Cuando la banda terrorista ETA anunció el pasado mes de octubre que cesaba su actividad armada se abrió un nuevo tiempo en el País Vasco y en resto de España marcado, fundamentalmente, por la esperanza de que esto pudiera significar el final definitivo de la barbarie terrorista. El momento político en el que llegó ese comunicado de la banda hacía recomendable dejar la toma de decisiones y la gestión del final de ETA en manos del nuevo gobierno que sólo un mes después del anuncio saldría de las urnas. El PP ganó de forma arrolladora las elecciones del 20 de noviembre y a él le corresponderá por lo tanto gestionar desde el gobierno central esta situación. Esta semana ha habido dos reuniones importantes, la de los responsables de Interior de los gobiernos central y vasco y la de presidente y lehendakari, en las que se ha abordado cómo abordar el final de ETA.
Naturalmente, el consenso y la colaboración máxima entre el gobierno central y el autonómico deben ser máximos. Ha sido muy importante para debilitar hasta extremos nunca antes vistos a la banda el hecho de que todas las instituciones y todos los gobiernos han estado unidos en la lucha contra el terrorismo. En esas dos citas se percibió ese espíritu de consenso y colaboración, pero tampoco costó mucho apreciar alguna que otra diferencia de apreciación y alguna que otra discrepancia sobre los pasos a dar a partir de ahora. Desde el gobierno vasco, tanto Rodolfo Ares, consejero de Interior, como el lehendakari Patxi López, piden un cambio en la política penitenciaria en relación a los presos de ETA. Eso es algo que, al menos eso parece, el gobierno central no está dispuesto a aceptar mientras la banda siga existiendo. López aseguró ayer en La Moncloa que había visto a Rajoy receptivo as sus tesis sobre la necesidad de un cambio en la política penitenciaria. El hecho de que ayer nadie del gobierno compareciera tras la reunión entre los dos dirigentes y que desde el entorno del presidente se haya remarcado que no se cambia de posición invita a pensar que no todo lo receptivo que al lehendakari le hubiera gustado.
El presidente vasco recordó que no se trata de aplicar una política penitenciaria más flexible, sino que lo que él pide ya está recogido en la ley. Dijo estar convencido de que el gobierno central tomará antes o después esas medidas que él propone. López también habló en su reunión con Rajoy de la posibilidad de legalizar a Sortu, algo en lo que el gobierno central tampoco parece dispuesto a ceder. Lo más destacado de la rueda de prensa de ayer y donde el lehendakari se mostró más contundente fueron sus palabras sobre lo que significa el final de ETA. "Esto no ha sido un regalo de los violentos sino una victoria de los demócratas". "No estoy dispuesto a que se pase página, seríamos una sociedad amoral", aseguró López. Para él el tiempo nuevo que comienza en Euskadi se debe construir sobre las bases de la memoria, la verdad y la justicia.
La cuestión de cómo gestionar el final de ETA es muy trascesdente. La situación actual de España invita a centrar gran parte de los esfuerzos del gobierno en la lucha contra la crisis económica y especialmente contra el paro, pero ninguna dificultado u obstáculo, por muy grande que sea, debe dejar en un segundo plano el asunto del final de la banda terrorista. Es por ello que el gobierno central debe reflexionar mucho sobre qué hacer en este sentido y debe escuchar a la sociedad vasca en su conjunto. El martes el presidente Rajoy se reunirá con Iñigo Urkullu, del PNV. Es un buen camino ese de hablar con todo el mundo y conocer distintas visiones de la situación vasca en este momento tan importante. En un principio, el gobierno tiene claro que no variará su postura hasta que ETA desaparezca por completo. Puede que tenga que replantearse esa posición. Es un asunto delicado y lo que hay que tener claro es que las diferencias que puedan existir entre el gobierno central y el vasco vienen sólo de que tienen formas distintas de entender cómo se debe abordar el final de ETA, sólo de eso, puesto que las ideas de unos y otros se fundamentan en que cada cual cree que el suyo sería el mejor camino, que sería lo mejor. En definitiva, que los dos gobiernos quieren lo mismo aunque discrepen en la senda que deben recorre para alcanzar ese objtivo común.
Estos días, por cierto, volvieron a hacer acto de presencia los tipos que se autoproclaman comité de verificación del cese de la violencia o algo así. Son un grupo de personas próximos a la izquierda abertzale que dicen que ETA no va a volver a matar y que se permiten el lujo de dar consejos a los terroristas. Les piden que no vayan con armas por ahí, ya que eso podría dar lugar a potenciales situaciones de riesgo. Sí, es lo que tienen las armas, que son peligrosas. No tengo muy claro de dónde han salido estos señores, aunque me hago una ligera idea, ni tampoco qué creen aportar al momento actual en el País Vasco. Tal vez haya quien pretenda conceder a este grupo una importancia que no tiene en absoluto. ¿Están ganando dinero estos tipos con sus "gestiones"? ¿Se han reunido con las víctimas del terrorismo? Que nadie se engañe, España es un Estado de derecho y sus istituciones se bastan solitas para gestionar esta situación y todas las que vengan. Eso de que de repente se forme un grupo al que todos tenemos que dar una gran credibilidad y a los que, al parecer, hemo de estar agradecidos me huele mal. No sé si tendrán buenas intenciones, aunque no soy yo quién para ponerlo en duda, pero sí sé que no les necesitamos.
Volviendo a la reunión de ayer entre Rajoy y López, el diálogo entre los dos gobiernos debe ser permanente y las diferencias que puedan surgir deben ser llevadas lo más en privado posible y haciendo el menor ruido posible. Hay que proceder con sosiego y con calma en este asunto. También con consenso y determinación. Estamos ante una oportunidad histórica de dejar atrás la pesadilla del terrorismo etarra. No tengo ningua duda de que todos pondrán de su parte para que así sea tanto en el gobierno central como en el vasco.
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