La reforma de la Constitución que han pactado PSOE y PP llega hoy al Congreso en el primer paso para su aprobación. Lo que se vota hoy en la Cámara Baja es la toma en consideración de esta propuesta del grupo socialista y del grupo popular. De entre los dos firmantes del acuerdo sobre la reforma constitucional, sin duda la atención mayor estaba centrada en las filas del PSOE, ya que eran varios los dirigentes socialistas que no veían con buenos ojos ni las formas ni el fondo de la reforma. Pues bien, parece que finalmente serán una gran minoría los diputados socialistas que voten en contra de esta reforma de la Carta Magna. En lo que parece una estudiada puesta en escena para dar realce a Rubalcaba, hoy la imagen que se da es que el candidato ha sido capaz de convencer a todos los críticos con esta reforma, empezando tal vez por él mismo.
Eso sí, el debate y la discrepancia existió en las distintas reuniones que ayer tuvieron los dirigentes del PSOE. En primer lugar, se celebró al Ejecutiva federal, más tarde una reunión con líderes regionales y, para concluir, la cita del candidato socialista con los diputados y senadores que serán quienes finalmente tendrán que votar a favor de esta reforma. Pues bien, en la primera de estas citas, el presidente del gobierno (sí, Zapatero sigue ahí aunque no lo parezca) dijo a los suyos que sabía lo complicado que le había resultado a Rubalcaba aceptar esta reforma. Después de esto, el candidato declaró que él no habría actuado de igual modo y que no habría dado los mismos pasos que Zapatero a la hora de impulsar esta reforma. Titula hoy El Mundo que el PSOE presenta a Rubalcaba como víctima de Zapatero. Da la impresión de que los socialistas no tienen el menor inconveniente en presentar a su candidato como el poli bueno, y a su líder durante los últimos años como el poli malo.
En cualquier caso, las capacidades negociadoras y de convencimiento de Rubalcaba quedaron ayer convenientemente realzadas, aunque se tratara de convencer a sus propios compañeros. Dentro del PP no hay voces discrepantes, y si las hay al menos no se escuchan en público. El límite al déficit en la Constitución ha recibido el apoyo unánime de los dirigentes populares. Pero esto no significa que la aprobación de la reforma vaya a contar con un gran consenso en el Congreso. Depende, claro está, de lo que se entienda por gran consenso. Si entendemos que lo es un acuerdo entre los dos partidos mayoritarios, aunque el resto se muestre casi en su totalidad en contra de la medida, sí hablaríamos de un gran consenso, pues PSOE y PP van a apoyar esta reforma. Pero si se busca, que es lo que dijo buscar el presidente Zapatero, un acuerdo más amplio, parece que va a ser bastante más difícil de lograr. Ni CiU, ni PNV, ni BNG, ni IU, ni UPyD están de acuerdo con esta reforma.
Quizás quien con más fuerza se está mostrando contrario a la reforma sea, junto a IU, la coalición catalana CiU, ya que Duran i Lleida declaró ayer que esta reforma supondrá la ruptura del consenso constituyente. IU, como viene diciendo desde el principio de este proceso exprés para reformar la Carta Magna, cree que significará el fin del estado del bienestar. Pero la oposición a la reforma no se queda sólo en el ámbito político. Sindicatos, policías, jueces, consumidores y ecologistas protestan contra esta modificación de la Constitución. CC.OO y UGT han convocado actos de protesta contra la misma, mientras que desde Jueces para la Democracia se muestra contraria a las formas y el fondo de la reforma. Además, las asociaciones de consumidores como FACUA, el Sindicato Unificado de Policía o Ecologistas en Acción muestran también su clara disconformidad con esta reforma. A todos ellos se les suma el 15-M, que reinvindica la celebración de un referéndum.
Con este panorama se llega a la primera gran cita en el Congreso para sacar adelante esta reforma constitucional. Todo hace indicar que hoy el PP y el PSOE, junto a UPN, votarán a favor de la toma en consideración de esta medida, mientras que el resto de partidos mostrará su posición contraria a la reforma. Sobre lo que opinen los ciudadanos, algo que parece importar poco a los dos grandes partidos, la petición de una consulta popular se une a la imagen de prisas e improvisación que está dando este proceso de reforma constitucional. Se nos ha estado diciendo durante años que la Carta Magna es poco menos que algo sacro santo que no se puede cambiar así por así, y ahora llegan exigencias desde fuera de España para cambiarla y los dos principales partidos lo hacen sin requistar y en un tiempo récord.
A los contrarios a esta reforma no les gusta las formas en las que se está haciendo, pero tampoco el fondo de la misma. Algunos creen que supone llevar una ideología determinada a la Constitución, otros que supondrá recortes en políticas sociales y que ata de pies y manos a los gobiernos autonómicos, locales y central. No deja de ser un límite que se ponen a sí mismo los políticos en la Carta Magna. Ayer, preguntado por esta cuestión, el ministro de Trabajo, que también adelantó un mal dato del paro en agosto culpando de ello a los empresarios, declaró que se hace esta reforma para lanzar un mensaje, a los mercados, se entiende. Quizás deberían preocuparse más del mensaje que lanzan a los ciudadanos españoles. En todo caso, con el apoyo de PSOE y PP, esta reforma saldrá adelante de forma rápida, pero eso no significa que no cuente con oposición política y social.
Comentarios