierno central no se ha enfrentando y ante lo que sigue haciendo oídos sordos. A veces da la impresión de que el ejecutivo de Rajoy percibe todo lo que está ocurriendo en Cataluña como una locura de un gobernante catalán iluminado. Que no negaremos que Mas dé esa impresión, ojo. Pero sí creemos que eso es una simplificación bastante estúpida. Porque los miles de ciudadanos que se manifiestan por la independencia no son títeres de nadie. No se puede despachar un movimiento social tan palpable como el que se ha vivido en Cataluña en los últimos años en favor de la independencia como fruto de la locura de Mas. Hasta que el gobierno central no asuma que hay un problema político muy serio y que los ciudadanos que desean la independencia mantendrán esa postura al margen de lo que defienda públicamente Mas o cualquier otro responsable político no se dará cuenta de la gravedad del asunto.
El respeto a la ley y a la Constitución, obviamente, no es algo negociable. No puede serlo. Pero el gobierno, además de velar por el cumplimiento de la ley, debe gobernar y debe tener una acción política ante los problemas que en Cataluña brilla por su ausencia. No vale insistir machaconamente en la idea de que no se puede vulnerar la ley. Estupendo. Eso ya lo sabemos y es evidente, como también lo es que hay una parte importante de la sociedad catalana que quiere votar sobre su futuro y que considera que se le está ninguneando. Tengan razón o no. Sea cierto o no aquello que sienten, es lo que piensan y es esa demanda a la que se debe responder. No con el muro de la ley, sino con diálogo, con política, con actitud constructiva. La irresponsabilidad del gobierno catalán, al que no le preocupa llevar a los ciudadanos por una vía que sólo conduce al descontento, y la inacción del gobierno central, que se empecina con el discurso de la ley y se niega a ver el problema político de fondo que existe en Cataluña, son dos ingredientes explosivos.
Insisto, sin buscar la equidistancia entre el gobierno catalán y el central. Sin ánimo de quedar en medio y entre dos aguas, sino con la única finalidad de analizar una situación que es preocupante para ambas partes, creo que la actitud del gobierno central debería ser otra. Quizá sea ya tarde, porque se ha dejado pudrir el problema. Se puede defender que la ley no se debe incumplir, que el nacionalismo agita los instintos más bajos de los ciudadanos y que el discurso de los soberanistas es falaz y a la vez reconocer la existencia de un problema serio que se debe afrontar. Al gobierno se le da muy bien la primera parte, pero ni siquiera intenta la segunda. Por tanto, tenemos a un gobierno catalán entregado ya a la fantasía y alejado de la realidad, a un gobierno central empecinado en no buscar una solución política a este problema, a una ciudadanía catalana cansada, y dividida y a una ciudadanía española también harta. Estamos sentando las bases para una desencuentro duradero y quizá insalvable, para alimentar la incomprensión. Estamos haciendo justo lo contrario que deberíamos, ignorando que la división nos dañará a todos.
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