El Consejo de Ministros aprobó ayer el ante-proyecto de la ley de transparencia y buen gobierno. Es una medida acertada, una necesidad que ayer el gobierno se decidió a cubrir. España formaba parte de una minoría de países de la Unión Europea que no cuentan con una ley de transparencia para sus administraciones públicas. Todos los países más avanzados de Europa la tienen, y también Estados Unidos. Creo que es un paso adelante importante y, aunque no será la panacea, ayudará a combatir la corrupción y también servirá para que los gestores públicos apliquen con más ganas y ahínco el rigor en su trabajo. Porque los gestores públicos son servidores de los ciudadanos, y bien está que así sea y, en efecto, tengan que rendir cuentas ante ellos haciendo públicos sus gastos, sus ayudas o los sueldos de sus empleados. Me parece, ya digo, una gran noticia. La ley de transparencia es algo que se viene reclamando desde hace mucho tiempo, por lo que confío en que nadie tenga la tentación de desacreditarla por venir de un partido político determinado.
Con la nueva ley, todas las administraciones públicas deberán aplicar la transparencia a sus gastos y contratos. La opacidad ha sido durante demasiado tiempo una compañera de viaje de los diferentes gobiernos en España. Toca ya dar un paso adelante como el que, espero, suponga esta ley. La ley de transparencia es un compromiso de los políticos con los ciudadanos, y también es un síntoma de madurez y confianza. Ocultar información a los ciudadanos es tratarles como a niños, de un modo infantil y, además supone tener poca confianza en ellos y eso se debe, en muchas ocasiones, a que saben que algunos de sus actos no generarían confianza en ellos por parte de los ciudadanos. El hecho de que exista una ley de transparencia debe ser valorado y celebrado como merece, porque sólo puede traer cosas positivas. Además, en la ley de transparencia se incluye un código de buen gobierno que incluye sanciones penales y hasta inhabilitación de 10 años a los malos gestores que oculten o falseen información. Es un avance importante.
Lo que tiene la transparencia es que se debe aplicar a todo lo que sea posible, no sólo a lo que interese o beneficie a los políticos. Ayer mismo, el Parlamento navarro y el PSOE dieron dos ejemplos de cómo la transparencia debe alcanzar a todos los ámbitos que no afecten a la seguridad nacional ni a secretos de Estado, se entiende. El Parlamento navarro pidió que se conozca el patrimonio de todos los miembros de la Familia Real, mientras que el PSOE reclamó que la transparencia llegue también a las exportaciones de armas. Creo que son dos propuestas acertadas. Entrar en el sano juego de la transparencia implica llevarla a todos los campos que sea posible. En pleno siglo XXI, mantener la opacidad y el ocultismo sobre ciertos asuntos no debería ser algo permitido. Sobre la Familia Real, no creo que tengan nada que ocultar. De hecho la Casa Real hizo ya público su presupuesto el año pasado por primera vez en la historia. La transparencia sólo puede hacerles bien a las instituciones que no tienen nada que ocultar, porque les otorga mayor credibilidad. Y si les hace mal, es que no están funcionando bien y tienen que cambiar.
Insisto en el aspecto de que la ley de transparencia supone reconocer al fin la madurez de la sociedad. Es un ejercicio sano de confianza mutua y un compromiso de los gestores públicos con los ciudadanos. Los políticos son el tercer problema para los españoles según las encuestas del CIS, y no me cabe la menor duda de que medidas como ésta ayudarán a devolverles poco a poco la confianza de los ciudadanos y su maltrecha credibilidad. Se han ganado a pulso perderla, pero este tipo de medidas invitan a pensar que los políticos se han dado cuenta al fin de que algo tienen que hacer para volver a acercarse a los ciudadanos. La ley de transparencia es un muy buen primer paso. En una democracia, los gobiernos tienen que ser abiertos y transparentes. Es uno de los puntos en los que se distingue de los regímenes totalitarios. Cuantas menos cosas se escondan en una democracia, mejor. Naturalmente, hay cuestiones que deben ser reservadas porque afecten a la seguridad del Estado o a campos sensibles, pero para todas las demás, para todas las que sea posible, el principio de la transparencia debe ser un principio rector.
En otro países ya existe una ley de transparencia. En Reino Unido, según vi ayer en la prensa, no termina de convencer a muchos esta ley que aprobó Tony Blair y que él mismo se arrepiente de haberlo hecho. Dicen que cuesta mucho dinero y que la prensa hace un mal uso de la información pública. Desconozco las circunstancias concretas del Reino Unido, pero creo que mucho más nos cuestan los desmanes de los políticos cuando están protegidos por la opacidad, y considero también que las informaciones de las administraciones que se hagan públicas no deberían tener ningún aspecto que conduzca a ningún periodista a hacer un mal uso de ellas. Precisamente de lo que se trata con este tipo de leyes es de conseguir que la actuación política sea intachable. Los gestores públicos deben ser ejemplares en su trabajo y no hay mayor compromiso con el rigor y la profesionalidad que publicar datos e informaciones sobre su labor. Por ello creo que, aunque nada es milagroso, una ley de transparencia es un avance importante para toda sociedad avanzada y democrática.
Los gestores públicos tendrán que seguir trabajando por recuperar la credibilidad perdida, y lo mejor que pueden hacer para lograrlo es ser honestos y transparentes en su gestión. Por eso es una muy buena noticia que todas las administraciones públicas de España se comprometan, a través de esta ley de transparencia, a dejar de esconder contratos, sueldos gastos o subvenciones bajo la opacidad. Ahora toda esa información estará a un sólo clic. No es el final del camino hacia el rigor y la profesionalidad, pero desde ayer los políticos y los gestores públicos españoles están en la senda correcta.
Comentarios