La decisión de los cuatro parlamentarios de la CUP de abstenerse en la investidura de Jordi Turull como president de la Generalitat agrava el bloqueo de la política catalana y, por extensión, de la política española, totalmente paralizada desde hace meses. Un voto afirmativo de la CUP tampoco habría desbloqueado el panorama, dado que Turull, junto a otros cinco parlamentarios (tres de ellos, exparlamentarios, porque dejaron sus escaños anoche), declara hoy ante el juez Llarena, quien podría inhabilitarle o incluso enviarle a prisión provisional. La falta de voluntad política para alcanzar un acuerdo y los procesos judiciales abiertos complican aún más la situación, en la que sigue exasperando la nula pretensión por ambas partes de intentar destensar el conflicto.
Turull hizo un discurso de investidura plomizo, pero también moderado, sin alusiones a la independencia, quizá en parte porque ya sabía que no iba a contar con el apoyo de la CUP, y en parte porque no quería que el juez Llarena, convertido en árbitro de la política española y catalana en esta endiablada crisis, tomara nota de un posible riesgo de reiteración delictiva en el delito de rebelión. Delito que, recordemos, precisa de la existencia de violencia, razón por la que no pocos juristas consideran que es un disparate, o algo peor, que se acuse de rebelión a los políticos catalanes que promovieron la declaración de independencia, que casaría más, en todo caso, con un delito de sedición, aunque su pena de cárcel sea de menos años y el escarmiento fuera menor. Es lo que tiene el Estado de Derecho.
Sin duda, el afán de los políticos independentistas es seguir huyendo hacia adelante. Así llevan meses, años incluso. No saben cómo salir de esta, así que deciden dar patadas hacia adelante al balón, aunque no tenga sentido, aunque cada vez sea más irresponsable no dar un paso a un lado, aunque la división y el hastío se extiendan por la sociedad catalana. Acertó Inés Arrimadas al espetarle ayer a Turull que su situación judicial no se debe a sus ideas, totalmente legítimas, sino a sus actos, claramente ilegales. Ahí está la clave, una de ellas. Los políticos independentistas pueden seguir manteniendo sus ideas, sólo faltaría. Entre otras cosas, porque con ellas han atraído el voto de más de dos millones de catalanes que piensan igual y cuyos planteamientos políticos no sólo son ilegales, no pueden serlo, sino que son perfectamente respetables y legítimos, pero sólo si se defienden por los cauces legales.
En todo este embrollo, que está sacando lo peor de la sociedad catalana y lo peor de la sociedad española, con un rebrote insufrible y asfixiante del nacionalismo más chusco y rancio allí y aquí, hay muchas cosas preocupantes. Una de ellas es esa sensación realmente incómoda y peligrosa que transmite el juez Llarena de que si los independentistas encausados abandonan la acción política, tienen más oportunidad de no ir a prisión preventiva. Resulta preocupante, mucho, porque estos responsables políticos están acusados de un delito no por sus ideas ni por hacer política, sino por desbordar las competencias y los procedimientos legales. Que se de la impresión de que lo que se busca es un arrepentimiento, una especia de borrón y cuenta nueva, un revanchismo, casi una humillación, y una anulación en la práctica de un rival político, es algo inquietante.
Siguen sin apreciarse intentos por reconciliar a las dos mitades de la sociedad catalana. Unos siguen pidiendo respeto para sus dos millones de votantes, con ideas totalmente legítimas, pero siempre se olvidan de los dos millones de votantes de los de enfrente. No hay voluntad de reconciliación real ni en las filas independentistas ni en las constitucionalistas. Representa bien lo más rancio de la reacción de los constitucionalistas a la crisis independentista, ese afán revanchista y sectario, el movimiento Tabarnia, deseando la cárcel a los políticos independentistas, provocando shows patéticos que no hacen más que agravar la división entre los catalanes, actuando de pirómanos en mitad del incendio. Sigue sin haber nadie ahí. Sigue sin aparecer alguien que defienda el diálogo, rebajar la tensión, buscar una solución, dado que las dos mitades de la sociedad catalana están condenadas a entenderse y a convivir.
Los no independentistas celebran lo ocurrido en la sesión de investidura de ayer, poco menos como si fuera la gran victoria del constitucionalismo y el fin del procés. No sé bien de dónde se sacan esa conclusión, porque ya se ha enterrado otras veces el proyecto independentista, pero finalmente, en las urnas, siempre obtiene la victoria, al menos hasta ahora. Quizá, sólo quizá, unos y otros podrían de una vez darse cuenta de que deben ceder para entenderse con la otra mitad de la población, aunque sea mucho más tentador clamar venganza y hacer gracietas sobre la cárcel que le espera a los adversarios políticos.
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