La avalancha en una fiesta de Halloween en el Madrid Arena que costó la vida a cuatro personas ha dejado al descubierto una serie de irrregularidades y fallos que la Justicia deberá determinar. En eso está el magistrado Eduadro López Palop, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Ya había imputado al empresario organizador de la fiesta, a las empresas encargadas de la seguridad y el control de acceso. Hoy ha decidido imputar al concejal de Economía, Pedro Calvo, por ser el responsable del alquiler de este recinto municipal. El juez pidió ayer al Ayuntamiento que concretara qué concejalía es la encargada de tramitar las licencias para la organización de este tipo de eventos en espacios públicos de titularidad municipal como el Madrid Arena.
Las responsabilidades judiciales deberán ser estudiadas por el juez. Las investigaciones policiales y periodísticas han demostrado que el Madrid Arena carecía de licencias específicas para este tipo de eventos, que se excedió claramente el aforo permitido en la fiesta, que hubo poco rigor en el control de accesos al pabellón, que el equipo de seguridad y de atención médica aquella noche era más bien escaso, que la empresa organizadora tenía una deuda con la Seguridad Social que no le permitía organizar actos de este tipo en espacios públicos, que esa empresa formaba parte de las preferentes para el Ayuntamiento de Madrid, y que el empresario responsable de la empresa organizadora es amigo personal del concejal Miguel Ángel Villanueva (algo que éste negó). Eso, de entrada, da lugar a pensar que hubo irregularidades y negligencias que deben ser investigadas.
Hay una vertiente política derivada de esta tragedia que se centra en dos aspectos: las posibles responsabilidades en lo ocurrido, por posible ausencia de un mayor control y un respeto a lo que dice la propia ley, y la gestión de la tragedia. Por lo primero es por lo que está imputado Pedro Calvo. Que algo así ocurra en un espacio de titularidad municipal invita a preguntarse por responsabilidades del Ayuntamiento. No vale escurrir el bulto echando la culpa de todo a la empresa organizadora. Pero es que además hay indicios de que Miguel Ángel Flores, gerente de la empresa organizadora Diviertt, podría recibir un trato de favor por parte del Ayuntamiento. Si a eso se suma que, en un primer momento, la reacción del consistorio madrileño fue creerse a pies juntillas la versión de la empresa y dar por buena sus explicaciones, hay motivos para entrar al fondo de la cuestión y esclarecer lo ocurrido.
La gestión de la tragedia no fue tampoco brillante. La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, optó por prohibir este tipo de eventos, en lugar de poner en el acento en la necesidad de investigar lo que falló en el Madrid Arena. No sólo eso, sino que además se fue a un spa de lujo en Portugal donde no paró de pensar en las víctimas. Naturalmente que en su vida privada puede hacer lo que quiera, sólo faltaría, pero ser alcaldesa de Madrid es algo más que inaugurar obras o hacer visitas a los barrios. Supone asumir responsabilidades, dar la cara y actuar con sensibilidad. Lo que demuestra el viaje a Portugal de la alcaldesa no es otra cosa que una falta total de empatía, una enorme torpeza y un profundo desconocimiento de lo que debe hacer un responsable político en este tipo de situaciones.
En el terreno político se deben depurar responsabilidades sobre las posibles irregularidades en el trato dado a esta empresa, en el control del Madrid Arena y en todo lo que la actuación de los responsables municipales pudo ser fallida. Lo ocurrido debe quedar totalmente esclarecido y los responsables, por acción u omisión, deben responder ante la Justicia. Otra cosa es la guerra política abierta dentro del PP de Madrid o los réditos partidistas que de esta respuesta a la tragedia quieren hacer los partidos de la oposición. Pero eso es harina de otro costal. Lo realmente importante es que se aclare lo sucedido en el Madrid Arena donde murieron cuatro jóvenes, que se determine qué falló y que se pongan medidas para que cosas así no puedan volver a ocurrir. Las instituciones públicas no están para juzgar moralmente a nadie, sino para garantizar el cumplimiento de la ley. Los asistentes a esa fiesta, como cualquier otro ciudadano, merecían que alguien respondiera por su seguridad. Presuntamente, un tipo sin escrúpulos hizo dinero a costa de superar sobradamente el aforo y de poner en riesgo la seguridad de los asistentes ante la desidia de las autoridades municipales.
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