Desde comienzos de verano llevamos aventurando que se avecina un otoño caliente, que cuando llegara septiembre la crisis daría una vuelta de tuerca más y nos apretaría a todos de forma más irrespirable por la subida del IVA. Pues septiembre está aquí. Llegó el mes en el que subirán los precios, en el que varios sectores temen empezar a escribir su acta de defunción, al menos su testamento, y en el que también se aplicarán otras medidas de gran impacto social, y sobre todo ético y moral, como la eliminación de la asistencia sanitaria gratuita a los inmigrantes en situación irregular. En fin, el mes de caos y destrucción ha llegado.
Además ayer el gobierno anunció una nueva reforma financiera. Se retoma completamente la actividad política y económica. Siempre mirando a Bruselas, porque la situación de la Unión Europea sigue siendo francamente incierta y, como temíamos, los acuerdos de aquella Cumbre de junio en la que se tomaron importantes decisiones no se han puesto en marcha. La salida de Grecia del euro sigue estando presente como una opción real, la presión sobre la deuda soberana de España e Italia sigue siendo elevada con unas primas de riesgo insostenibles. Pretendo hacer aquí un panorama general de la situación en la que estamos en España, pero para ello es importante mirar a Europa y ver una vez más la peligrosa parálisis en la que se halla la UE.
España está en un impás que no sabemos lo que durará y en el que no terminar de creernos al gobierno cuando dice que no se ha planteado pedir un rescate total a la economía española, al que se daría un formato y hasta un nombre distinto para intentar presentarlo de forma más suave, se habla de rescate light. Rajoy dice que no ha comenzado las negocaciones para un rescate a España, pero tampoco descarta que vaya a pedir ayuda a las autoridades comunitarias. Mientras tanto, el BCE continúa con ese papel inactivo que tan poco comprensible parece en los países en apuros del sur de Europa y tan sensato y ajustado a sus estatuos juzgan Alemania y sus socios.
Si un país necesita ayuda, que a pida, vino a decir Mario Draghi en su última intervención pública. Hace unos días publicó un artículo en un semanario alemán en e que hablaba de la importancia de que Alemania sea el motor que sostenga la unión monetaria, en el que defendió al euro y en el que dijo que el organismo que él preside está dispuesto a tomar medidas excepcionales si las cirscuntancias asó lo requieren para proteger a la moneda única. Pero de comprar deuda nada se habla. O mejor dicho, lo que se habla de ello en Alemania no es favorable a esa opción. El Bundesbank, el banco central alemán, cree que si se generaliza la compra de deuda soberana de países en apuros por parte del BCE para aflojar la presión de los mercados, al final esta acción se convertirá en una droga que genera adicción para los países que reciben la ayuda.
Por un lado, como digo, está esta especie de guerra fría, de partida de póquer, de pulso prolongado que juega el gobierno con las autoridades europeas. Rajoy ha empezado el curso con una intensa agenda europea. No queda otra. Se ha reunido con el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy y con el presidente francés, Fraçois Hollande. Tiene previsto verse las caras próximamente con Angela Merkel. Por su parte, la canciller alemana también se está reuniendo con dirigentes europeos para hablar sobre la crisis de la eurozona. En medio de estos movimientos a varias bandas, sigue jugando un papel clave Grecia. Se les exige mantener el plazo de los ajustes acordados y nadie se ha mostrado dispuesto a ceder lo más mínimo a la petición de Andonis Samarás, primer ministro griego, de prolongar algo esos plazos para cumplir sus objetivos. Por aquello de no ahogar más a la población griega. No es serio renegociar las condiciones del segundo rescate meses después de acordarlas, dicen las autoridades comunitarias, insensibles a otras consideraciones.
Grecia está en el centro del tablero y España en una situación difícil de definir. Se dice que los mercados dar por descontado que España será rescatada y de hecho la mayoría de los analistas económicos que leemos en los medios de comunicación se apuntan a esta tesis. Es todo cuestión de tiempo y de pactar las condiciones, según la mayoría de los expertos. Pero estamos en esa espera incierta. Las reuniones bilaterales no dan resultado, los acuerdos de las Cumbres no se ponen en marcha y las dudas sobre la zona euro, consecuentemente, siguen ahí. Rajoy pide a todo el mundo que se acelere la unión fiscal, económica y bancaria, es decir, que se apliquen los acuerdos de la última Cumbre. De momento la UE sigue fiel a sí misma, es decir, se toma su tiempo que rara vez coincide con las necesidades y urgencias reales.
El escenario europeo es sólo una parte del panorama con el que abrimos el curso. Como decía al comienzo de la entrada, hoy entran en vigor varias medidas que afectarán al día a día de los españoles. Por un lado, desde hoy sube el IVA. Es un galimatías, porque muchos productos pasan de un tipo de tributación a otro, pero digamos que sólo se mantendrá el IVA de los productos considerados de primera necesidad, que seguirá en el 4%. Del 8% al 10% sube el tipo reducido y del 18% al 21% el general. Esto supondrá una subida generalizada de los precios que hará más empinada la cuesta de septiembre.
Hay algunos casos especialmente sangrantes como el del sector del ocio (cine, teatro, conciertos) que pasan del 8% al 21%. El mundo de la cultura teme que esta medida sea una estocada mortal al sector. Nos tememos que los efectos pueden ser muy dañinos. El motivo por el que un gobierno sube impuestos es, naturalmente, aumentar la recaudación. De ahí a que finalmente logre ese incremento que prevé va un trecho larga. Tan largo como disparatado es suponer que la gente no va a dejar de comprar aquello que no considere imprescindible y que el consumo no va a bajar de forma notable provocando un efecto negativo y contrario al deseado, llevando a comercios y algunos sectores a una situación terminal y deprimiendo aún más a la sociedad.
En el ámbito sanitario también entran hoy en vigor una serie de novedades que cambian las reglas de juego, como ha sucedido en tantos otros terrenos, que tenía hasta ahora el Sistema Nacional de Salud. Más de 400 fármacos de dolencias menores dejarán de estar subvencionadas por la Seguridad Social y se tendrá que pagar su importe íntegro. Es una de las medidas que se han tomado en el Ministerio de Sanidad para garantizar la sostenibilidad del sistema, según dice Ana Mato. Pero el punto central de esta reforma sanitaria, el más injusto y doloroso es el que afecta a los inmigrantes en situación irregular, que algunos llaman ilegales como si la eventual condición de tener un papelito o no fuera suficiente como para catalagor de este modo a las personas.
Como la situación económica es tan mala y como el gasto sanitario es tan elevado (pese a que en relación al PIB es inferior que en muchos otros países de nuestro entorno), el gobierno ha pensado que debe retirar la asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles. Y por eso desde hoy retira la tarjeta sanitaria a más de 900.000 personas. 1.500 millones de euros pretender ahorrar. Vivimos en un tiempo en el que todo se mide en dinero. Así, el drama que supondrá esta situación para todas esas personas, la tremenda injusticia que se está cometiendo, la falta de humanidad de la medida y las muchas otras consecuencias negativas de este cambio legal quedan en un segundo plano. Porque se ahorrarán 1.500 millones de euros, o eso dicen, y al lado de eso no hay argumentos éticos o de la más elemental decencia o humanidad que valgan.
Desde hoy, los inmigrantes en situación irregular sólo serán atendidos en urgencias y sólo se mantendrá la asistencia como hasta el momento en la atención a menores y embarazadas. Cada Comunidad Autóma decidirá cómo aplica la medida, de hecho hay varias que se han rebelado y piensan mantener el modelo. El gobierno no para de repetir que nadie quedará sin prestación. Sólo que tendrán que pagar por ella y buscar por su cuenta mecanismos para recibir la atención. Creo que el ejecutivo no ha medido bien las consecuencias que puede traer una medida como ésta. Casos de personas sin recursos médicos que no podrán costearse tratamientos médicos necesarios, de familias que a partir de hoy vivirán en una situación desoladora y dramática porque, al azote de la crisis, se sumará la falta de humanidad y sensibilidad del gobierno que ha tenido la brillante idea de ahorrar 1.500 millones de euros retirando la asistencia sanitaria gratuita y universal, esa prestación extravagante de aquella caducada idea del Estado de bienestar.
Creo que no todo vale y con esta medida el gobierno se equivoca. Pienso también que el elaborado e incompleto argumentario que han construído en torno a este decreto sanitario deja bastnte que desear. Han celebrado una ceremonia de la confusión notable mezclándolo todo en el turismo sanitario. Sin duda había que combatir contra ello, pero es soez pretender confundirlo todo y poner en el mismo nivel la atención sanitaria a las personas inmigrantes en situación irregular que trabajan en España y a los guiris que vienen a operarse de todo con subterfugios que han sido estos últimos años un coladero. El gobierno lo mezcla todo porque ¿quién se va a oponer a eliminar este fraude del turismo sanitario?
Sanidad sabe perfectamente que está vendiendo una imagen falsa e incompleta de las personas a las que afectará esta medida. No a los ancianitos alemanes que vienen aquí a operarse a costa del Sistema Nacional de Salud español, sino a los humildes inmigrantes irregulares que luchan por capear el temporal de la crisis, sufren y han hecho por este país tanto como los españoles, pero que viven una vida tremendamente complicada, que pasan penurias para llegar a fin de mes, que aceptan condiciones infrahumanas para cobrar un mísero salario en negro y que, a partir de hoy, perderán la asistencia sanitaria gratuita. Quiero salir de la crisis, pero no al cualquier precio. Hemos perdido muchas cosas con esta coyuntura económica, no perdamos los valores.
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