Los roces entre los dos miembros de la actual coalición de gobierno en Andalucía, PSOE e IU, han acaparado titulares estos últimos días. Las rencillas, al parecer, continúan tras el enfrentamiento entre los dos partidos a cuenta de la ayuda que la consejera de Fomento de IU otorgó saltándose todas las listas de espera a familias en situación de necesidad que habían sido desalojadas de un piso okupado. Sin embargo, estos roces, que a punto estuvieron de hacer saltar por los aires el pacto de gobierno, queda en un segundo plano ante el presunto nuevo escándalo de corrupción que la policía investiga en aquella comunidad y que adelantó ayer El Confidencial. Es una información alarmante que habla de posibles irregularidades entre 2009 y 2011 con una presunta malversación de fondos públicos por valor de 2.000 millones de euros.
Sería un caso de corrupción aún más pestilente y más cuantioso en las cifras que el escándalo de los ERE, donde la cifra presuntamente defraudada se situaría en los 1.350 millones. Siempre según la información que adelantó el citado medio, la Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investiga un fraude masivo en las subvenciones para la formación de desempleados. Los investigadores creen que tuvo que contar, necesariamente, con la connivencia de la Junta de Andalucía. Está en fase inicial la investigación, y por supuesto hay que dejar trabajar a la policía y ver qué decisiones toman después los jueces, pero pinta muy mal. Parece una trama en la que, presuntamente, miembros del gobierno andaluz, empresas y sindicatos iban de la mano para malversar dinero público destino a la formación de los parados.
La Operación Edu, que es como se conoce esta investigación, comenzó hace dos años. Cubriría a toda la comunidad andaluza, pero en esta primera fase las pesquisas se centran en la provincia de Málaga. Los cursos de formación a desempleados para los que se destinó el dinero público jamás llegaron a celebrarse o incumplían los requisitiso para recibir las ayudas, creen los agentes de la UDEF. En la información consta que "la mecánica del presunto fraude habría hecho imprescindible la participación participación de los máximos responsables del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), el organismo encargado de gestionar esta línea de fondos". Esto es así porque las empresas que organizaban los supuestos cursos de formación recibían por adelantado el 75% de las ayudas públicas y el resto, tras el final de los cursos y después de haberse realizado una inspección de la Junta. Inspecciones que o no se realizaron o, en caso de descubrir irregularidades, no obligaron a devolver el dinero ya recibido. Las partidas investigadas ascienden a 3.700 millones de euros de las que, según esta noticia, 2.000 estarían bajo sospecha.
Es un caso grave, muy grave. Partiendo de la base de que se trata de una operación policial y de que aún no ha habido imputaciones de ningún juez, hay que mantener la cautela. Pero eso no quita para que la Junta de Andalucía deba responder públicamente ante tamaño escándalo que pone en muy seria duda la actuación del ejecutivo autonómico entre los años 2009 y 2011, aunque otras informaciones llevan más atrás en el tiempo las posibles irregularidades con estos fondos públicos. El escándalo de los ERE irregulares, no olvidemos, también es de una magnitud enorme y también es un caso particularmente obsceno, ya que presuntamente se destinó dinero para parados de forma irregular y sin control. La Junta de Andalucía queda muy en entredicho. Este nuevo escándalo cubre el final del mandato de Manuel Chaves y el comienzo de José Antonio Griñán, que tuvo que dimitir, aunque lo adornó de otra forma, por la presión del escándalo de los ERE.
Susana Díaz, sustituta de Griñán en el cargo, anunció al tomar posesión del mismo que sería inflexible ante casos de corrupción y que tendría tolerancia cero. Tiene una buena oportunidad en este caso. En primer lugar, colaborando con la policía en las investigaciones y ayudando a esclarecer, si es que puede, este oscuro asunto. Cuesta mucho no hacerse un esquema sobre lo que ha ocurrido en la Junta de Andalucía estos últimos tiempos. Una administración gobernada por el mismo partido durante dos décadas. El escándalo de los ERE y ahora esta nueva investigación encienden todas las alarmas sobre el riesgo de la relajación de los gobiernos cuando un partido está tanto tiempo en el poder, cuando se crea un sistema a su medida, cuando, presuntamente, da cobijo a actitudes presuntamente delictivas. Evidentemente, el PSOE lleva décadas en el gobierno andaluz porque así lo han querido los ciudadanos. Perfectamente legítimo y democrático, sólo faltaría. Pero precisamente por esa confianza que los ciudadanos de Andalucía han mostrado hacia los mismos gobernantes desde tiempos inmemoriales, estos deben ser escrupulosos en el cumplimiento de la ley y ejemplares en el servicio público. No parece que lo hayan sido. Los escándalos de la Junta de Andalucía vendrían a dar la razón al Nobel de Literatura George Bernard Shaw cuando dijo que "los gobiernos y los pañales deben ser cambiados con frecuencia, ambos por la misma razón".
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