La investigación del juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, sobre los papeles del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, sigue su curso. El magistrado ha decidido investigar a 22 nuevas empresas. Estas nuevas decisiones del juez se añaden a las declaraciones como imputados de ocho empresarios que aparecían en los papeles de Bárcenas como donantes de dinero al PP. Las nuevas sociedades investigadas aparecen en esos documentos, que podrían ser la contabilidad B del partido del gobierno, como donantes entre 1990 y 2008. No se queda ahí la ampliación de la investigación, ya que Ruz también ha pedido a Hacienda que remita a la Audiencia Nacional la lista de "cobros y pagos realizados por terceros al Partido Popular en los ejercicios 1990 a 2005".
Estos últimos pasos del juez Ruz no hacen sino ampliar el foco de sospecha sobre el PP. Son más empresarios los que tendrán que dar explicaciones sobre posibles pagos al partido. Se trata de comprobar si esos pagos fueron sujetos a la ley o si hubo alguna irregularidad. El segundo movimiento, la petición a Hacienda de las cuentas del PP en las dos últimas décadas, supone una investigación general a la financiación del principal partido de España. La noticia puede tener un alcance enorme y, desde luego, supone un duro revés para los populares. Todas sus cuentas, ingresos y gastos, serán estudiados con lupa por el juez de la Audiencia Nacional que investiga las posibles implicaciones de la contabilidad manuscrita por Bárcenas. Sus famosos papeles.
Además de todo esto, el juez Ruz solicita al PP el registro de visitas a su sede central en la calle Génova para comprobar los encuentros que pudieron tener en el edificio los ocho constructores que están imputados en el caso Bárcenas. Igualmente, exige al partido su cuenta de gastos de representación entre 2004 y 2012. Es decir, se trata de una causa general. Toda la financiación del PP en las dos últimas décadas (la información que se solicita a Hacienda va de 1990 a 2005) será investigada por el magistrado. Hay sombras de duda muy serias que las nuevas citaciones y esta información reclamada por el juez, junto a posibles nuevas medidas que decida el magistrado, deberán ser esclarecidas o, en su defecto, confirmadas.
Entre las nuevas empresas que serán investigadas se encuentran tres importantes constructoras, tres más: Sacyr, OHL y FCC. También se pide información sobre la constructora gallega Copasa, la catalana Construcciones Robau, el grupo madrileño Aldesa y la distribuidora Mercadona. En el auto, el juez pide información sobre adjudicaciones públicas y contratos con ocho empresas constructoras al gobierno central y a las Administraciones autonómicas y locales.
La investigación está en curso y el juez Ruz quiere llegar hasta el fondo. De momento, hay sospechas fundadas. Posible financiación irregular del PP, una presunta contabilidad en B procedente de pagos de empresas constructoras y otras sociedades, en teoría, a cambio de algo. Es tan alarmante lo que sin demasiada dificultad cualquiera puede imaginar, que lo exigible en este caso es que se llegue hasta el final y lo antes posible. Si todo está en regla, el PP debe aclararlo cuanto antes y sin dejar lugar a dudas. Enseñando papeles y prestándose a dar todas las explicaciones necesarias. Es decir, más o menos lo contrario de lo que ha hecho hasta ahora.
En la actual situación de creciente descrédito de la clase política, esta sospecha es devastadora para el sistema político español. Por eso, se debe llegar hasta el final. Constructoras que pagan al partido importantes cantidades de dinero con el propósito de recibir contratos públicos en administraciones públicas gobernadas por el partido que recibe esas cantidades. El sistema funcionaría así y sería un escándalo sideral que el partido del gobierno en España se hubiera estado financiado de esta forma desde la década de los 90. Lo peor es que, como decía arriba, suena verosímil. Alarmantemente verosímil. La justicia debe hacer su trabajo. Caiga quien caiga.
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