Los equipos mediocres suelen echar la culpa de sus derrotas al árbitro. Achacan su mal resultado a actuaciones arbitrales e intentan así camuflar su mal juego. Esta excusa barata de los malos equipos de fútbol es la que utilizó ayer la defensa de la infanta Cristina y la pléyade de cortesanos que la apoyan para reaccionar a la imputación de la hija del rey por presunto delito fiscal y de blanqueo de capitales. El abogado de la infanta (el padre de la Constitución que indecentemente utiliza como parapeto la casa real para proteger a doña Cristina no, el otro) se acogió rápido a esta teoría de la conspiración que consiste en presentar la imputación de la esposa y socia de Iñaki Urdangarin como la obsesión de un juez loco por la fama. "No descarto la posibilidad de que a lo mejor no recurramos, si tantas ganas tiene el juez de oír las explicaciones de la Infanta y realizarse como persona", dijo Jesús María Silva. Esa respuesta chulesca e improcedente, supone un insulto a la ciudadanía, al intentar presentar a la infanta, ni más ni menos, como alguien que se está viendo perjudicada por ser quien es. Como si todo el mundo tuviera a la fiscalía de su parte, casi como un abogado defensor más, o como si todos los autos de imputación se tuvieran que detallar y razonar minuciosamente en más de 200 páginas como ha sido este caso. Que no nos hagan reír, que para eso ya tenemos las divertidas comedias que ayer se llevaron un montón de candidaturas para los Premios Goya.
Doña Cristina tendrá que comparecer, si la Audiencia Provincial de Palma no vuelve a acudir al rescate de la infanta como ya hizo con la imputación anterior, el próximo 8 de marzo. La casa real se limitó ayer a afirmar que respeta la acción de la justicia. El abogado ilustre de la infanta, la cara institucional de su defensa, la que recuerda a modo de presión que no se trata de una imputada más, Miquel Roca, padre de la Constitución, también mostró su respeto por la decisión del juez y reiteró que está "absoluta y plenamente" convencido de la inocencia de la infanta. Su otro abogado y unos cuantos defensores a ultranza de la casa real, aunque se destapen escándalos que inviten, cuando menos, a pedir explicaciones serias a la institución que encarna la Jefatura del Estado, tienen clara la estrategia de defensa, al menos en los medios de comunicación. No se trata de una imputación razonada, dicen, sino de las ínfulas y el afán de protagonismo de un juez estrella que busca el aplauso del público y convertirse en un héroe del pueblo imputando a la hija del rey sin argumentos. Esa viene a ser su paupérrima estrategia.
Lo cierto es que la infanta Cristina poseía el 50% de la sociedad Aizoon, donde fue a parar parte del dinero que, presuntamente, Iñaki Urdangarin obtuvo de forma ilícita. Aizoon pagó gastos personales del matrimonio Urdangarín-Borbón, como las obras de su suntuosa casa en Barcelona, los cumpleaños de sus hijos o hasta clases de baile. Estamos hablando de hechos probados que la infanta Cristina deberá explicar. No creo que logren engañar a nadie construyendo una fantasiosa teoría de la conspiración con el juez Castro como un personaje que busca fama. Que justifiquen esos gastos, que demuestren cómo es posible que la infanta no supiera de dónde venía el dinero con el que pagaba su alto tren de vida, que razonen por qué no tenía ni la más remota idea de lo que hacía una sociedad de que la que era propietaria al 50% con su marido. Mientras el juez Castro enumera hechos, facturas, gastos concretos, demostrables; los palmeros de la infanta tan sólo ponen el grito en el cielo con endebles figuraciones y extrañas teorías de la conspiración. Pero no razonan ni explican la inocencia de la hija del rey. Sencillamente porque es harto complicado hacerlo. Mucho mejor, piensan, sembrar dudas sobre el juez instructor e intentar vender que Castro está empecinado en imputar a la infanta.
Lean el auto. Es extenso, pero vale la pena para comprender las motivaciones del juez y las razones, muchas y muy sólidas, que le llevan a tomar esta decisión. Porque no es fácil despachar la imputación de la infanta con esa presunta animadversión del juez hacia la hija del rey leyendo el auto. 227 páginas tiene este documento judicial. "Los delitos contra la Hacienda pública que se imputan a Iñaki Urdangarin difícilmente se podían haber cometido sin, cuando menos, el conocimiento y la aquiescencia de su esposa por mucho que, de cara a terceros, mantuviera una actitud propia de quien mira a otro lado", afirma el juez Castro. Sobre el uso de los fondos de Aizoon, el juez señala que "las facturaciones por gastos personales de doña Cristina de Borbón con cargo a Aizoon supusieron una doble defraudación en IRPF e Impuesto de Sociedades".
La trama presuntamente corrupta del instituto Noos ingresó 7 millones de euros de administraciones públicas. Parte de ese dinero se desvío a Aizoon, que habría funcionado como "andamiaje imprescindible para la comisión de los delitos fiscales que se están investigando", según el juez. Es una evidencia que, como señala el instructor, doña Cristina "es copropietaria de Aizoon con un 50 % del capital, esposa del titular del resto del capital social, que tenía domicilio social en el suyo propio y que además se lucró cuando menos en la mitad del importe defraudado". ¿Cómo no se va a llamar a declarar a la copropietaria de una empresa donde fue a parar parte del dinero obtenido de forma presuntamente irregular y con cuyos fondos, para más inri, el matrimonio Urdangarin-Borbón pagó gastos personales? "Nadie debe escandalizarse de que se pretendan formular preguntas al respecto", concluye Castro.
El juez también afirma que es "inadmisible" que se deba dar "un diferente trato judicial" y que se tenga que tener "un especial cuidado" en la imputación de personajes públicos vinculados a instituciones del Estado. Con una afirmación de puro sentido común, Castro indica que precisamente son estos personajes "quienes están llamados a observar una especial cuidado para no situarse en órbitas comprometedoras". Al llamarla a declarar, el juez está dando a la infanta la oportunidad de explicarse y demostrar su inocencia. Es decir, lo que desearía toda persona sin nada que ocultar en una situación así. No por la chulería ni ese victimismo incomprensible e insultante que muestra el abogado de la infanta; sino por la propia voluntad por aclararlo todo que se espera de una persona inocente y que, de momento, doña Cristina no ha mostrado.
Que la hija del rey esté imputada hace mucho daño a la monarquía. Para ser exactos, hace daño a la monarquía que haya razones más que sobradas para imputar a la hija del rey. Es la actuación "poco ejemplar", por usar los términos que empleó el rey para hablar de Urdangarin en el discurso navideño de hace dos años, de la infanta y de su esposo la que hace daño a la monarquía. Pero aún le haría más daño que se intuyera, como se intuyó en la imputación anterior que tumbó la Audiencia Provincial, el pasteleo, los apaños en la oscuridad y el trabajo del aparato del Estado para librar a la hija del rey de lo que cualquier ciudadano en su situación tendría que afrontar. La casa real debe respetar la actuación de la justicia de verdad, no con la boca pequeña. Como deben hacerlo todas las instituciones del Estado. Esta situación daña a la monarquía, pero la respuesta es sencilla: que no hubieran cometido actos presuntamente delictivos. Sólo les queda asumir las responsabilidades de sus actos. Lo que no puede pretender la hija del rey ni ningún otro representante público es que la posición institucional que ocupa le sirva como carta blanca para actuar como le venga en gana.
La justicia debe ser igual para todos. No todos los autos de imputación tienen 227 páginas. No a todo el mundo se le desimputa. No todos los acusados tienen el beneplácito y el apoyo tan descarado de la fiscalía como tiene la infanta. No en todos los procesos judiciales se observa la acción del instructor casi como una heroicidad, como un gesto de enorme valentía. La justicia independiente de verdad es algo imprescindible en toda democracia que se precie de serlo y, en estos momentos tan pestilentes que vivimos en España, puede ser casi el único salvavidas para mantener a flote el podrido sistema institucional de nuestro país, con grietas por todas partes. La justicia puede ser el último asidero para los que ya han perdido la confianza en todos, para quienes, con mucha razón, miran descreídos el frágil Estado, donde casi todos (partidos políticos, sindicatos, casa real, patronal de los sindicatos, empresas, bancos...) tienen mucho que esconder. Una justicia independiente puede devolver parte de la confianza perdida en las instituciones. No digo que sólo una condena a la infanta pueda hacerlo, porque estaría defendiendo que se celebren juicios mediáticos. Lo que digo es que debe garantizarse que la infanta y su esposo reciban exactamente el mismo trato por parte de la justicia que recibiría cualquier ciudadano de a pie. Que la justicia hable y actúe con total independencia. Y, como siempre, en ese momento todos deberemos respetar su decisión.
La situación de la casa real es muy delicada. No les va a resultar nada fácil gestionar un escenario en el que los duques de Palma y el secretario personal de las infantas están imputados por el caso Noos. Todo lo que esté por venir, afectará a la imagen de la monarquía. Si la infanta declara, esa escena de una hija del rey acudiendo a un juzgado sería devastadora, pero menos que la imagen de un arreglo entre bastidores que la prive de hacerlo. Sin duda, el caso Noos ha infligido un daño difícilmente subsanable a la institución que encarna la Jefatura del Estado. A esto se suma la pobre imagen del rey entre la opinión pública tras su escandalosa cacería en Botsuana y su alarmante estado de salud, que se pudo constatar en el balbuceante discurso del monarca en la Pascua militar.
En pleno siglo XXI, a estas alturas de la historia, la monarquía como modelo de Estado no se puede defender con argumentos lógicos o racionales. Antaño, el rey absoluto era representante de Dios en la tierra. Un ser superior. En las monarquías parlamentarias, la figura del rey ha perdido ese aura y ese poder. ¿Cómo es que se mantienen las monarquías, para qué sirven? Su única razón de ser es que puedan ser de utilidad para su país. Racionalmente, nadie puede argumentar que es mejor tener a un Jefe del Estado que ha recibido el cargo desde la cuna que a alguien elegido democráticamente en las urnas. Pero hay varios países en el mundo que tienen como sistema la monarquía parlamentaria y funcionan muy bien, al tiempo que hay auténticas repúblicas bananeras. La monarquía, sistema totalmente atemporal y rancio, puede tener razón de ser si presta un servicio útil a los ciudadanos. Y eso debe partir de la absoluta ejemplaridad de sus miembros y continuar por la representación adecuada del país.
En España, el gran valor de Juan Carlos I durante muchos años ha sido erigirse como un representante de todos los españoles, un Jefe de Estado de consenso, moderador, que no se mostraba más partidario de una o otra corriente política. Un Jefe de Estado neutral. Eso es importante y, aún hoy, con la pésima imagen de la casa real, que varios de sus miembros se han ganado a pulso tener, sigue siendo uno de los valores que permitiría defender el sistema monárquico. ¿Qué líder político se nos ocurre que pueda ejercer ese papel de Jefe de Estado centrado y capaz de representar a todas las sensibilidades políticas y conservar la neutralidad de la institución? ¿Aznar? ¿González? Serían presidentes de un lado o de otro del arco ideológico y político.
Pero eso no puede bastar. No es argumento suficiente para sostener a la monarquía como modelo de Estado. Fundamentalmente, porque casi es más demérito de otros que mérito propio lo que, según esta tesis, llevaría a seguir creyendo que la monarquía puede ser útil al país. No vale. No sirve en absoluto. Para que la monarquía pueda ser percibida como una institución útil, debe transformarse radicalmente y mantener un comportamiento ejemplar y transparente. Eso pasa, en primer lugar, por asumir las responsabilidades y dejar actuar a la justicia con absoluta libertad en el caso Noos. Y probablemente pasa también porque el rey don Juan Carlos sea honesto consigo mismo y se plantee si está en condiciones de seguir al frente de la Jefatura del Estado o debería abdicar en su hijo don Felipe, cuya preparación no puede negar ni el más republicano de los españoles. Veremos. El caso es que si la monarquía quiere seguir en pie, si quiere ser respetada por los españoles, debe resultar útil y ejemplar. No hace falta ser un lince ni encargar profundas encuestas para ver que así no es como la sociedad percibe hoy a la institución.
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