Joaquím Almunia, comisario europeo de la Competencia, ha anunciado esa mañana el plan de reestructuración de las cuatro entidades financieras españolas que requerirán una ayuda pública de 36.965 millones de euros. Este plan de reestructuración incluye medidas dolorosas y dañinas para los trabajadores de estas entidades (reducción de sus activos un 60%, cierre de apróximadamente la mitad de las oficionas y despido de en torno a 10.000 personas) y también los inversores en participaciones preferentes, que sufrirán una quita elevada de la inversión (del 39% en el caso de Bankia).
El proceso de reestructuración de BFA-Bankia, NovaGalicia Banco, Cataluña Banc y Banco de Valencia (comprada por La Caixa Bank, según supimos ayer) durará cinco años, hasta 2017. Las cajas rescatadas cambiarán por completo a lo largo de este proceso para pasar a estar centrada en su región, dejar de lado negocios de riesgo, como el crédito al sector promotor, y dedicarse al negocio minorista, según ha anunciado el comisario europeo. Almunia ha sido muy duro durante su intervención con las gestores que llevaron a estas entidades a su situación actual, en la que tienen que ser rescatadas con dinero público. Preguntado por los responsables de los despidos que se van a producir en estos bancos, Almunia ha sido rotundo: "son los que gestionaron mal estas entidades. Nos saldría una lista relativamente larga".
Las entidades rescatadas deberán vender sus participaciones industriales. En cuanto a la reducción de un 60% de sus activos, transparasarán 45.000 millones de activos al banco malo con un descuento del 63% para los activos adjudicados (los inmuebles que las entidades han canjeado a los constructores e inmobiliarias a cambio de sus créditos impagados) y de entre el 46% y 54% para los préstamos a promotores. En relación a los inversores que cuentan con participaciones preferentes, Almunia ha confirmado que tendrán fuertes pérdidas, sin concretar cifras (se habla de entre el 40% y el 60%). El dinero que recibirán las entidades rescatadas de fondos europeos se reparte de la siguente forma: 17.960 millones de euros a BFA-Bankia, 9.080 a Cataluña Banc, 5.525 a NovaGalicia y 4.500 a Banco de Valencia.
La dirección de BFA-Bankia ya ha anunciado las cifras de su plan de reestructuración por exigencias de Bruselas. Lo ha hecho su consejero delegado, José Ignacio Goirigolzarri, que ha dicho: "me voy a dejar la vida". De momento, muchos empleados de la entidad se van a dejar el puesto de trabajo. En concreto, 6.000 personas, un 28% de su plantilla. Además, cerrará 1. 117 oficinas, el 39% del total. Según ha explicado, el ajuste de plantilla no implicará necesariamente el despido de todos los afectados por el plan, pues se podría incluir en un plan de venta de negocios. Por otro lado, también por exigencias de Bruselas a cambio del rescate, la entidad venderá sus participaciones en negocios no bancarios: el 15% que controla en Mapfre o el 12% de IAG (matriz de Iberia y British Airways). También de su filial en Miami, City National Bank of Florida. Goirigolzarri asegura que "es un plan viable que conducirá a Bankia a ser referencia en la banca española".
Todas estas noticias, fruto de la mala gestión de las direcciones en los últimos años de estas entidades, las conocemos, precisamente, cuando alguno de los responsables de las extintas cajas comparecen en la subcomisión del Congreso destinada a analizar la reestructuración del sector financiero español y con la comparecencia de varios imputados en el juicio contra la anterior cúpula de BFA-Bankia. Los primeros, como Miguel Blesa, dicen que todo se hizo correctamente. Que nadie se equivocó en nada. Hasta se permiten el lujo de hablar de campañas de desprestigio, como el ex presidente de Caja Castilla la Mancha, Juan Pedro Hernández Moltó. Los segundos, los que fomaban parte del consejo de administración de BFA-Bankia, reconocen sus escasos conociminentos financieros y niegan que supieran que algo iba mal antes de que saltara a la luz pública el agujero que tenía la entidad. En resumen, que sin hacer nadie mal su trabajo, sin que exista responsabilidad alguno de nadie, cerca de 10.000 personas van a ser despedidas, miles de inversores van a perder parte de su dinero invertido en preferentes y cuatro entidades necesitan ser rescatadas con dinero europeo para sobrevivir. Mientras, esa sensación de que nos toman por tontos y la exigencia de que los responsables de este estropicio respondan por sus errores por una elemental necesidad de justicia.
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