El primer país que protagonizó la primavera árabe vive momentos de alta tensión desde que este miércoles fue asesinado a tiros el líder opositor laico Chukri Bel Aid. Los partidarios de Bel Aid acusan al partido de gobierno, el islamista moderado An Nahda, de tolerar o no poner freno a actividades violantes de grupos islamistas radicales. Algunos familiares y amigos del asesinado incluso señalaron directamente al gobierno, cuanto menos por no garantizar la seguridad del líder opositor. Las manifestaciones y enfrentamientos violentos en las calles se suceden desde entonces. Hoy es un día duro de nuevo, pues tendrá lugar el funeral de Bel Aid y las fuerzas laicas de oposición, junto al principal sindicato del país, UGTT, han convocado una jornada de huelga general.
La respuesta del primer ministro ante el grave suceso de la muerte del opositor Bel Aid, uno de los más críticos con el gobierno tunecino, fue rápida con el fin de intentar frenar la escalada de violencia e incertidumbre que el asesinado ha provocado en el país. Hamdi Yabali condenó el asesinato, dijo que no sólo era contra el partido laico opositor que lideraba Bel Aid, sino contra todo el país y anunció la formación de un gobierno de concentración nacional formado por tecnócratas. El objetivo claro era calmar los ánimos y lograr unidad y estabilidad en estos duros momentos. La oposición pide elecciones anticipadas de forma urgente y hasta el partido de gobierno, An Nahda, rechaza la oferta del primer ministro de formar este gobierno de unidad.
La tensión es máxima en un país que, dos años después del derrocamiento del dictador Ben Ali, está en camino de construir un nuevo Estado. Tras las primeras elecciones libres en Túnez, el poder quedó en manos de islamistas moderados. Los debates que se desarrollan últimamente para la aprobación de una Constitución nacional se centran en cierta forma precisamente en el papel de la religión en las normas y la construcción política del país. Chukri Bel Aid lideraba un partido laico de izquierdas muy crítico con el gobierno de An Nahda y que había alertado en múltilples ocasiones sobre la inacción de las autoridades ante las milicias islamistas radicales que perpetran actos de violencia. Uno de esos grupos podría haber acabado con su vida. Las sospechas son varias.
Los partidarios del asesinado señalan directamente al partido del gobierno, muy especialmente a alguno de sus miembros. Por otro lado, las formaciones islamistas radicales presionan al gobierno para tener más peso en el ejecutivo. La oferta de formar un gobierno de concentración nacional parece cargada de buenas intenciones y sensatez en un momento de elevada tensión. Pero también es claro que tiene pocos visos de triunfar, cuando ni siquiera el partido de gobierno apoya este planteamiento de su primer ministro e incluso insinúa la conveniencia de su marcha. Si el asesinato tenía como finalidad desestabilizar un país que ya de por sí estaba en una situación frágil y de notable división, parece que su autor lo ha conseguido.
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