Se lee mucho estos días que la entrada en prisión de Iñaki Urdangarin, cuñado del rey, es un síntoma de normalidad democrática, como lo es el hecho de que el partido que hasta hace dos semanas estaba en el gobierno esté siendo investigado y condenado en multitud de escándalos de corrupción. Y en parte es verdad, claro. Habla de una independencia judicial que no se da en Estados autoritarios, como con los que de forma chusca algunos independentistas catalanes comparan a España. En parte, desde luego, que el cuñado del rey entre en la cárcel refleja normalidad democrática, pero puestos a elegir, uno preferiría que la familia del rey no aprovechara su posición para hacer negocios ilícitos. Es normalidad, sí, pero una normalidad fea y desagradable.
Ocurre algo parecido cuando se debate sobre el aluvión de escándalos de corrupción que empantanan la actualidad política en España. De un lado están quienes consideran que tal magnitud de "casos aislados" muestra una forma irregular e indecente de hacer política generalizada en España. Del otro, los que prefieren destacar que la mera existencia de esas investigaciones y de esas condenas demuestra el funcionamiento del Estado de derecho en España. Quizá, como casi siempre, la virtud está en el término medio. Ni vivimos en una república bananera, aunque a veces cueste reconocerlo, ni es un motivo de orgullo precisamente la avalancha de escándalos de corrupción que ensucian la credibilidad de nuestra clase política y de las instituciones.
La condena a Iñaki Urdangarin y su entrada en prisión lanzan el mensaje de que no hay nadie intocable en España. Sólo que, quizá, no sea exactamente así. La infanta Cristina, hermana del rey y esposa de Urdangarin, tendrá que pagar una multa por los delitos de su marido, ya que la Justicia considera acreditado que se benefició de los trapicheos ilegales del Instituto Nóos, la organización sinónimo de lucro (Ignacio Escolar dixit) que montó Urdangarin junto a Diego Torres. En un Estado democrático de derecho se puede opinar sobre todo, también sobre sentencias judiciales. Y sigue costando creer que la infanta Cristina, que tenía firma y controlaba al 50% una sociedad con la que Urdangarin blanqueaba sus ganancias irregulares, no supiera nada del asunto. Cuesta más aceptar que la Fiscalía se convirtiera de pronto en defensa de la infanta en el juicio. Se supone que los fiscales están para perseguir delitos, pero con la infanta se dedicaron expresamente a intentar mantener a la hermana del rey libre de toda culpa.
La justicia es igual para todos, o eso queremos pensar, pero Urdangarin no ha estado ni medio minuto en prisión preventiva, mientras que los Jordis, con perdón, llevan ocho meses en la cárcel sin sentencia alguna contra ellos. Y queremos pensar que la justicia es igual para todos, pero parece evidente que el trato recibido por la infanta en la instrucción y el juicio del Caso Nóos no fue exactamente el mismo que habría recibido cualquier hija de vecina. O no lo parece, al menos. Al final, ella solventa con una multa menor este escándalo, mientras que su marido entrará hoy en la cárcel. En cualquier caso, con todos los peros del mundo (y alguno más), es verdad que esta condena es síntoma de normalidad democrática, concretamente, la normalidad fea de una democracia en la que no queda institución libre de la mancha de la corrupción, y en la que es imprescindible no sólo que se investigue cada escándalo, sino, ya que estamos, que se reduzcan al máximo los escándalos. Está genial que se investigue a los delincuentes, pero ya sería la bomba que nos gobernara gente honesta.
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