Todo era demasiado bonito para ser real, pensarán algunos. Zapatero y Rajoy están de acuerdo en algo, ciertamente un hecho insólito en los tiempos que corren. El caso es que la oposición que el presidente del gobierno no ha encontrado a la reforma constitucional en el PP, la va a encontrar en el seno de su partido. Algunos dirigentes del PSOE están en contra de este cambio y no dudan en expresarlo públicamente. Antonio Gutiérrez, Patxi López, Tómas Gómez o Josep Borrel son algunos de esos líderes socialistas que no están de acuerdo con la reforma de la Constitución. El tiempo dirá la importancia de esta división dentro del PSOE a tres meses de las elecciones generales. La responsable de la campaña socialista, Elena Valenciano, ha salido al paso de esta división para pedir prudencia. Además, considera que esta disparidad de criterios es sólo "relativamente grave".
Cuando Zapatero llevó al Congreso la propuesta contaba ya con el apoyo del PP y también con el sí del candidato socialista a las próximas elecciones generales. Según parece, el recién convencido de que esta medida es acertada, Alfredo Pérez Rubalcaba, será quien se ponga al frente de las negociaciones con el resto de partidos, aunque más conviene que ponga orden y paz dentro de las propias filas socialistas. Es un hecho que las voces más críticas con esta reforma están dentro del PSOE. Borrel, por ejemplo, dijo que él no votaría esta propuesta de ser diputado. Algún que otro socialista que sí lo es ha declarado ya que votará en contra. Mientras tanto, algunos líderes regionales como el lehendakari Patxi López muestran dudas sobre esta medida. Los partidos nacionalistas, por su parte, están a la espera de ver en qué se traduce de forma concreta la propuesta de Zapatero para decidir si le dan o no su apoyo.
Según informa hoy El País, entre PP y PSOE las cosas no estarían tan encauzadas como en un primer momento parecía. De este modo, los socialistas quieren flexibilidad a la hora de poner el límite al déficit en la Carta Magna, mientras que los populares desean que se incluya en déficit cero en la Constitución. La reforma tendrá que ser exprés o no será esta legislatura que ya agoniza. Son cada vez más las voces que critican la rapidez con la que se quiere abordar esta modificación de la Carta Magna que, siendo más o menos importante, siendo obligatorio o no que se haga un referéndum, no deja de ser un cambio en la Constitución. Es decir, algo muy serio para lo que quizás se necesitaría más tiempo y, desde luego, el mayor de los consensos posible.
IU es en esta ocasión, como en muchas otras, la voz más crítica. Gaspar Llamazares cree que esta reforma constitucional se va a cargar el Estado de bienestar y que, ya que será algo tan grave, debería ser votado en un referéndum por el pueblo español. La ley dice que no es obligatorio que para una reforma de este tipo se haga una consulta popular, pero si el 10% de os diputados lo pide, se tendría que ir a las urnas. El diputado de IU está algo solo para pedir tal cosa, o eso al menos es lo que parece. En todo caso, Llamazares abre un debate oportuno. Tantos años y años negándonos a reformas la Constitución y ahora lo vamos a hacer por exigencias del guión (es decir, por mandato de Merkel y Sarkozy) y en un tiempo récord. Pocas reflexiones pausadas puede haber sobre esta reforma si se tiene que aprobar en el apretado calendario que queda de aquí al final de la legislatura.
La gran preocupación de los críticos de esta medida es que las políticas sociales pueden quedar seriamente comprometidas con esta reforma. Si se limita el déficit por ley, ni más ni menos que en la Constitución, puede abrirse la puerta a severos recortes en política social. Rubalcaba anunciaba ayer que esta reforma no acarreará tijeretazos en educación o sanidad, pero son muchos los que dudan que así sea. El PSOE quiere incluir excepciones en la reforma, de tal modo que se pueda gastar más en situaciones de grave recesión. En todo caso, todavía se sabe más bien poco del texto que tendría esta reforma, de los detalles concretos de la misma. Sólo se sabe que, a priori y a excepción de los socialistas díscolos, el PSOE y el PP la apoyarán, no antes de negociar sus diferencias, claro está, y que la oposición a la misma será, por lo tanto, bastante minoritaria en el Congreso.
Lo que más debe preocupar en este momento (y en todos) es que esta medida sea buena para España y los españoles. Eso ha de ser lo prioritario para todos y ni PSOE ni PP deberían hacer cálculos electorales. Aún así, ya hay quien dice que esto puede ser perjudicial para el PSOE si cunde entre la ciudadanía la sensación de que esta reforma traerá recortes y pondrá en el precipicio al Estado del bienestar. El movimiento 15-M quiere un referéndum, y hay ya una corriente en Internet para reclamar que los españoles vayamos a las urnas para expresar nuestra opinión y dar o no nuestra aprobación a esta reforma. Se está liando algo el proceso de modificación de la Constitución, con las discrepancias entre los propios socialistas y las opiniones contrarias de algunos partidos, por lo que no está todo tan claro como parecía hace dos días. Lo más lógico sigue siendo pensar que habrá reforma con los votos de PP y PSOE, pero esta reforma puede salir con más o con menos consenso, con más o con menos aprobación de la calle, etc. El caso es que esta reforma promete animar el final de legislatura.
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