Ha comenzado en A Coruña el juicio contra los tres acusados por la catástrofe medioambiental que provocó el hundimiento del Prestige hace diez años: el capitán del barco, el jefe de máquinas y el exdirector general de Marina Mercante. El cuarto acusado está en paradero desconocido. Una década ha pasada de esa terrible tragedia medioambiental, una de las peores de la historia de nuestro país. El hundimiento del Prestige con el consiguiente desbordamiento al mar de las 77.000 toneladas de fuel que llevaba a bordo puso de relieve la laxa normativa para embarcaciones como ésta. Se ha avanzado desde entonces en esta cuestión, pero no lo suficiente según denuncian los ecologistas. Entonces vivimos un auténtico drama con el chapapote llenando kilómetros y kilómetros de costa, con miles de animales muertos y, como respuesta a la catástrofe, también vivimos un episodio maravilloso de solidaridad cuando cientos de personas de toda España acudieron a Galicia para limpiar las costas. Una vez más, en los peores momentos salió a relucir lo mejor del ser humano.
También de aquellos días de noviembre de 2002 recordamos la discutida decisión política de remolcar el barco mar adentro, alejándolo lo más posible de la costa, cuando muchos expertos consideraban que lo más adecuado sería haber hecho todo lo contrario para minimizar los daños del vertido. El barco se rasgó en una tormenta y finalmente, tras ser alejado de la costa durante días, se rompió. Entonces empezó la terrible catástrofe y se cumplieron los peores augurios al desbordarse la gran cantidad de fuel que transportaba el barco. Un proceso lleno de dudas y errores a los que se ha de sumar que el Prestige era un barco con múltiples nacionalidades y que no tenía las necesarias medidas de seguridad ante situaciones como la que finalmente se produjo.
Se espera que el juicio dure siete meses. El el escrito de defensa de uno de los acusados, Apostolos Mangouras, capitán del Prestige, se señala a las autoridades españolas: "a partir del 14 de noviembre (un día después del accidente) las autoridades marítimas españolas asumieron el control del barco y adoptaron decisiones equivocadas". Su defensa alega que el Prestige contaba con todas las certificaciones oficiales necesarias. Por ello pide su libre absolución. El jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, también centra su defensa en esta cuestión y añade que "siguió en todo momento las instrucciones del capitán, de las autoridades españolas y del equipo de salvamento profesional".
El único acusado en el juicio que formó parte de la gestión administrativa del desastre, el entonces director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, argumentará que en la crisis del Prestige se produjo una situación de "colapso estructural", pero que "la Administración española dio una respuesta inmediata". Asegura además que todas las decisiones que adoptó "fueron fundadas" y las medidas adoptadas fueron "legales y técnicamente idóneas" en función de la información que tenían en cada momento. Critica, en este sentido, la talfa de información que, según dice, tuvieron. Asi, asegura que "ni el armador, ni la aseguradora ni la calificadora ni la autoridad marítima del país de abanderamiento proporcionaron información suficiente".
Por su parte, la Fiscalía aporta un informe de 500 páginas en el que se cifran en 4.400 millones de euros los daños del accidente, es decir, la responsabilidad civil de la causa. Estamos ante una causa de enormes propociones que durará siete meses. El sumario tiene más de 260.000 folios, llegaron a estar 2.090 partes personadas, comparecerán 135 testigos y 98 peritos. De hecho, la Xunta de Galicia ha invertido cerca de un millón y medio de euros para la celebración de este juicio, entre otras cosas, en la construcción de una sala de vistas para el caso en el recinto de ExpoCoruña, de 450 metros cuadrados. Hasta 2013 no conoceremos la sentencia.
Es positivo que una catástrofe medioambiental de tan graves daños sea juzgada y que los responsables de lo ocurrido paguen por ello. El juez lo determinará. Pero es importantísimo, clave, comprobar si diez años después del accidente del Prestige se han tomado o no todas las medidas necesarias para evitar que algo así pueda volver a ocurrir. El juicio determinará la responsabilidad penal del accidente, pero su celebración nos lleva a recordar las terribles consecuencias de lo ocurrido aquel 13 de noviembre de 2002 para tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar que pueda volver a suceder algo parecido. Parece evidente que la decisión de las autoridades españolas del momento de alejar el barco de la costa fue un grave error. En ese sentido, el único miembro de la Administración imputado defenderá la gestión que hizo el gobierno y la autoridad competente. El juex dirimirá lo ocurrido. El Prestige, pensamos, fue una acumulación de negligencias, errores y falta de medidas de seguridad que provocó una tragedia medioambiental horrible que dejó muchos daños y que aún nos estremece cuando lo recordamos.
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