No tengo demasiados conocimientos de derecho. Hago esta precisión porque, aunque parezca mentira, es importante tenerlos para hablar de una sentencia judicial. Parece mentira porque se ha interpretado la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que anula la doctrina Parot desde varios campos, pero es una cuestión legal. Estrictamente jurídica. De leyes. Y lo que ha determinado Estrasburgo es que España ha incumplido el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, por lo que tiene que eliminar la doctrina Parot. De momento, en el caso de la etarra Inés del Río, pero esta sentencia sienta jurisprudencia, por lo que lo más posible es que decenas de terroristas y otros presos a los que se les ha aplicado esta doctrina queden en libertad próximamente.
No me voy a alegrar por algo así, ya que me duele que delincuentes de la peor calaña queden en libertad. Pero creo que es importante hacer un esfuerzo por entender que estamos en un Estado de derecho. Y si defendemos tal cosa, la sentencia de ayer supone una demostración más de que así es. Los derechos humanos corresponden a todas las personas. A los presos también. Por supuesto que sí. Independientemente de que sean execrables asesinos. Ellos también tienen sus derechos. Todos, salvo el de la libertad, del que se les priva como castigo. Y tienen derecho a que cambios legales no se apliquen de manera retroactiva si eso les perjudica. Y tienen derecho a la seguridad jurídica. Sendos derechos, según Estrasburgo, se violaron con la doctrina Parot. Por tanto, esta sentencia es un varapalo para España, ya que se determina que ha incumplido el Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Es una prueba de que el Estado de derecho funciona y, aunque el disgusto por ver a terroristas en la calle nos puede nublar la vista, esta sentencia es algo satisfactorio, en el sentido de que sabemos que vivimos en un Estado en el que se velan por los derechos de los ciudadanos. Aunque estén presos. Y eso es una buena noticia. No vivimos en una dictadura en la que un Estado puede suspender todos los derechos de los detenidos. Insisto, esa protección y seguridad jurídica, ese Estado garantista en el que vivimos, es algo positivo. Muy positivo.
Las reacciones de decepción por la noticia son lógicas. Las comparto. ¿Cómo no compartir el sentimiento de las víctimas del terrorismo que van a ver cómo los asesinos de sus seres queridos van a quedar en libertad? Pero no podemos interpretar una sentencia judicial, una cuestión estrictamente legal, desde el sentimiento. Porque si legisláramos desde el sentimiento, igual establecíamos hasta la pena de muerte. La rabia y el dolor de las víctimas es comprensible. Nadie puede exigirles que reciban esta sentencia de buen grado. Pero la grandeza del Estado de derecho también está, y diría que muy especialmente, en casos como este, en los que un preso puede reclamar la protección de sus derechos y un tribunal le da la razón, si la lleva, sobre esa vulneración de derechos. Nos duele, pero es una pieza clave del Estado de derecho.
Tampoco deberíamos interpretar esta sentencia desde una perspectiva política, como se ha hecho. Ha habido muchos excesos en la reacción a la sentencia de Estrasburgo. Por ejemplo, hay quien señala directamente al único miembro español del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Luis López Guerra, como responsable único de esta decisión. López Guerra fue nombrado por Zapatero, así que ha costado poco en ciertos sectores afirmar que la anulación de la doctrina Parot es una rendición ante ETA y que forma parte de unos supuestos acuerdos firmados por el gobierno socialista con la banda. Poco parece importar que la doctrina fue anulada por 16 votos frente a 1. Sencillamente, nos ilustran algunos medios, López Guerra convenció a todos los demás de lo que tenían que votar. Ahí es nada.
Lo cierto es que juristas españoles sabían que esta doctrina no cumplía la ley, que estrujaba en exceso los derechos de los presos. Ayer todo el mundo contaba con que el Tribunal de Estrasburgo se pronunciara en la dirección en la que lo hizo. No he leído a ningún experto en derecho rebatir los argumentos de los jueces europeos. He leído críticas brutales por considerar que se está dando una victoria a los terroristas. He leído razonables lamentos de víctimas por ver el trato que dan a los asesinos. He leído disparates sobre oscuros pactos políticos. Pero no he podido leer a ningún jurista argumentando racionalmente que la doctrina Parot no suponga una ilegal aplicación retroactiva de un cambio legal y que no genere inseguridad jurídica a los acusados.
Todo procede de un gran error, ahí creo que todos estamos de acuerdo, y es que sale barato en España matar a muchas personas. Los asesinos múltiples pagan a veces con unos pocos meses cada uno de sus asesinatos. Pero así es cómo está establecida la ley, o cómo estaba en el Código Penal anterior al de 1995. La doctrina Parot no se suspende para las personas que fueron condenadas a posteriori, lo cual es importante. La clave es que, aunque sean odiosos asesinos, con muchos presos no se ha cumplido el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y van a salir de la cárcel seis años después de lo que les correspondía por la ley según la cual fueron juzgados. Y ese es un principio sagrado en todo ordenamiento jurídico democrático y que respete los pilares del Estado de derecho.
No podemos pedir al gobierno que se incumpla la sentencia. Las sentencias judiciales, sólo faltaría, hay que aceptarlas y acatarlas cuando gustan y cuando desagradan. Es otro principio clave del Estado de derecho y en esa grandeza del respeto escrupuloso a la ley hemos de diferenciarnos de los viles asesinos. Nosotros sí cumplimos el imperio de la ley y sí respetos estrictamente sus derechos. La superioridad moral de los demócratas respeto a los asesinos viene por estas cosas. Por sentencias como la de ayer en Estrasburgo. Dejo para otro día comentarios sobre la repugnante utilización política que se ha hecho de esta decisión judicial en distintos ámbitos. Con personas tildando de amigos de terroristas a los que defienden la sentencia porque supone poner las cosas en su sitio jurídicamente y con otras personas llamando poco menos que fascistas o de extrema derecha a quienes se ponen del lado de las víctimas del terrorismo. Este país y su división atroz y odiosa en dos bloques.
Comentarios