Decreto sobre desahucios y parque de viviendas sociales

El Consejo de Ministros aprobó ayer un decreto ley con medidas para paliar los efectos de los desahucios sobre las personas más vulnerables de la sociedad. Finalmente, el ejecutivo y el principal partido de la oposición no han logrado ponerse de acuerdo sobre estas medidas. El PSOE pedía ir más allá de que lo ha terminado aprobando el gobierno en Consejo de Ministros. Entre otras cosas, pedía una reforma de la Ley Hipotecaria que, por el momento, no llegará. Todos los cambios aprobados por el gobierno en asuntos relativos al sector financiero deben recibir el visto bueno de Bruselas, debido al rescate de 100.000 millones de euros para la banca española.
 
Una de las medidas anunciadas ayer es la moratoria de dos años para las familias más vulnerables. Entran dentro de este grupo aquellas familias que no ingresen entre todos sus miembros más de 1.597 euros al mes, que la casa de la que serían desahuciados sea su única vivienda en propiedad, cuando su carga hipotecaria se haya multiplicado, al menos, por un 1,5% en los últimos cuatro años o cuando tuvieran que pagar una cuota de la hipoteca de más de un 50% de sus ingresos netos. Además, han de cumplir alguno de estos requisitos: ser familia numerosa, familia monoparental con dos hijos a su cargo, famila con un menor de tres años, familia al cuidado de una persona con una discapacidad superior al 33% o depedendencia que le imposibilite trabajar, familia que conviva con familiares con discapacidad, familia en la que los deudores estén en paro y hayan agotado su prestación o víctimas de violencia de género.
 
Hay muchas condiciones, como vemos. No se hará tabla rasa ni supone una moratoria general a todos los desahucios. Con estos cambios, se atenderá caso por caso y se buscará proteger a aquellos que estén en una situación especialmente vulnerable y delicada. Las asociaciones de afectados por la hipoteca, a las que hemos de atribuir el gran mérito de provocar estos cambios legislativos y de poner el drama de los desahucios en el centro del debate político y social, han criticado los cambios porque los consideran insuficientes, un parche.
 
Además de la moratoria de dos años para las familias en una situación más delicada, el gobierno aprobó ayer la creación de un parque de viviendas de alquiler social para personas que han sido desahuciadas. La medida busca poner a disposición de estas personas alquileres con una renta "baja y razonable", según explicó ayer la vicepresidente del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Es una medida de gran calado y considero que aún más importante que la moratoria de dos años para las familias más vulnerables.
 
Creo que es una medida muy acertada por tres razones. Primero, porque es una decisión razonable que se veían reclamando estos últimos meses: utilizar esas viviendas que han sido adjudicadas a los bancos por impago (bancos rescatados con dinero público) para dar un alquiler social a los que han perdido sus casas. Segundo, porque si esta medida se aplica correctamente supondrá un alivio enorme para todas las personas que sean deahuciadas, ya que ofrecerá una alternativa social a los afectados. Y tercero, porque esta medida más que ninguna otra muestra esa empatía y esa sensibilidad social ante el sufrimiento de los ciudadanos que echamos en falta a menudo en el gobierno. Eso sí, de este parque de viviendas aún no se han dado detalles concretos sobre quiénes podrán acogerse al plan.
 
Las medidas aprobadas ayer no tendrán carácter retroativo, es decir, no podrán beneficiarse de ellas las personas que ya han sido desahuciadas, aunque cumplan las condiciones establecidas para ello. Tampoco se aprobó ayer una generalización de la dación en pago, como pedían los afectados y grupos políticos de la oposición. El ministro de Economía, Luis De Guindos, aseguró que "las deudas y los intereses hay que devolverlos". Lo que sí hará el gobierno será retocar los umbrales para la aplicación del Código de Buenas Prácticas para las entidades financieras, en el que se recomienda aplicar la dación en pago, pero que es de aplicación voluntaria por parte de los bancos.  

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