El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha archivado hoy la causa contra ocho organizadores de la concentración de protesta "Rodea el Congreso" del pasado 25 de septiembre. En el auto, el magistrado no sólo archiva la causa porque no ve indicios de delito, sino que también da un tirón de orejas notable al Ministerio del Interior y hasta a la clase política española. Entiende que los manifestantes no intentaron asaltar el Congreso ni alteraron el normal funcionamiento de la Cámara. Es un varapalo para el gobierno y, sobre todo, una encendida defensa de la libertad de expresión. Pedir la dimisión del gobierno en pleno está protegido por ese derecho fundamental, recuerdo el juez Pedraz en el auto.
Critica la gravedad de la denuncia presentada por la Policía contra los promotores del 25-S. También pone de relieve que la delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, autorizó la concentración. "La gravedad aventurada por la Policía no era tal", señala el juez Pedraz en el auto. Recoge igualmente que en ningún momento se alteró el normal funcionamiento del Congreso y lanza un ataque directo a la intención de Interior de llevar este caso a la Audiencia Nacional por un posible delito contra las altas instituciones del Estado. Señala que a los agentes de la Policía no les corresponde señalar el posible delito que hayan cometido los detenidos, sino que debe ser el juzgado de instrucción que lleva el caso el que lo haga. En definitiva, rechaza cada uno de los argumentos defendidos por Interior para acusar a los detenidos de delitos contra las altas instituciones del Estado. Ni pretendieron asaltar el Congreso, ni alteraron su funcionamiento ni pedir la dimisión del gobierno y el cambio de sistema político es algo distinto a ejercer el derecho a la libertad de expresión.
Un último apunte sobre el auto y ahora paso a las implicaciones políticas de mismo. Como digo arriba, el juez Santiago Pedraz entra a saco en el asunto que le toca estimar hasta el punto de que critica a la clase política. Cuando defiende que los lemas de la manifestación y sus propósitos están amparados por la libertad de expresión señala que se ha de permitir expresar ideas incluso que pongan en cuestión el marco constitucional. Y añade: "máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política". Esta última alusión directa al descrédito de los políticos no deja de ser chocante en un auto judicial. El juez Pedraz expresa de forma impecable que el derecho a la libertad de expresión ampara manifestaciones como la del 25-S, pero no sólo hace eso sino que añade esta reflexión sobre la situación política actual que, aún compartida por el que esto escribe y por muchos ciudadanos, parece más propia de un artículo de opinión de un periódico que de un auto judicial.
En cualquier caso, el juez Pedraz no deja lugar a dudas. A juicio del magistrado de la Audiencia, gobierno se ha extralimitado, ha sobreactuado en la respuesta a esta concentración. La ha tratado como un riesgo para el sistema democrático actual y ha considerado que ciudadanos que ejercen su derecho a la libertad de expresión y de manifestación estaban cometiendo un delito contra las altas instituciones del Estado. En todo este asunto del 25-S el gobierno ha cometido, desde mi punto de vista, una serie de excesos poco entendibles. En primer lugar, es censurable el empecinamiento de la Policía (del ministerio del Interior) por llevar esta causa a la Audiencia Nacional y acusar a los arrestados de estos graves delitos. El juez Pedraz defiende en su auto una obviedad: que se han de respetar los procedimientos judiciales establecidos.
Como escribí en este blog, ni apoyé, ni entendí ni compartí la convocatoria del 25-S. No me gustaron sus mensajes, no comprendí sus peticiones y no compartí sus formas. Ahora bien, presentarles casi como golpistas que atentan contra el sistema democrático es un error gravísimo, un exceso en el que han caído responsables políticos de primer orden. Supongo que el artículo 494 del Código Penal que prohíbe manifestaciones en las cercanías del Congreso mientras hay pleno y alteren su normal funcionamiento es interpretable. La interpretación del juez Pedraz puede tener, seguro que la tendrá de hecho, una réplica jurídica igualmente bien fundada. Pero parece impecable la argumentación del juez de la Audiencia Nacional y, desde luego, se ha de acatar este auto. Es más, debe hacer reflexionar al ministro del Interior y a la delegada del gobierno en Madrid.
Creo que este auto pone algo de sensatez en este debate. Ojalá ahora se centre en las cuestiones de fondo de la protesta, en el descontento ciudadano y en la necesidad de que la política se acerque a la sociedad. En la manifestación del 25-S que terminó de forma violenta había infiltrados de grupos radicales que reventaron el acto. No creo que nadie puede defender con seriedad que en el espíritu de los convocantes y de los asistentes estaba el provocar actos violentos. Esto no quita para que considere, como considero, muy peligroso el descrédito de la política y este ataque tan frontal al sistema democrático. Pero los primeros que han de dignificar la política son los propios responsables de los partidos con una actitud ejemplar. Un último comentario, es muy posible que ahora el juez Santiago Pedraz se convierta casi en un héroe de un sector de la población. Corre el riesgo de caer en la figura de juez estrella. Pero él ha hecho su trabajo. Y lo ha hecho bien, creo, aunque me chirría su mención a la decadencia de la clase política. Es mucho más de lo que podemos decir de responsables gubernamentales y policiales en estos últimos días en algunas actuaciones dudosas como la de estación de Atocha, por ejemplo, de muy díficil defensa.
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