La infanta Cristina, imputada en el caso Noós. La noticia llegaba ayer a eso de las dos de la tarde y no por barruntada menos trascendente. Marca un hito, es una situación sin precedentes porque nunca antes alguien de la Casa Real había sido llamado a declarar en calidad de imputado ante un tribunal de justicia. Quizá no porque no haya habido situaciones que así lo requirieran (y no hablo de este periodo histórico ni de la Familia Real actual), sino porque casi se sobreentendía que los miembros de la Casa Real estaban totalmente libres de llegar a esta situación. Afortunadamente no es así y si algo bueno se puede sacar de esta imputación es precisamente que la justicia funciona, que ser hija del Rey no garantiza inmunidad de ningún tipo.
Traspasar esa barrera de imputar a una infanta si hay indicios de que haya podido cometer algún delito es un síntoma de que, en el fondo, hay algo que funciona en el Estado de derecho. Es algo de lo que alegrarse, sin duda. No de la imputación en sí, sino de que se haya podido producir. En contra de esta interpretación optimista del auto de juez José Castro va el recurso de la Fiscalía Anticorrupción, dependiente del fiscal general del Estado, nombrada ésta por el gobierno. No hace falta ser un lince para apreciar este movimiento como una actuación que desmiente la máxima de que la justicia es igual para todos. La infanta Cristina formaba parte de la junta directiva de Noós y compartía con su esposo la propiedad de la empresa Aizóon, donde fue a parar, presuntamente, parte del dinero público desviado de forma irregular por el instituto sinónimo de lucro.
La Casa Real ha actuado con gran torpeza y desacierto al expresar su sorpresa por esta imputación y respaldar el recurso de la Fiscalía Anticorrupción. La imagen que da es que está maniobrando para librar a la hija del Rey de tener que declarar como imputada el 27 de abril en los juzgados de Palma. Si la justicia es igual para todos, esto debe poder aplicarse al yerno del Rey y a su hija, por supuesto. Es una situación inaudita, extremadamente grave para la monarquía y de muy difícil gestión, eso está claro. Pero el comienzo no ha podido ser menor prometedor. De igual forma que el mero hecho de que la infanta Cristina pueda ser imputada es un síntoma de salud y buen funcionamiento del Estado de derecho, el mero hecho de que existan indicios que obligan a un juez a tomar esa decisión es un nefasto síntoma del estado de la primera institución española que encarna la Jefatura del Estado. Lo terrible no es que la infanta esté imputada, sino que haya motivos (y parece quelos hay) para que haya llegado a esta situación.
Hay algo que haría aún más daño a la monarquía que ver a la hija del Rey declarando como imputada ante un juez en un caso de corrupción: no verla en esa situación porque se haya maniobrado para evitarlo. Es decir, malo, terrorífico para la imagen de la Casa Real es que la infanta Cristina esté imputada; pero absolutamente devastador sería que, llegados a este punto, se intuyan tejemanejes extraños y en las altas esferas del Estado para que al final se vea libre de esta molestia. Los dos escenarios son desastrosos para la monarquía, pero sería menos complicado de digerir incluso una posible condena de la hija y el yerno del Rey, que al fin y al cabo podría presentarse como una demostración de que la ley está por encima de cualquiera y de que la justicia es igual para todos, que un apaño irregular que supusiera un trato de favor a doña Cristina. Si la Casa Real y el gobierno tienen esa tentación, deberían pensárselo dos veces.
No soy experto en Derecho, pero si leo el auto del juez Castro veo razonable y sensata la decisión de imputar a la infanta Cristina. Era la única persona de la junta directiva del Instituto Nóos que no estaba imputada. Para el juez, "todo parece indicar que estaba consensuado que la única función de doña Cristina y don Carlos García Revenga era la de una utilitarista figuración", por lo que la infanta sería colaborada necesaria en las presuntas actividades irregulares de esta entidad. Es de puro sentido común que se llame a declarar a la infanta para, como bien dice el juez en el auto, "despejar la incógnita" sobre el papel de la infanta en este asunto; hacer que no se cierre en falso la instrucción y también "evitar el descrédito de la máxima de que la justicia es igual para todos".
No hay que olvidar que la infanta Cristina no sólo figura en la junta directiva de Nóos, sino que comparte al 50% la propiedad de una sociedad, Aizoon, que está siendo investigada y donde se cree que se llevó parte del dinero desviado de forma irregular en esta trama. La Casa Real dijo en un primer momento que no comenta decisiones judiciales, pero a las pocas horas comentó esta decisión judicial asegurando que están sorprendidos "por el cambio de criterio del juez" y mostrando su "absoluta conformidad con el recurso del fiscal". Parece que en esta imputación han sido decisivos los correos electrónicos aportados por Diego Torres, ex socio de Urdangarin, que tenía razón al afirmar que contaba con "bombas atómicas" en su poder. No hay duda de que el señor Torres está actuando de forma chantajista, pero lo peor no es eso (de un presunto delincuente tampoco se espera cosa distinta cuando está defendiéndose ante la justicia de graves delitos) sino que esas amenazas tengan una base, un fondo sobre la que asentarse. Y parece evidente, así lo entiende el juez, que las tiene.
La defensa de la Casa Real ha salido en tromba a decir que el auto del juez Castro es endeble. Endeble parece ese argumento de defensa, ciertamente. O el de presentar a Diego Torres como un tipo malvado y perverso que está manipulándolo todo y ensuciando todo como estrategia de defensa, lo cual probablemente tiene parte de razón. Si caigo yo, tiro de la manta es algo que delincuentes de todas las épocas de la historia de la humanidad han dicho y hecho. Pero no prejuzguemos al señor Castro como un tipo fácil de manipular y estúpido que haya caído en la trampa del ex socio del duque de Palma. Claro que Torres ha puesto el ventilador a funcionar para esparcir todos los trapos sucios y toda la basura. Lo alarmante no es eso; lo alarmante es que tenga basura que hacer ventilar. Y tiene. Y eso es responsabilidad exclusiva de quienes han actuado de forma "no ejemplar".
Este caso daña frontalmente a la monarquía y certifica, por si quedaba alguna duda, que no queda una sola institución del Estado sin grietas preocupantes. De la clase política, ni hablamos. Ahora es la Jefatura del Estado la que está en su peor crisis desde que se reinstauró la monarquía. Algunos se alegrarán de esta situación y a otros les dará mucha pena. Pero no podemos guiarnos ni por unos ni por otros, sólo hay que atender a la realidad. Lo cierto es que una hija del rey y su yerno están imputados en un caso de corrupción, que el monarca ha cometido errores de bulto en los últimos tiempos que han hecho disminuir el apoyo ciudadano que se ganó durante muchos años de gran servicio al país y que la Casa Real está hoy cuestionada. Por mucho que valoremos la labor que ha llevado a cabo esta institución este tiempo (y yo personalmente lo hago) y por mucho que nos preocupe el futuro ante esta situación en la que no nos quedan pilares donde sostener el Estado y todas las instituciones se tambalean a la vez y peligrosamente (y claro que nos preocupa), no podemos defender otra cosa que la aplicación estricta de la ley. Quien haya cometido un delito, que pague por él. Caiga quien caiga. Sin vacilaciones de ninguna clase. Sin rodeos ni apaños.
La monarquía ha hecho una gran labor por España. De acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero son las personas que la componen las que deben demostrar, con su ejemplaridad y su comportamiento intachable, que siguen siendo necesarios y que siguen siendo la mejor opción como encarnación de la Jefatura del Estado. El Rey se ha equivocado mucho y hay demasiadas luces de alarma encendidas. No hablo sólo del caso Nóos. Una abdicación se presenta como una opción cada vez más plausible si queremos que la monarquía siga ejerciendo ese papel moderador de la vida política española, esa figura de consenso que ha sido desde el año 1975 y que, por mucho que haya quien se empeñe en mirar para otro lado, está empezando a dejar de serlo para muchos ciudadanos. La peor defensa de la monarquía, la que más daño le hace, es pretender criticar al juez porque impute a la infanta, intentar maquillar la realidad o buscar estratagemas en la sombra y movimientos en las altas esferas para apartarla de este cáliz que, presuntamente, ella misma se ha buscado.
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