Alberto Ruiz Gallardón, uno de los políticos más ambiciosos de los últimos años, anunció el martes su dimisión como ministro de Justicia y, dijo, su adiós a la política horas después de que el presidente del gobierno afirmara que en anteproyecto de ley del aborto no saldría adelante. No era, en absoluto, un proyecto personal de Gallardón. Es estúpido creer tal cosa. El propio exministro (ex casi todo, alcalde, presidente de la Comunidad...) recordó en su rueda de prensa de despedida que se trataba de un proyecto del gobierno de España. Le honra dimitir al verse desautorizado de forma tan contundente. Tan pocos acostumbrados estamos en este país a que alguien dimita cuando fracase o cuando sienta que debe hacerlo que el mero hecho de marcharse es recibido ya con grandes exclamaciones de admiración que hablan mal del estado actual de la clase política, más que bien de los pocos que dimiten. Era lo lógico y Gallardón lo ha hecho.
Guiado por su afán de protagonista, al ya exministro de Justicia no le importó servir de parapeto al presidente del gobierno, que le ha utilizado y le ha dejado caer ahora que ve que no cuenta con consenso político, pero sobre todo que no tiene el más mínimo apoyo social a su retrógrada propuesta sobre el aborto. A Gallardón no le importó ser utilizado, que un asunto tan sensible se haya empleado como cortina de humo de otros más graves (corrupción en el partido, etc.) y tampoco se ha sentido mal por verse solo y desautorizado por los suyos. Es lo que tiene ser un político con tantas ganas de ser protagonista. A eso pueden acharcarse también otras decisiones discutidas de Gallardón en el ministerio de Justicia como la aprobación de las tasas judiciales o la renovación, política, del Consejo General del Poder Judicial.
Ha hecho bien en irse Gallardón. Aunque es evidente que la renuncia de Rajoy a aprobar la reforma del aborto responde en exclusiva al rechazo social que tal despropósito despertaba, tranquiliza algo saber que, ni siquiera con mayoría absoluta, un gobierno puede llevar tan fácilmente a la ley sus principios éticos, religiosos y políticos. Porque es eso de lo que estamos hablando. El PP, sencillamente, quería introducir en la legislación sus doctrinas morales, esas que dicen que el aborto es una aberración en todas sus formas, esa que tanto dice preocuparse por el concebido y no nacido pero que tanto descuida los derechos de quienes ya han nacido. La que emplea de forma torticera a las personas con discapacidad para defender su retrógrada postura sobre el aborto pero después recorta hasta los huesos la ley de dependencia.
Pretendía el gobierno meterse en la vida y en el cuerpo de las mujeres y obligarlas a dar a luz. Pretendía devolver a España al blanco y negro, a tiempos pasados felizmente superados. Sin la menor petición social de cambiar una ley que era ya mayoritariamente aceptada, la actual, el gobierno quería obligar a dar a luz salvo unos pocos y restrictivos supuestos. Tranquiliza que la sociedad española haya avanzado y que considere inaceptable tales pretensiones. Agrada ver la reacción mayoritaria de la sociedad en contra de esta propuesta rancia y de siglo pasado, que es la que ha llevado al gobierno, con ánimo electoralista, a retirar la ley. Ni siquiera todos los votantes del PP, ni mucho menos, estaban a favor de que e obligara a dar a luz a un embrión con una discapacidad. Es una cuestión de libertad. Con la ley actual, las mujeres que no quieran tener a ese hijo pueden, dentro de unos plazos concretos, como en la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno, interrumpir el embarazo. Con el engendro que el PP pretendía sacar adelante se obligaba a tener ese hijo. Una intolerable intromisión del Estado en la vida privada de los ciudadanos y un repugnante intento por hacer ley algo que es sólo doctrina moral o religiosa de unos pocos.
Al final, el gobierno, y con él Gallardón, que fue quien puso la cara a este proyecto, no contentan a nadie. La mayoría de los españoles, amplia mayoría según las encuestas, que no querían esta ley celebran que el gobierno haya rectificado, pero no olvida el empecinamiento del ministro por defender tal despropósito durante tantos meses. Esa parte radical y minoritaria a la que esta ley pretendía contentar, los autoproclamados grupos provida (como si los demás fuéramos antivida) tampoco queda contenta con el gobierno porque no aprobará finalmente esa ley que devolvía a España treinta años atrás en el tiempo. Es más, incluso con la ley Gallardón no les habría bastado, pues se seguirían cometiendo esos "crímenes" en algunos casos puntuales. Un error, en fin, de enorme magnitud fue intentar aprobar esta ley. Afortunadamente, la presión social a un año de las elecciones y a unos meses de los comicios municipales y autonómicos ha impedido que salga adelante.
El fracaso de esta ley no nata se ha llevado por delante a Gallardón, un político que también se queda sin el favor de casi nadie. Quienes durante muchos años creíamos en él como una cara amable y moderada de la derecha, una persona abierta y tolerante (los años del "verso libre") nos sentimos decepcionados y engañados por su fanática defensa de la retrógrada ley del aborto. Nos parecía otra persona y aún hoy nos cuesta reconocer que durante tantos años nos engañara. Le queda tal vez, qué ironía, el respeto y la admiración de la derecha del PP, esa minoría ultra a la jamás convenció Gallardón, demasiado progre para ellos, por su defensa a ultranza hasta el final de este proyecto. Un viaje extraño el de la carrera política de Gallardón que termina, al menos de momento, por la puerta e atrás y lejos de su aspiración máxima, presidir el gobierno de España, y deja su imagen muy dañada.
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