El gobierno insta de este modo al Tribunal Supremo a proceder a la disolución del grupo parlamentario del Partido Comunista de las Tierras Vascas en la Cámara de Vitoria, y de los grupos municipales de ANV en los distintos consistorios del País Vasco y Navarra donde el partido proetarra continúa ejerciendo su labor a pesar de estar ilegalizado.
El abogado del Estado recuerda ahora al Tribunal Supremo la ilegalización judicial que tienen estos partidos por pertenecer al entorno de la banda terrorista ETA y ser su altavoz político en las distintas instituciones en las que obtuvieron representación. La situación del Partido Comunista de las Tierras Vascas en el Parlamento vasco recuerda a lo que sucedió en el año 2003 con Batasuna. Entonces se instó al que era presidente del Parlamento, Juan María Atutxa que disolviera el partido que formaba el brazo político de ETA en la Cámara, algo que se negó a hacer el miembro del Partido Nacionalista Vasco. Esto le costó a Atuxa una condena por desobediencia.
En relación a ANV, la situación es distinta pues se trata de su representación en las juntas forales y en los ayuntamientos de unos 125 localidades del País Vasco y Navarra. La ilegalización de este partido llegó después de que fueran elegidos como representantes ciudadanos en las locales del año 2007. Entonces se asistió a una prohibición parcial de las listas de ANV que sí tenían personas con vinculación con Batasuna. Poco después se pudo demostrar que ANV forma parte del entramado político de la banda terrorista ETA, por lo que ahora el gobierno insta al Supremo a la disolución por mandato judicial de los grupos municipales en los que ANV continúa ejerciendo su labor. No podrían ser todos disueltos pues algunos de los miembros de esta formación crearon un grupo municipal sin el nombre del partido, y otros están en el grupo mixto de algunos de estos 125 ayuntamientos.
Las acciones contra ANV se suceden cada vez que la banda terrorista ETA comete un atentado y los representantes de este partido vasco se niegan a condenarlo. La última ocasión fue con el asesinato de Ignacio Uría en Azpeitia, localidad en la que precisamente el alcalde es de ANV hasta que salga adelante una moción de censura del PNV que apoyará EA. Los concejales de este partido no condenaron el asesinato, algo que hará que pierdan la alcaldía de la localidad por una estrategia política. Lo que ahora pretende el gobierno es que sea de forma judicial como se acabe con la representación de los proetarras en las instituciones.
En relación con la lucha contra el terrorismo y su entorno, hay más informaciones de interés. De este modo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha declarado que teme que el gobierno quiera volver a negociar con ETA. La dirigente del Partido Popular ha dicho que "aunque de cara a la galería se esté aplicando una política con ETA distinta a la pasada legislatura, podría estarse pensando en volver al mal llamado proceso de paz, o sea, en realidad negociación política con los terroristas".
Además, un ex centenar de presos de la banda terrorista ETA se reunirán en el día de hoy en la localidad guipuzcoana de Usurbil para proceder a leer un comunicado en el que reflrexionarán sobre la actual situación en el País Vasco. Este acto se produce poco después de que el gobierno haya decidido que diez presos de ETA críticos con la banda vayan a ser trasladados a cárceles cercanas al País Vasco.
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