Siempre he defendido que la cuestión del aborto es muy delicada y que es de esos asuntos que se miran de un modo u otro desde la moral o la ideología de cada cual. Es evidente que se trata de un tema complejo, que me cuesta despachar con un par de frases hechas. Ya digo, en el aborto entran principios éticos y la moral propia de cada uno. El problema llega cuando se traslada los principios morales de una parte de la sociedad a la ley y cuando el gobierno legisla e impone su doctrina sobre asuntos que incumben a la vida de los ciudadanos. Es lo que ha hecho el ejecutivo de Rajoy, con la aprobación de la "nueva" ley del aborto (lo de nueva va entre comillas porque nos retrotrae a 1985) defendida por el otrora progresista Alberto Ruiz Gallardón (solo de pose, parece ya claro).
Respeto cada postura sobre el aborto. Habrá personas que por sus ideas morales o religiosas jamás querrán abortar, incluso cuando el embrión tenga graves problemas de salud. Es su decisión. Y con la ley actual, naturalmente, era libre de dar a luz si ese era su deseo. No se imponía nada a nadie. Se daba la opción de abortar de manera libre y responsable durante las primeras 14 semanas de embarazo. La ley Gallardón, sin embargo, sí impone a las mujeres lo que deben hacer con su cuerpo. Básicamente, las obliga a seguir con su embarazo en cualquier circunstancia salvo en dos supuestos: violación o grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la mujer. Para abortar, la mujer tendrá que recibir el visto bueno de dos profesionales (psiquiatras). Un auténtico despropósito.
El gobierno defiende que llevaba la reforma de la ley del aborto en su programa electoral, ese que votaron los españoles con abrumadora mayoría. Y es verdad. También lo es que ha incumplido todos los demás puntos del programa electoral, por lo que ya es mala suerte que vaya a cumplir su palabra precisamente en un punto que supone arrebatar derechos a la mujer y devolvernos al siglo pasado. La ley de plazos, que es la que existe en la mayoría de los países de nuestro entorno, parece la opción más razonable. El debate del aborto es, fundamentalmente, un debate ideológico, ético, pero también tiene un componente médico. El meollo de la cuestión, en la parte médica y legal, está en determinar si un embrión es o no una vida humana en las primeras semanas de gestación. El ministro, apelando a la doctrina del Tribunal Constitucional, dice que sí lo es y que, al tratarse de un ser vulnerable, deben ser protegidos sus derechos.
Desaparece el supuesto de malformación del feto. Es decir, el gobierno va a obligar a las mujeres que vayan a tener un hijo con graves enfermedades a dar a luz. O eso, o tendrán que marcharse a abortar, las que tengan dinero, al extranjero. Esa intromisión impresentable en la vida de la gente, más propia de regímenes totalitarios, es la parte más apestosa de la nueva ley. Porque supone convertir en ley las creencias religiosas o morales del legislador. Los gobernantes del PP y sus votantes son muy libres de oponerse al aborto y pensar que en cualquier circunstancia interrumpir un embarazo es una aberración. Es su idea y se respeta. Ahora bien, obligar a todas las españolas a acatar, porque sí, esos principios morales que ellos tienen sobre el aborto es algo impresentable.
Comprendo que haya posturas contrapuestas sobre el aborto. Insisto, es un tema muy delicado del que siempre me cuesta defender sin dudas una u otra posición. Siempre surgen dudas, reflexiones. Pero, en última instancia, termina pesando más la libertad del individuo y el repelús que me produce ver cómo el gobierno se entromete en la vida privada de los ciudadanos hasta el punto de decirles qué tienen que hacer con su cuerpo y de obligar a las mujeres a tener un hijo no deseado. No es propia esta ley del siglo XXI. No de un país que se dice desarrollado y avanzado. Que exista una ley del aborto de plazos no obliga a nadie a abortar, pero da la libertad de hacerlo dentro de un plazo determinado a las mujeres que así lo deseen. Las discrepancias o los debates éticos seguirán, pero están en otro plano distinto al legal. Que la ley dé libertad a los ciudadanos, que no les imponga lo que tienen que hacer con su vida. Luego ya debatiremos una y mil veces sobre el aborto, a ser posible, sin la ligereza con la que algunos despachan un asunto tan complicado y tan personal como este.
No creo que a ninguna mujer le agrade tomar la decisión de abortar. Pero hay circunstancias de la vida de cada cual que obligan a decidirlo. Debe de ser un trance complicado y por eso mismo no le veo la lógica a poner las cosas aún más difíciles a estas personas, penalizando el aborto (será delito para los médicos que lo practiquen fuera de los supuestos admitidos por la ley) y obligando a quienes decidan interrumpir su embarazo a salir al exranjero, como en plena dictadura franquista. Para más inri, esta nueva ley hará pasar a las mujeres que quieran abortar por dos psiquiatras que deberán determinar que el parto puede causarles daño psicológico. Es decir, la mujer tendrá que alegar que dar a luz le va afectará a su salud mental. Un disparate que estaba vigente en la ley de 1985 y que el PP y las asociaciones que se llaman provida tildaban de "coladero". Ahora, hasta dos médicos deberán acreditar ese daño a la mujer para permitir el aborto. Volvemos al pasado.
Viendo algunas portadas de hoy, da la impresión de que vivíamos hasta ayer, sin saberlo, en un Estado criminal que fomentaba asesinar niños en masa. Vemos a niños en portadas de periódicos con grandes titulares que celebran que matar vuelva a ser delito en España y que se termina el coladero de la ley del aborto. Esta gente debe de pensar que las mujeres que abortan tienen la interrupción del embarazo como una afición. Que planean quedarse embarazadas para disfrutar exterminando embriones con la colaboración de siniestros médicos que tan solo estudiaron la carrera para saciar sus ansisas de matar fetos. ¿Pero en qué mundo viven? Es como cuando debieron de temer que el gobierno les iba a obligar a casarse con personas de su mismo sexo o, años atrás, cuando pensaron los pobres que el malvado gobierno les iba a obligar a divorciarse de sus esposos o esposas. No terminan de entender muy bien el concepto de derecho, por lo que se ve. Que se dé la libertad y el derecho de hacer algo no supone que se obligue a nadie a hacerlo.
La diferencia entre la ley que regía hasta ahora, con los errores que seguro que tenía (la parte más conflictiva, para mí, era la de las menores de edad sin permiso paterno) y la ley Gallardón es que hasta ahora no se obligaba a ninguna mujer a hacer lo que no quisiera. La mujer que quisiera dar a luz pese a saber que el embrión vendría con malformaciones podía hacerlo. Ahora, sea cual sea la voluntad de la madre, el gobierno obliga a seguir adelante con el embarazo salvo en dos supuestos: violación y daño a la salud física o mental de la mujer. De golpe y porrazo España regresa al pasado con una ley retrógrada ofensiva para las mujeres y, por ende, para toda la sociedad. Ayer fue un día triste para los derechos y libertades en nuestro país.
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