Ayer fue un día negro para el periodismo en España, y van unos cuantos. La Justicia obligó a la Generalitat valenciana a readmitir a 1.000 trabajadores de Radio Televisión Valenciana (RTVV) al declarar nulo el ERE que les despidió. El gobierno valenciano no acata la sentencia y lejos de eso anunció ayer que cierra la radio y la televisión públicas de su Comunidad, lo que supondrá el despido de 500 personas y cercenar de un medio público a los valencianos. La demagogia corre a raudales y el ejecutivo de Alberto Fabra ha dicho que hay que elegir entre televisión autonómica y sanidad y educación. Claro, como los gobiernos del PP no están recortando nada en sanidad y educación...
Se cuentan milongas. Lo cierto es que la desaparición de un medio de comunicación, y encima público, es una triste noticia que debilita la democracia y desprotege a la sociedad. Es cierto que RTVV estaba sobredimensionada, como lo están todas las televisiones autonómicas. Pero los únicos responsables de ello son los gestores, es decir, los distintos gobiernos autonómicos. No es justo que carguen las culpas de sus errores de gestión los trabajadores de RTVV y todos los valencianos que ven cómo se quedan sin su canal público. A quien hay que pedir responsabilidades sobre los despilfarros o los excesos en los canales autonómicos es a los responsables políticos que los han consentido y provocado. No a sus empleados. No a los ciudadanos de Valencia. Allá donde han metido las narices los responsables políticos ha habido gestiones nefastas y desastrosas consecuencias para la sociedad. Otro buen ejemplo de ello, particularmente bueno en la Comunidad Valenciana, son las cajas de ahorro. Pagamos todos los platos que rompieron con su incompetencia y avaria los responsables políticos.
Otro argumento que se da para justificar el cierre de RTVV es que era un cala de propaganda del gobierno autonómico. Que todos los canales públicos lo son. Esta idea es especialmente terrible y fácilmente rebatible. En efecto, muchos gobiernos, la mayoría, utilizan de manera indecente a los canales autonómicos como canal para propagar sus ideas políticas, para protegerse en los informativos y manipular la realidad. Así ocurre, creo, en la inmensa mayoría de los canales autonómicos. Pero de esa realidad no podemos concluir que todos los canales autonómicos, de por sí, son inútiles porque sólo sirven de aparato de propaganda. No. Lo que de verdad significa esto es que los gobiernos pervierten el espíritu que debe imperar en los medios públicos. Que es a ellos a quienes hemos de pedir responsabilidades. Que los medios públicos sí son necesarios, pero que los respectivos gobernantes los han destrozado y en una jugada que pretenden maestra ahora los retiran para que les demos una palmadita en la espalda por tener el valor, como leemos hoy en algún titular de prensa, de retirar ese organismo inútil. En absoluto. Es al revés. Usted destrozó e inhabilitó el medio público, usted lo manipuló y utilizó para su propio beneficio. Por tanto, usted es el único responsable de que haya sido un medio de propaganda. Pero eso sólo significa que usted es un mal gestor y un tipo irresponsable, no que los medios públicos no valgan. Valen. Claro que valen. Bien gestionados, con independencia del poder político de turno y sirviendo a los intereses de la sociedad.
Con los medios públicos pasa algo parecido a la sanidad, ambos debates que aquí en Madrid también están muy presentes en la actualidad. Tenemos que escuchar a responsables políticos decir que es más efectivo pasar la gestión de algunos hospitales a manos privadas. Es decir. Ese responsable político asume que él ha fracasado en su trabajo de gestionar un derecho fundamental como es la sanidad, que reconoce su incompetencia y que lo mejor es que una empresa privada lo gestione, porque él no es capaz. Es exactamente ese el discurso que lanza a diario el consejero de Sanidad de Madrid. Sorprendentemente, no dimite de inmediato como debería hacer tras asdmitir que él no vale para gestionar la Sanidad. Pues igual pasa con los medios públicos. Confunden su mal hacer, su incompetencia y su partidismo con la presunta inutilidad de los medios de comunicación públicos. Trasladan sus defectos a esos medios.
Echo en falta también una respuesta más contundente de la ciudadanía en defensa de sus radios y televisiones pública. Todo forma parte de lo mismo, claro. Los políticos han estado llenando de manipulación y mentiras los informativos de esos canales y ahora los ciudadanos no salen a defender en masa a su canal público, que es un derecho suyo y que es algo que redundaría, bien gestionado, en su beneficio. Los medios públicos deben existir porque no tienen las servidumbres que, queramos o no, sí arrastran todos los grupo de comunicación. Un medio público digno y que esté por encima del gobierno de turno informará sobre todo, también sobre aquellas empresas que son grandes anunciantes y reciben un trato exquisito por parte de medios privados. Hará reportajes en el exterior que un medio privado no pueda gestionarse, porque está encargado de administrar el derecho a la información de los ciudadanos. Informará sobre asuntos que no sean comerciales, que no vendan, porque su objetivo no será la audiencia. Dará voz a minorías sociales a las que les cueste más aparecer en medios privados. Será independiente del poder político y del económico. Creo en ese modelo de televisión pública y estoy convencido de que todos los trabajadores de RTVV también. No se les dejó, como no se les deja a los trabajadores del resto de medios públicos en España, hacerlo. Y los mismos incompetentes políticos que se aprovecharon de ellos y se sirvieron de los medios públicos en su propio beneficio ahora los sacrifican en nombre de la austeridad y confrontándolo con otros derechos fundamentales como la sanidad o la educación. Desde hoy la sociedad es un poco menos libre y la democracia algo más débil. No deberíamos resignarnos al maltrato que causan los gobiernos a nuestros medios públicos, que son de todos los contribuyentes, ni mucho menos a que se los carguen.
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