El final de ETA

La llamada Comisión de Verificación Internacional del final de ETA anunció estos días una supuesta oferta de la banda terrorista según la cual los asesinos están dispuestos a "negociar" el desarme y el futuro de sus presos. La semana pasada el ministro del Interior, Jorge Fernádez Días, anunció un plan re reinserción individual para presos terroristas que facilitaría el acercamiento a cárceles vascas de miembros de ETA que estén dispuestos a desvincularse de la banda y rechazar su pasado de violencia. Las víctimas del terrorismo han criticado duramente ese plan y en el terreno político sólo UPyD y la izquierda abertzale, por motivos opuestos, han rechazado también la medida del gobierno que se interpreta como un gesto del ejecutivo, un movimiento seis meses después del anuncio del final de la violencia etarra.

Ahora este grupo de verifacores internacionales vuelven a salir a la palestra para ratificar el cese definitivo de la violencia terrorista y para expresar un mensaje de la banda que pide al gobienro negociar el desarme y la cuestión de sus presos. El ministro del Interior ha respondido afirmando que el ejecutivo no reconoce ninguna legitimidad a esta Comisión Internacional y que el gobierno no necesita verificadores para comprobar si ETA está cumpliendo o no el anunciado cese de la violencia. Fernández Díaz también ha dejado claro que el gobierno no tiene ninguna intención de negociar nada con la banda terrorista. Pidió a los criminales la disolución definitiva de ETA. El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha mostrado su apoyo al gobierno en materia antiterrorista. En todo caso, el debate político está abierto y algunas de las voces que se escuchan pidiendo atender a esta petición de la banda llegan desde el PSE. No tengo dudas de que hay sectores dentro de los socialistas vascos que consideran que el gobierno debe estudiar dar un paso en este tiempo del final del terrorismo. El PNV pide también al gobierno central que establezca canales no oficiales de comunicación con ETA.

Son varias cuestiones las que se abren en este caso. Hay una discrepancia de origen a la hora de abordar el final de ETA. Hay quienes piensan que no hay nada que gestionar y que el gobierno no tiene que variar en nada su posición, puesto que se trata de una banda criminal que deberá rendir cuentas ante la justicia sin recibir ningún trato distinto al de otros delincuentes. Otros creen que se abre un tiempo nuevo y que el gobierno debe dar pasos para consolidar el final del terrorismo, y eso pasa por la cuestión de los presos. Es, como digo, un primer choque de pareceres. Por eso la medida anunciada por el ministerio del Interior sobre los presos terroristas y el nuevo plan de reinserción provocó valoraciones enfrentadas. Las víctimas del terrorismo, UPyD y algunos sectores del PP vasco (con Mator Oreja a la cabeza) han rechazado este plan. Argumentan que ETA no ha desaparecido y que con el plan se les otorga un trato de favor inaceptable. Hay quien, como Rosa Díez, ha utilizado la palabra "traición" para definir la actitud del gobierno. Sin embargo, desde el PSE y el PNV se ha aplauido la medida como un paso en la buena dirección, ya que interpretan que el gobierno tenía que mover ficha en este nuevo escenario. Y luego están los que, como la izquierda abertzale o incluso Izquierda Unida, dicen que ese plan es insuficiente.

Con el plan de reinserción el gobierno recibió críticas desde casi todas partes, aunque también elogios de quienes piensan que el ejecutivo debe saber gestionar bien el final del terrorismo. La política penitenciaria forma parte de la política antiterrorista y es el único asunto en el que realmente el gobierno puede moverse algo. Ojo, entiéndase el término. No hablo de amnistías o de aflojar la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o de la justicia. En absoluto. Hablo de acercamiento de presos y gestos con los reclusos enfermos. No tiene el gobierno ningún margen de maniobra más ni nada más que hablar con ETA. Los terroristas querrán negociar una serie de cuestiones políticas que, naturalmente, bajo ningún concepto deberán ser hablados con ellos. Ni siquiera el gobierno debe negociar sobre la situación de los presos. Creo que lo inteligente y acertado es no hacer ningún movimiento hasta que ETA no dé un paso más. Sucede que la banda terrorista ha decidido, según parece, no hacer ningún movimiento hasta que el gobierno no de un paso más. Y en ésas estamos.

¿Debe el gobierno negociar con ETA? ¿Debe escuchar a la comisión de verificadores? ¿Debe establecer contactos informales con la banda? Supongo que, en efecto, tal y como dice el ministro de Interior al gobierno no le hace falta ninguna Comisión Internacional para verificar si ETA cumple el cese de la violencia o para saber cómo respira la banda. Esta Comisión de Verificación Internacional ha recibido duras críticas de algunos sectores políticos y, por contra, es tratada como una voz cualificada en otros ambientes. Yo no les niego la buena voluntad, pero tampoco niego la evidencia: es una Comisión próxima a la izquierda abertzale, que no ha hablado con las víctimas y que "recomienda" a los terroristas no llevar pistolas, pero que presentan como algo normal que las lleven para "proteger su seguridad y no para provocar actos de violencia". No me gusta este grupo, sinceramente. Supongo que estarán haciendo el agosto y, aunque no tengo por qué pensar mal de nadie, creo sencillamente que no son necesarios. No demonizaré a la Comisión, pero tampoco les miraré como a grandes hombres que trabajan por la paz en Euskadi, entre otras cosas porque en sus discursos aprecio muchos rasgos del lenguaje y de la visión desvirtuada de la realidad que tiene la izquierda abertzale. Creo que forman parte del decorado de este grupo político, que no son más que una forma de darle al "conflicto", como ellos lo llaman, un carácter internacional y de legitimar su agenda y sus planes. Yo no veo en esta Comisión la independencia y pluralidad necesaria para hacer una labor en el final de ETA.

Es una cuestión muy compleja y no tengo claro qué debería hacer el gobierno. Desde luego, tengo claro que estamos hablando de un grupo de criminales a los que no les tenemos que ofrecer nada en señal de agradecimiento porque dejen de matarnos. Pero pienso también que el gobierno sí ha de llevar a cabo una gestión de este nuevo tiempo que no pase por hacer concesiones a la banda, pero que sí esté dispuesta a ciertos cambios en la política penintenciara que ayuden a asentar el final del terrorismo y que, esto es importante, están recogidos en la ley (no incumplirá ninguna ley el gbierno si modifica algo su política en relación a los presos etarras). De entrada, que el gobierno se siente a negociar con ETA no me parece bien. Soy de los que piensa que un gobierno no tiene nada que negociar con una banda terrorista. Además, si estamos afirmando que la democrcia ha vencido a ETA, ¿qué sentido tiene que nos sentemos a negociar algo con ellos? Aquí quien tiene que dar pasos es ETA y los que han estado bajo su paraguas todos estos años. Ellos son los que deben cambiar, porque ellos son los que han provocado mucho daño y mucho sufrimiento. La izquierda abertzale es la que debe moverse hacia la democracia, no la democracia hacia ellos. En todo caso, creo que es una cuestión muy delicada y no es una labor sencilla la que toca al gobierno. Será bienvenido que se mantenga el consenso en materia antiterrorista y no se convierta en tema de batalla política. Nuestras discrepancias en este asunto es mejor no airearlas en exceso, porque la unidad de los demócratas es un instrumento imprescindible en el final de ETA.

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