Segunda día de huelga de los profesionales de la Sanidad madrileña en protesta contra las nuevas medidas aprobadas por el gobierno regional. 75.000 trabajadores están llamados a secundar la protesta. Según los sindicatos convocantes, el respaldo es mayoritario (superior al 85%), mientras que el gobierno autonómico lo sitúa en torno al 20%. La clásica guerra de cifras. Las posturas no pueden estar más distanciadas, ya que si escuchas hablar a unos y otros ni siquiera paracen estar hablando de lo mismo. Para Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, no existe la privatización de la que hablan los convocantes de la huelga. Asegura que están mintiendo a los ciudadanos.
Hay que intentar superar esta guerra de cifras y distanciarse de este choque frontal de ideas sobre una misma realidad, sobre una misma modificación legal aprobada por la Comunidad de Madrid, para intentar comprender qué está pasando en la sanidad madrileña. En primer lugar, el grado de movilización de los profesionales sanitarios es muy alto y negarlo es hacer oídos sordos a la realidad. El pasado domingo 18 de noviembre pudimos comprobarlo en la numerosa manifestación en defensa de la Sanidad pública y contra las nuevas medidas del gobierno. Hay encierros en hospitales y centros de salud, respaldan estas protestas asociaciones de médicos, enfermeros y otros trabajadores del ámbito de la Sanidad, se han creado plataformas ciudadanas en defensa de la Sanidad pública. Negar que hay un muy numeroso sector de ciudadanos y profesionales descontentos con las intenciones del gobierno regional no parece una opción válida ni responsable.
Por lo tanto, sí hay un un respaldo notable a las protestas contra las medidas del gobierno de González. No sé si el seguimiento de la huelga es el que dan los convocantes, pero parece evidente que está muy lejos del 20% que da la Comunidad. En este primer punto, que no deja de ser la ya habitual batalla de cifras en este tipo de protestas, parece claro que el gobierno regional está intentando minimizar la respuesta a sus planes para la Sanidad.
¿Dicen la verdad los convocantes o no existe tal plan de privatización? El presidente de la Comunidad asegura que los convocantes de la protesta están actuando de forma irresponsable y están engañando a la sociedad. El discurso del gobierno regional, expresado en el vídeo del PP de Madrid que ayer corrió como la pólvora por Internet, es que se toman estas medidas para preservar el mantenimiento y la sostenibilidad del servicio público de Sanidad. Los contrarios a las medidas señalan que con ellas se abre la puerta a la privatización de los nuevos hospitales y también a la entrada de gestores privados en centros ambulatorios.
El plan de medidas de garantía de la sostenibilidad del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid, que se aprobó como parte de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2013, está detrás de esta polémica. Tampoco cuesta tanto leerlo y sacar nuestras propias conclusiones. En ese plan se plantea la necesidad de hacer sostenible el sistema sanitario y se fijan cuatro grandes objetivos: ahorrar, mantener la calidad asistencial, mejorar la eficiencia, diseñas estratégicamente los recursos humanos y corresponsabilizar a todos los que trabajan en el sistema. Son palabras textuales del plan de la Comunidad de Madrid que está colgado en la web.
En las medidas, la primera que se anuncia es clara (eufemismos aparte): "externalización de la actividad sanitaria en 6 hospitales, utilizando el módelo de concesión". Es decir, privatización de la gestión de esos centros. Son el Infanta Leonor de Vallecas, el Infanta Cristina, el Hospital del Henares, el Hospital del Sureste y el Hospital del Tajo. Además, en el documento se señala que se ha comprobado que el modelo de concesión es más eficiente. Es decir, que funciona mejor, a juicio del gobierno autonómico de Madrid, la gestión de hospitales en manos privadas que en manos públicas. El segundo punto, también traduciendo dle lenguaje eufemístico de los políticos al real, es claro igualmente: "concesión de la prestación de asistencia sanitaria de Atención Primaria de un 10% de los Centros de Salud, dando prioridad en su gestión a la participación de los profesionales sanitarios que quieran constituir sociedades".
Siguiendo con las "externalizaciones", también se privatizan los servicios no sanitarios como lavandería, cocina o mantenimiento. El documento incluye los planes de tranformas La Princesa en un centro especializado para personas mayores, que en parte se ha echado atrás gracias a la enorme movilización social y sanitaria contra esta medida. También se habla de transformar el "Hospital Carlos III en un hospital de estancia media". Después se añaden medidas para reducir el gasto farmacéutico, donde se incluye el euro por receta o el retraso en la apertura del Hospital de Collado Villalba hasta finales de 2013.
El punto cuarto del plan de racionalización del gasto afecta a las condiciones laborales de los trabajadores sanitarios, con cambios en su jornada laboral (la actividad hospitalaria por la tarde dejará de ser considerada una jornada extraordinaria) o la "concentración de laboratorios para aprovechar economías de escala". Son once páginas de nada, no cuesta tanto leerla. El presidente autonómico acusa a los que protestan contra estas medidas de engañar a los ciudadanos. Convendría que todos los madrileños leyeran este documento y ellos mismos interpreten si, por ejemplo, la "externalización de la gestión de servicios sanitarios de seis hospitales" es o no una privatización.
El empeño de los profesionales sanitarios es que los ciudadanos entiendan que este problema les afecta a ellos directamente como pacientes, que no es una legítima protesta sectorial, sino la defensa de un derecho universal de todas las personas. Convendría un debate sosegado y pausado entre ambas partes, gobierno y profesionales, superando la abismal distancia actual. De momento, se puede empezar por hablar claro y llamar las cosas por su nombre.
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